La FiscalÃa General de Brasil requirió al Supremo Tribunal Federal la destitución del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, por al menos 11 delitos en los que estarÃa implicado, entre ellos, corrupción, lavado de dinero y cuentas no declaradas en el extranjero. Acusan a Cunha de haber cobrado 52 millones de dólares en sobornos.
Se calcula que unos 50 legisladores del Senado y la Cámara están siendo investigados por su presunta vinculación en el hecho de corrupción de Petrobas. Posteriormente, la presidenta Dilma Rousseff solicitó a la justicia de su paÃs que aplicara todos los correctivos respectivos contra los culpables.
Desde entonces, Eduardo Cunha se ha valido de sus conocimientos en la cámara para activar reglamentos internos a fin de entorpecer procesos contrarios a sus intereses.
A pesar de las pruebas que confirman su vinculación en los casos de corrupción de Petrobas, Cunha se niega a aceptar cualquier tipo de culpabilidad.
Analizan el juicio a Dilma
Entretanto, el Supremo Tribunal Superior (STF) de Brasil inició ayer el análisis de la validez del trámite de juicio polÃtico contra la presidenta Dilma Rousseff en el Congreso.
Presidida por el titular del STF, Ricardo Lewandowski, en la sesión hablaron igualmente abogados de los partidos de oposición, aliados del gobierno que expusieron sus argumentos en torno a este proceso, suspendido desde hace una semana por decisión de Fachin.
Con anterioridad, la mandataria del paÃs pidió la anulación de la decisión de Cunha de aceptar la solicitud de enjuiciamiento en su contra, al sostener que debió ser escuchada primero, debido a las graves consecuencias que tal acción desencadenarÃa para el paÃs.
La ProcuradurÃa General demandó por su parte la derogación del voto secreto para elegir la Comisión especial que definirá el enjuiciamiento polÃtico de la gobernante. El titular de la PGR repudió igualmente la presentación de dos listas para escoger a los integrantes de dicho Consejo sin el aval de los lÃderes de los bloques parlamentarios e indicó que cabe al Senado decidir sobre una eventual apertura del proceso de enjuiciamiento polÃtico.
El fallo del Supremo Tribunal propiciará la reanudación de las sesiones plenarias en la Cámara baja, asà como la continuación de este trámite, aunque si no hay un acuerdo entre los 11 magistrados, la decisión de esa instancia podrÃa ser pospuesta para 2016.
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