Joaquim Levy, Nelson Barbosa y Alexandre Tombini ya trabajan en un plan de ajuste fiscal.
BRASILIA (247). El nuevo equipo económico del gobierno brasileño está comprometido a divulgar el dÃa que sea oficialmente confirmado un conjunto de medidas que buscarán garantizar la sustentabilidad fiscal del gobierno y atraer inversiones para impulsar el crecimiento de la economÃa.
La misión fue solicitada por la propia presidenta Dilma Rousseff, según un reporte publicado el sábado por el site de Folha de S.Paulo.
Joaquim Levy, Nelson Barbosa y Alexandre Tombini ya están preparando las medidas utilizando como base lo que el actual equipo de Guido Mantega, saliente ministro de Hacienda, venÃa preparando para ser divulgado esta semana.
Un asesor presidencial dijo a Folha que los nuevos ministros propondrán ajustes de efecto inmediato y acciones de mediano y largo plazo para garantizar "confianza y sustentabilidad" al paÃs.
En el área fiscal, la idea es hacer un ajuste "gradual y consistente" de las cuentas públicas en los próximos años, buscando al mismo tiempo retomar la polÃtica de ahorro de gastos para pagar la deuda pública (superávit primario) y evitar un escenario de recesión.
Folha dijo que "un interlocutor de la presidente Dilma" destacó que las medidas darán confianza a los inversores nacionales y extranjeros, aumentando las inversiones productivas en el paÃs, consideradas esenciales ante la escasez de recursos del Estado.
Entre las medidas que Mantega tenÃa en elaboración se encontraban recortes en el seguro de desempleo y pensiones por muertes.
Brasil se enfrenta probablemente al peor escándalo financiero y polÃtico desde la llegada al poder del Partido de los Trabajadores (PT) en 2003 con Lula da Silva como presidente. La red de corrupción polÃtica y empresarial —con ramificaciones de financiación ilegal del partido en el Gobierno— tejida en torno al gigante petrolero estatal Petrobras amenaza con dejar pequeño el famoso mensalao,que hace ocho años puso al descubierto un sistema de compra de votos en el Parlamento y —otra vez— financiación ilegal del PT.
Petrobras no es una empresa estatal común. “Petrobras es Brasil y Brasil es Petrobras”, le gustaba repetir a Lula. Su sucesora, Dilma Rousseff, tiene que lidiar ahora en dos difÃciles frentes del caso. En primer lugar, siendo ministra de Minas y EnergÃa del Gobierno de Lula, Rousseff ordenó que Petrobras tuviera proveedores nacionales. Una medida perfectamente coherente con el ideario del PT y con el objetivo de crear empleos y activar la industria nacional. Pero tuvo el efecto —inesperado, mientras no se demuestre lo contrario— de ser utilizada para engrasar una trama de favores, sobornos y comisiones ilegales en la que hay implicadas al menos nueve de las principales empresas de Brasil y, hasta el momento, 85 altos ejecutivos.
El segundo frente tiene que ver con que Rousseff es ahora la presidenta, reelegida en los comicios celebrados el pasado octubre. Las investigaciones apuntan a que las empresas investigadas donaron hasta el 62% del presupuesto de las campañas de los candidatos locales que pedÃan el voto para la presidenta.
Hay que señalar que la trama no solo salpica al Gobierno. Las empresas regaron generosamente con sus aportaciones a todas las fuerzas en contienda. Y no solo eso. Los principales partidos aparecen, según diversos testimonios ante el juez, como receptores de jugosas comisiones. Es como si el petróleo de Petrobras se hubiera derramado y manchara a Brasil.
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