Según la referida ley, el funcionario deberá incluir el patrimonio de su esposa en su declaración jurada.
El proyecto advierte que los servidores hayan falseado datos serán sancionados con prisión de uno a dos años y multa de 20 a 40 salarios mínimos.
La nueva ley obliga a los funcionarios a probar el origen lícito de su patrimonio en el momento que le sea requerido por la autoridad competente.
"En caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad competente puede confiscar los bienes", indica el proyecto.
Los funcionarios que resulten responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de cuatro 4 a 10 años de prisión, una multa equivalente al duplo del monto no declarado, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez 10 años.
Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables.
La iniciativa pasará de nuevo al Senado para su estudio y ponderación, luego de las modificaciones introducidas por los diputados..