Caso Odebrecht: Rechazan hábeas corpus a Montás; Senado conocerá hoy situación de Galán y Valentín
Los abogados del dirigente peledeísta y funcionario argumentaron que la prisión de es irregular.
En el dispositivo de la sentencia, el juez González consideró como improcedente la acción de amparo interpuesta por el funcionario a través de sus abogados José de Jesús Bergés y Manuel A. Rodríguez.
Senadores Julio César Valentín y Tommy Galán
El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, informó que este miércoles el pleno del Senado sancionará el retiro de la inmunidad a los senadores Julio César Valentín (PLD-Santiago) y Tommy Galán (PLD-San Cristóbal), acusados por la Procuraduría General de la República de haber recibido dinero del soborno que confesó la empresa Odebrecht.
Al momento de visitar a los demás peledeístas presos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el senador Pared Pérez dijo que en su caso personal, pasó por el lodazal sin enlodarse.
"Lo que pasa es que yo pase por el lodazal, pero no me enlodé", dijo.
También dijo que no es cierto que en las investigaciones se excluyera de manera deliberada a los cercanos al presidente Danilo Medina, argumentando que tanto Tommy Galán como Julio César Valentín son personas del gobernante.
Juez Ortega continuará hoy a las 5 pm audiencia coerción a imputados caso corrupción Odebrecht
Según la orden número 0037, las personas en el documento emitido el pasado 26 de por el Juzgado de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada, constituido por el magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, son acusados por violación a las leyes dominicanas de Lavado de activos, Sobornos, Declaración jurada de bienes, Código Penal y la Constitución.
La constructora Odebrecht admitió ante las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que pagó 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos de República Dominicana, entre los años 2001 y 2014, a cambio de obtener contratos multimillonarios para la construcción de obras de infraestructura.
La Procuraduría General de la República pidió prisión preventiva por 18 meses para todos los imputados.
El magistrado Ortega Polanco tomó la decisión de dar por finalizada la primera audiencia del caso luego de 5 horas de debates en la sala de la Suprema Corte de Justicia. La audiencia del martes comenzó las 8 de la noche y fue terminada por el juez pasada la 1 de la madrugada de hoy, miércoles 31.
La mayoría de los abogados de los acusados en el caso Odebrecht pidieron que fuera pospuesta la audiencia argumentando que sus representados no habían sido formalmente notificados.
Otros pidieron que, debido a que al amanecer de hoy, miércoles, se cumpliría el plazo de las 48 horas que puede durar un detenido sin la formulación formal de cargos, los imputados debían de ser puestos en libertad pura y simple a la espera de ser convocados al tribunal para responder a las acusaciones en su contra.
Asimismo, la ausencia del imputado Bernardo Castellanos Moya, quien trabaja en Panamá y ha declarado que vendrá a República Dominicana lo más rápido posible, hizo el magistrado Ortega Polanco pidiera a los representantes de la Defensoría Pública que asumieran de oficio su defensa y representación para poder continuar con la audiencia.
El Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, sede de la Suprema Corte de Justicia, estuvo abarrotado de abogados, familiares y amigos de los acusados, además de los periodistas. La audiencia fue transmitida en vivo por varios canales de televisión.
El caso Odebrecht en la República Dominicana
Según la orden número 0037, las personas en el documento emitido el pasado 26 de por el Juzgado de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada, constituido por el magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, son acusados por violación a las leyes dominicanas de Lavado de activos, Sobornos, Declaración jurada de bienes, Código Penal y la Constitución.
Los imputados son Alfredo Pacheco Osoria, actual Diputado de la República desde el año 2016, y anterior miembro de la Cámara de Diputados del año 1994 al 2006, período en el que ostentó su Presidencia por 3 años, del año 2003 al 2006;
Ángel Rondón Rijo, representante comercial de la Constructora Norberto Odebrecht desde el año 2001 hasta la fecha, identificado como el intermediario a través del cual se concretizaron los sobornos en la República Dominicana;
Bernardo Antonio Castellanos de Moya, director de proyectos hidroeléctricos de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana del año 2000 al 2004;
César Domingo Sánchez Torres, administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del año 2000 al 2002 y luego Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales del año 2002 al 2004;
Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, abogado, representante de la sociedad Newport Consulting LTD;
Juan Roberto Rodríguez Hernández, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados del año 2002 al 2004;
Juan Temístocles Montás Domínguez, administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del año 1996 al 2000; Secretario Técnico de la Presidencia del año 2004 al 2007, Ministro de Economía Planificación y Desarrollo del 2010 al 2016 y actual Ministro de Industria, Comercio y Mipymes;
Julio César Valentín Jiminián, actual Senador de la República desde el año 2010; y anterior miembro de la Cámara de Diputados del año 1998 al 2010, periodo en el que ostentó la Presidencia de dicha Cámara por 4 años, del año 2006 al 2010;
Máximo Leónidas De Oleo Ramírez, administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana del año 2000 al 2004;
Porfirio Andrés Bautista García, Senador de la República del año 1994 al 2010 y quien ocupó la Presidencia del Senado por 5 años, del año 2001 al 2006;
Ramón Radhamés Segura, Administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del año 1998 al 2000, y Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales del año 2004 al año 2009;
Ruddy González, Diputado de la República del a?o 2002 al 2016 y miembro de Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputado durante los años 2010 y 2016;
Tommy Alberto Galán Grullón, miembro de la Cámara de Diputados del año 2002 al 2006, actual Senador de la República desde el año 2006 y miembro de su Comisión de Hacienda durante casi 10 años, del 2006 al 2014 y del 2016 a la fecha;
y Víctor José Díaz Rúa, Director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados del año 2004 al 2007 y Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del año. Asimismo, es el secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El escándalo de Odebrecht golpea a PLD y PRM los dos principales partidos de la República Dominicana
La acusación contra cinco dirigentes de la máxima dirección del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como contra el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), el portavoz de la bancada de diputados de esa formación y otros dirigentes coloca a estas agrupaciones ante una difícil tesitura.
