Dilma Rousseff tiene un problema serio de pérdida de credibilidad, en especial ante los agentes económicos. Ella acaba de ser reelegida, tal como sucedió con Barack Obama hace 2 años, O con Cristina Fernández de Kirchner, hace 3 años. Pero debería considerear la debilidad de Obama y Cristina hoy día para percibir que la reelección no es una carta en blanco de parte de los electores, y que el voto de los agentes económicos es bien diferente al sufragio en la urna del elector común...
"(...) La descripción de estos desequilibrios le permitiría a la Presidenta iniciar su mandato implementando el programa de ajuste requerido para corregir los desaciertos económicos del gobierno anterior. El inconveniente con el escenario mencionado es que la herencia maldita que se prepara para recibir es la que ella misma ha dejado. Es difícil corregir una política económica que el gobierno insiste en defender como la que le conviene al Brasil. Adicionalmente, en el transcurso de la reciente campaña electoral contra el candidato del PSDB, Aecio Neves, el partido de gobierno utilizó un discurso tendiente a identificar el concepto de ajuste con un atentado contra el bienestar social. La propuesta de la oposición de garantizar la independencia del banco central fue rechazada como una conspiración plutocrática, a expensas de la comida de las familias pobres. La disyuntiva del gobierno para los próximos cuatro años es echar por la borda su programa electoral, como requisito para recuperar la credibilidad, o prolongar la mediocridad económica conservando el esquema vigente. (...)"
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA) brasilero subió 0,42% en octubre, después de haber aumentado 0,57% en septiembre, según informó el Instituto Brasilero de Geografía y Estadísticas (IBGE). En octubre de 2013, el IPCA había crecido 0,57%.
El problema (y que no es menor, tal como se encuentra planteada la economía brasilera) consiste en que el acumulado de los 12 meses anteriores arrojan un incremento del 6,59% para el IPCA cuando el techo de inflación prometida por el Ejecutivo federal era de 6,5%.
En términos de lo que ocurre en la Argentina, no sería un problema: la inferior anual de Brasil equivale a la trimestral de la economía argentina. Pero Brasil tiene objetivos de expansión monetaria vinculados a la inflación, y eso lo complica todo. Luego, hay una cuestión de expectativas. Y de compromiso incumplido por el ministro saliente Guido Mantega.
La reelegida presidenta Dilma Rousseff promete que cumplirá con el reclamo de los agentes económicos, pero la verdad es que no lo está haciendo.
En ese contexto el real brasileño cayó 1,8% el jueves 06/11, en la 5ta. baja consecutiva, alcanzando su nivel mínimo desde abril de 2005, al cotizar a 2,56 unidades por dólar.
Según los analistas del mercado la debilidad de la moneda de Brasil refleja la incertidumbre sobre el futuro de la política económica de la presidenta Dilma Rousseff: perdió más de 6% de su valor en 5 sesiones.
En tanto, Dilma sigue prometiendo. En una entrevista con 8 periodistas de la prensa gráfica, ella afirmó que su gobierno "hará los deberes" para combatir la inflación.
"Vamos a tener que apretar el control de la inflación", dijo ella. Y agregó que no pretende cambiar la meta de inflación, que es de 4,5% anual, con tolerancia de 2 puntos porcentuales +/-. Así se llega al 6,5%, que acaba de superar la economía brasilera.
También dijo que hará recortes de gastos: "Siempre habrá gastos para cortar".
En su discurso de posesión para el próximo periodo presidencial, Dilma Rousseff tendría motivos suficientes para anunciar que recibe una herencia maldita. La economía se encuentra al borde de la parálisis. El crecimiento del PIB en 2014 de 0,3%, equivale a la cuarta parte del crecimiento esperado para América Latina. El incremento del orden de 6.5% en el índice de precios al consumidor subestima el nivel de la inflación, a causa del control gubernamental de los precios de la gasolina y de la energía eléctrica, así como la represión de la tasa de cambio. El ritmo de inversión está cayendo. El tamaño del déficit fiscal y un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos en exceso de US$ 80.000 millones colocan al país en riesgo de perder el grado de inversión.
La descripción de estos desequilibrios le permitiría a la Presidenta iniciar su mandato implementando el programa de ajuste requerido para corregir los desaciertos económicos del gobierno anterior. El inconveniente con el escenario mencionado es que la herencia maldita que se prepara para recibir es la que ella misma ha dejado. Es difícil corregir una política económica que el gobierno insiste en defender como la que le conviene al Brasil. Adicionalmente, en el transcurso de la reciente campaña electoral contra el candidato del PSDB, Aecio Neves, el partido de gobierno utilizó un discurso tendiente a identificar el concepto de ajuste con un atentado contra el bienestar social. La propuesta de la oposición de garantizar la independencia del banco central fue rechazada como una conspiración plutocrática, a expensas de la comida de las familias pobres. La disyuntiva del gobierno para los próximos cuatro años es echar por la borda su programa electoral, como requisito para recuperar la credibilidad, o prolongar la mediocridad económica conservando el esquema vigente.
Otro aspecto de la herencia que debe recibirse con beneficio de inventario es el que se refiere a las relaciones de Brasil con los demás países latinoamericanos. Tanto el presidente Lula como la presidenta Rousseff le delegaron el manejo de las relaciones regionales al sector más radical de su partido, el PT. El representante emblemático de ese sector es Marco Aurélio García, un personaje de extrema izquierda, quien ha desempeñado el cargo de Asesor Especial para la Presidencia de la República. Explica su estrategia así: “Tenemos que dar la impresión de que somos demócratas. Inicialmente, tenemos que aceptar ciertas cosas. Sin embargo eso no durará mucho”.
García fue fundador y líder del Foro de São Paulo, una agrupación política que no oculta su simpatía por los grupos terroristas. En su décimo congreso, celebrado en La Habana en diciembre del 2001, el Foro ratificó ‘la legitimidad, la justicia y necesidad de las guerras de las organizaciones colombianas ELN y FARC, y nuestra solidaridad con las mismas.’ Estos planteamientos pueden encontrar resonancia entre los gobiernos del eje revolucionario bolivariano. Para los gobiernos latinoamericanos que defienden los principios de la democracia liberal, son inaceptables.
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