La sala I de la Cámara de Casación se negó a acceder al pedido de la diputada Margarita Stolbizer –denunciante del caso- para que ser querellante en la causa Hotesur. Pero en la misma resolución, hizo un guiño al Gobierno.
Los jueces Mariano Borinsky, Ana María Figueroa y Gustavo Hornos apuntaron que tanto la Oficina Anticorrupción (OA) como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA) están habilitados para participar del caso. "Tales órganos receptan de manera amplia la obligación internacional de erradicación de la impunidad cuando se trata de investigaciones sobre delitos de corrupción", explicaron.
Con ese fundamento, Laura Alonso anticoipó que pedirán ser querellantes en la causa. De ser aceptada, la OA sumaría su segundo papel como querellante: ya comenzó a hacerlo en el caso Ciccone, que está en manos del juez Ariel Lijo y tiene a Amado Boudou entre los acusados.
La investigación Hotesur apunta a supuestas maniobras de lavado de dinero vinculadas a las empresas hoteleras de los Kirchner. Esta semana, la causa quedó radicada de manera definitiva en la justicia porteña cuando vencieron los plazos para que los abogados de los acusados, uno de ellos de Lázaro Báez, pidan la intervención a la Corte Suprema para conseguir que sea tramitada en Santa Cruz.
