Ni en sus mejores sueños el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y su equipo negociador hubieran imaginado que el Gobierno argentino, cuya posición de enconamiento alcanzó en determinados momentos una dialéctica belicista, accediese a firmar un acuerdo como el que aprobó el consejo de la petrolera Repsol en Madrid. El consejo de administración de Repsol ha aprobado el acuerdo alcanzado por la delegación técnica de la petrolera con el Gobierno de Argentina que pone fin al conflicto derivado tras la expropiación de YPF en abril de 2012. El pacto se articula con el lanzamiento de 3 emisiones de bonos por un importe conjunto de US$6.500 millones, al margen sus intereses, que permitirán asegurar las garantías financieras para que Repsol cobre los US$5.000 millones pactados preliminarmente por el ministro José Manuel Soria con su colega argentino de Economía, Axel Kicillof, el 25/11/2013.
Bajándose los pantalones, Cristina y Kicillof: "(...) El tratado de paz con el Ejecutivo que preside Cristina Kirchner incluye también la denomina cláusula 'pro-solvendo' en virtud de la cual el Tesoro argentino reconoce en toda circunstancia política y ante cualquier contingencia financiera no sólo el pago de la deuda sino, lo que es más importante, la percepción del cobro por parte del acreedor, en este caso la petrolera que preside Antonio Brufau. Con esta garantía jurídica el interés de la compañía española por monetizar los títulos de deuda en el mercado secundario pasa a un segundo plano, dado que los bonos devengan también un interés financiero que no es nada desdeñable para Repsol. (...)"
La Argentina necesita como agua en el desierto la llegada de divisas e inversiones extranjeras para paliar, al menos parcialmente, el vaciamiento de las arcas públicas.
El país necesita divisas para importar productos energéticos y sueña con inversiones de gigantes internacionales para desarrollar los pozos de gas y petróleo no convencionales de Vaca Muerta, el yacimiento expropiado a Repsol.
El conflicto con Repsol y la crisis monetaria de finales de enero con la cotización del peso por los suelos, la inflación por las nubes y las arcas del Banco Nación bajo mínimos, provocan que los mercados internacionales recuperen la confianza en el país.
Así que Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof autorizaron un acuerdo en el que Repsol sale muy bien parado: han concedido los US$5.000 millones que solicitó el ministro de Industria español, José Manuel Soria, en noviembre de 2013, la paz entre Repsol/España y Argentina está más que sellada.
El consejo de la petrolera aprobó por unanimidad el "Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación" alcanzado con "la República Argentina" por el que la petrolera española recibirá íntegros esos US$5.000 millones (unos 3.700 millones de euros) en compensación por la expropiación, en abril de 2012, del 51% de YPF. Tal y como estaba previsto, serán pagaderos en bonos soberanos a través de tres emisiones de deuda de US$500 millones, US$1.250 millones y US$3.250 millones.
En conjunto será un "paquete fijo por un valor nominal de US$5.000 millones", pero para cubrir el descuento que estos títulos de deuda tengan en los mercados financieros, Argentina ofrece "un paquete complementario, por un importe máximo de US$1.000 millones". En total, US$6.000 millones para que Repsol pueda cobrar, como mínimo, US$4.670 millones independientemente de su valor nominal, tanto si decide por vender los títulos (la opción más probable) como si los conserva hasta su vencimiento.
El tratado de paz con el Ejecutivo que preside Cristina Kirchner incluye también la denomina cláusula 'pro-solvendo' en virtud de la cual el Tesoro argentino reconoce en toda circunstancia política y ante cualquier contingencia financiera no sólo el pago de la deuda sino, lo que es más importante, la percepción del cobro por parte del acreedor, en este caso la petrolera que preside Antonio Brufau. Con esta garantía jurídica el interés de la compañía española por monetizar los títulos de deuda en el mercado secundario pasa a un segundo plano, dado que los bonos devengan también un interés financiero que no es nada desdeñable para Repsol.
