Es imposible
perseguir penalmente a nadie por cometer actos que riñan contra la ética
o la moral, si el legislador no los ha convertido en tipos penales
claramente sancionados.La afirmación está contenida en el auto No.
2013-00265-0-01, mediante el cual la fiscal del Distrito Nacional Yeni
Berenice Reynoso archivó la querella interpuesta por Guillermo Moreno
contra el expresidente Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia
y Desarrollo (Funglode), por prevaricación, perjurio, lavado de
activos, concusión, incremento patrimonial derivado de actividades
ilícitas y mezclarse con asuntos incompatibles con su calidad.
“El planteamiento de si es correcto que el presidente de la República
reciba donaciones de instituciones públicas y privadas para establecer
una fundación, de la que entiende el querellante se beneficia la figura
del querellado y que constituyen actos bochornosos e inaceptables en una
sociedad democrática, son argumentos que la fiscalía no puede tomar en
cuenta, ya que su competencia no incluye investigar y juzgar penalmente
el ámbito de la ética o la moral”, dice el documento.
Agrega que la fiscalía no encontró ninguna actividad de desvío de fondos captados por Funglode en provecho del exmandatario.
“La legislación para tipificar y sancionar delitos es obsoleta, no
facilita la imputación objetiva ni contribuye, en lo referente al marco
legal, a hacer eficiente la persecución contra la corrupción”, indica.
Sería una cobardía
La fiscal agrega que es irrazonable que ante un hecho que no
configura un delito penal alguno acuse, para que sea el juez que tome la
decisión, y luego alegar, “nosotros lo procesamos, fue el juez que lo
liberó, pero más que irrazonable sería un soberano acto de cobardía que
hacen al fiscal indigno de servir en una función tan delicada y que
requiera tanta responsabilidad como la de ser fiscal”.
Explica que una decisión fácil y hasta popular sería dejar una
decisión, que es su responsabilidad, para que la tome un juez. “Hemos
establecido como política de persecución, que si hay caso el fiscal
actúa sin importar quién sea el procesado”, dice. Precisa además que en
algunos de los casos la falta de tipificación se vincula a la falta de
una legislación que lo sancione.
Guillermo acusa a Fernández de crear a Funglode como un instrumento
que le permite manejar recursos económicos. Indica además que entidades
con contrataciones con el gobierno realizaban donaciones a esta entidad.
Moreno pidió a la fiscal que investigara el caso y que proceda a
someter a Fernández a la justicia, por entender que los hechos aludidos
conforman un tipo penal.
Acusó a Moreno de delito bancario
En su
escrito de defensa, el expresidente alega que el querellante y sus
abogados violan el secreto bancario, cometiendo un ilícito penal y
presenta pruebas (copias de cheques), que debían ser descartadas por su
carácter de ilicitud. Sus abogados aseguraron que Fernández no utiliza a
Funglode como fachada para su provecho propio o agenciarse beneficios.
También dicen que es una acusación política, falsa e infundada.