SANTO DOMINGO.- La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del
Distrito Nacional dictó la apertura de un juicio de fondo contra Víctor
Cecilio Contreras Infante, uno de los principales acusados de
un fraude por RD$1,500 millones contra la Dirección General de Impuestos
Internos (DGIII).
La magistrada Elka Reyes tomó la decisión luego de estudiar las pruebas del Ministerio Publico y la DGII, entidad que detectó el delito en el 2010.
Contreras Infante, quien fue asesor tributario de las empresas Consorcio Mata C. por A. y Atlas Marine Caribeean entre los años 2007 y 2010, podría ser condenado hasta 10 años de prisión. Guarda prisión desde hace dos años acusado de estafa, defraudación fiscal, asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, delito de lavado de activos y abuso de confianza.
También están detenidos Lizardo Antonio Mata, Maritza Peña Terrero, Carlos Guerrero Costas (Venezolano), Elsa Mildred Rosario Mejía, Yudelka Núñez y Lourdes Luriano.
En octubre del 2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidió que la solicitud de apertura a juicio del caso sea conocida en el Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, luego de que DGII interpusiera una solicitud de declinatoria contra el Sexto Juzgado, por “la ausencia de garantías para los plazos procesales”.
La magistrada Elka Reyes tomó la decisión luego de estudiar las pruebas del Ministerio Publico y la DGII, entidad que detectó el delito en el 2010.
Contreras Infante, quien fue asesor tributario de las empresas Consorcio Mata C. por A. y Atlas Marine Caribeean entre los años 2007 y 2010, podría ser condenado hasta 10 años de prisión. Guarda prisión desde hace dos años acusado de estafa, defraudación fiscal, asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, delito de lavado de activos y abuso de confianza.
También están detenidos Lizardo Antonio Mata, Maritza Peña Terrero, Carlos Guerrero Costas (Venezolano), Elsa Mildred Rosario Mejía, Yudelka Núñez y Lourdes Luriano.
En octubre del 2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidió que la solicitud de apertura a juicio del caso sea conocida en el Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, luego de que DGII interpusiera una solicitud de declinatoria contra el Sexto Juzgado, por “la ausencia de garantías para los plazos procesales”.