Como garantía adicional, Argentina reconoce que, en caso de reestructuración o incumplimiento de pago, Repsol tiene derecho a acelerar la deuda y reclamar en arbitraje internacional todas las cantidades que estén pendientes de pago hasta alcanzar los US$ 5.000 millones previamente establecidos. El organismo elegido para dirimir en dicho supuesto es el Uncitral (Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidos para el Derecho Mercantil Internacional).
El abono del justiprecio por la expropiación de YPF se materializará en todo caso a través de las citadas 3 emisiones paralelas.
> La 1ra., por importe de US$500 millones en bonos con vencimiento a 17/10/2017, a un interés del 7% y procedentes de la propia cartera histórica de deuda de Argentina.
> La 2da., también derivada de bonos antiguos, alcanza los US$1.250 millones, con un interés ordinario del 8,28% más otro capitalizado de US$500 millones adicionales. En este segundo tramo el vencimiento se extiende hasta diciembre de 2033 con amortizaciones a partir de 2024 en veinte cuotas semestrales iguales.
> La 3ra. emisión, por valor de US$3.250 millones, corresponde a bonos específicos destinados a la cobertura del pago a Repsol, con un interés del 8,75% y con un plazo de vencimiento de diez años desde su puesta en circulación. Las amortizaciones en este caso serán anuales del 16,6% del nominal entre los años 5 a 9 y del 16,7% a partir del 10mo. año.
Los US$5.000 millones alcanzan de este modo un principal de US$5.500 millones, pero el acuerdo comprende también una cartera adicional contingente de US$1.000 millones más, distribuidos en 3 paquetes de US$400 millones, US$300 millones y US$300 millones, respectivamente. La efectividad de estos bonos consiste en compensar la eventual devaluación derivada del descuento en los mercados de deuda de la deuda reconocida y cuyo cobro real es lo que se trata de asegurar en el llamado “Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación” firmado por Repsol y la República Argentina.
La multinacional española dispondrá de un margen suficiente para asegurar la percepción gradual del importe que fue acordado a nivel de Gobierno y dispondrá de garantías jurídicas y financieras suficientes para respaldar la conveniencia de rubricar el armisticio. Simultáneamente a la formalización el acuerdo, tanto Repsol como YPF e YPF Gas suscribirán el desistimiento de acciones judiciales, así como una serie de renuncias e indemnidades mutuas.
Pemex
El consejo presidido por Brufau ha decidido también convocar la junta general para el 28/03 con el fin de someter el acuerdo a todos sus accionistas. La fecha prevista para la asamblea anual se adelanta en relación al calendario habitual de otros años y permite también respaldar y blindar la gestión de la compañía antes de la anunciada visita a España del presidente de México, Enrique Peña Nieto.
De esta forma, Repsol intenta apaciguar las tensiones políticas provocadas en más de una ocasión por los dirigentes de Pemex para hacer valer unos especiales derechos de control sobre la petrolera española.
Esta misma semana, el directivo de la multinacional mexicana, Carlos Roa, el mismo que representó a Pemex hace pocos días en los acuerdos con Navantia y la Xunta de Galicia, volvió a insistir en declaraciones publicadas en distintos periódicos españoles sobre la conveniencia de un cambio en la gestión de Repsol.
La indirecta de Pemex viene a incidir en la idea acariciada hace tiempo por su empresa de hacerse con un puesto ejecutivo en la dirección del negocio de su participada española.
En graves problemas de ineficiencia productiva, Pemex tiene solamente 9,4% en Repsol pero quiere asegurar el control de las actividades de exploración y producción, lo que podría inducir a una ruptura estructural de la compañía que preside Brufau.
Precisamente para acabar de una vez por todas con este tipo de tentaciones, el consejo de Repsol ha aprobado una modificación estatutaria orientada a reforzar y la cohesión interna de la compañía española. Los negocios de upstream que pretende Pemex no podrán separarse en la estructura operativa del llamado downstream (refino y comercialización), de manera que Repsol pueda seguir operando como una empresa integral en el mercado global.
Es casi una invitación a Pemex a vender sus acciones en Repsol.
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