Santo Domingo. La Fundación Prensa y Derecho denunció este jueves que el Indotel emitió una resolución que permitirá a los organismos investigativos acceder a los archivos de llamadas de las compañÃas de servicios telefónicos del paÃs sin orden de un juez, lo que definió como incompatible con la Constitución.
El abogado Namphi RodrÃguez dijo que el Indotel emitió el reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios que buscan instituir un sistema sin control judicial para la persecución de delitos, lo cual representa una “grosera violación” del derecho a la intimidad personal y a la privacidad de las personas.
“El artÃculo 44 de la Constitución, asà como la Convención Americana de Derechos Humanos son muy claros cuando expresan que para la intervención de las comunicaciones privadas de las personas se requiere que haya un proceso judicial abierto y orden de funcionario judicial competente”, advirtió RodrÃguez.
Manifestó que esta situación creará un estado de inhibición general en las telecomunicaciones de la población y consecuentemente la violación a la libertad de expresión, de la dignidad humana y del debido proceso de ley, “todos bienes jurÃdicos tutelados por la Constitución”.
Llamó al Indotel para que en un plazo de una semana derogue el mencionado reglamento, y advirtió que de lo contrario acudirá al Tribunal Constitucional a reclamar la nulidad absoluta de dicho acto.
El abogado Namphi RodrÃguez dijo que el Indotel emitió el reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios que buscan instituir un sistema sin control judicial para la persecución de delitos, lo cual representa una “grosera violación” del derecho a la intimidad personal y a la privacidad de las personas.
“El artÃculo 44 de la Constitución, asà como la Convención Americana de Derechos Humanos son muy claros cuando expresan que para la intervención de las comunicaciones privadas de las personas se requiere que haya un proceso judicial abierto y orden de funcionario judicial competente”, advirtió RodrÃguez.
Manifestó que esta situación creará un estado de inhibición general en las telecomunicaciones de la población y consecuentemente la violación a la libertad de expresión, de la dignidad humana y del debido proceso de ley, “todos bienes jurÃdicos tutelados por la Constitución”.
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