Rafael Santos Finini fue sometido a la justicia por la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) tras una investigación que lo vincula al desmantelamiento de varias torres de la autopista eléctrica 345.
Moisés Ferrer, director de la PGASE, informó al acusado también le fue impuesta una indemnización de RD$ 10 millones de pesos por los daños a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Asimismo, Ferrer declaró sin embargo que apelará la sentencia porque descarga a los demás imputados contra quienes “también tenemos pruebas contundentes de que pusieron en peligro la vida de miles de personas al desmantelar varias torres de transmisión de energía eléctrica en esta provincia”.
Los demás acusados son Javier Rodríguez Rodríguez, Teófilo Núñez Peña, Carlos Manuel Castillo y Julio César Abad López.