La acusación contra cinco dirigentes de la máxima dirección del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como contra el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), el portavoz de la bancada de diputados de esa formación y otros dirigentes coloca a estas agrupaciones ante una difícil tesitura.
Cinco meses después de que estallará el escándalo de Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del PRM, así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD, la Procuraduría ordenó esta semana el arresto de 14 personas.
Del total de 14 involucrados, una decena de políticos y empresarios fueron detenidos el lunes, y en el caso de los tres legisladores, dos del PLD y uno del PRM, se ha pedido que se levante la inmunidad parlamentaria.
Al grupo se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Tras meses de movilizaciones en las calles de diferentes ciudades del país, grupos sociales como "Marcha Verde", consideraron que estas imputaciones son una conquista de la presión sostenida y contundente de la ciudadanía.
Entre los imputados figura el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, quien en una carta dirigida ayer al presidente Danilo Medina puso su cargo a disposición y defendió su inocencia, y posteriormente, en otra misiva, solicitó su suspensión temporal del principal organismo de dirección del oficialista PLD.
Hasta el momento, ni el Gobierno ni el PLD se han pronunciado sobre las peticiones de Montás, un veterano político dominicano que ha ocupado cargos en todos los gobiernos de la citada organización política, entre ellos ministro de Economía (2007-2016).
Todos los políticos imputados han defendido su inocencia y desde sus respectivos partidos políticos han puesto a su disposición sus equipos de abogados.
Las detenciones se produjeron poco después de que la República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.
El principal partido opositor dominicano ha condenado el arresto de su presidente, Andrés Bautista, y de otros de sus dirigentes, y ha acusado al presidente del país, Danilo Medina, de encubrir a los verdaderos culpables de recibir los sobornos que pagó Odebrecht.
En una nota, el PRM denunció que "al grupo en el poder lo mueve la malsana intención de destruir a la principal fuerza política de la oposición y a la vez enlodar a los distintos sectores de la nación", para luego propiciar que permanezca igual el manto de impunidad que cubre a los grandes desfalcadores del erario.
Tras meses de movilizaciones en las calles de diferentes ciudades del país, grupos sociales como "Marcha Verde", consideraron que estas imputaciones son una conquista de la presión sostenida y contundente de la ciudadanía.
No obstante, creen que no habrá justicia plena hasta que no sean condenados todos los responsables de los delitos de sobornos, sobreevaluaciones de obras, lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales, así como devuelto el dinero robado y cancelados los contratos vigentes con Odebrecht.
Mientras la justicia dominicana decide si aplica prisión preventiva a los imputados, grupos como "Marcha Verde" ya han anunciado que continuarán con las movilizaciones al considerar que es el único camino que podrá garantizar que éste sea verdaderamente el inicio del fin de la impunidad en República Dominicana. EFE
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Pared Pérez: "Fui el presidente del Senado que conoció mayor número de contratos y no hubo irregularidad"
SANTO DOMINGO. Reinaldo Pared Pérez declaró este miércoles que a pesar de ser el presidente del Senado de la República en cuya gestión aprobó el mayor número de contratos de la empresa de Odebrecht, a su entender "no se cometieron irregularidades" en la sanción de los contratos con el Estado dominicano.
"Fui el presidente del Senado, y lo digo con toda responsabilidad, que conoció mayor número de contratos que lo aprobó sin ningún tipo de irregularidad", declaró Pared Pérez.
Argumentó que "hasta que explotó el asunto de Odebrecht, nadie sabía que se dedicaba a sobornos". "Ni a actividades ilícitas de esa naturaleza en nuestro país, eso se produjo después que salió la investigación en Brasil", enfatizó.
En el programa de radio El sol de la Mañana dijo: "Yo nunca tuve informaciones directas o indirectas de que se produjeron ese tipo de informaciones irregulares e ilícitas".
Expresó además que "el hecho que se haga referencia a una persona no quiere decir que esté involucrado en la consecución de esos actos ilícitos". Agregó: "Se mostrará quiénes son los verdaderos responsables y quiénes no".
Solicitud de despojar la inmunidad
Sobre la solicitud formal por parte de la Procuraduría de la República para que se le retire la inmunidad a los senadores peledeístas Tommy Galán y Julio César Valentín dijo: "Hemos recibido un acto de alguacil a requerimiento de la Procuraduría donde solicita el levantamiento de la inmunidad legislativa a Julio César Valentín y Tommy Galán".
No quiso referirse a qué posición tomaría en lo personal: "Hay que esperar qué decisión va a tomar el pleno, porque solamente el pleno puede tomar una decisión, no puedo emitir una opinión de esa naturaleza porque puede influencia la decisión del pleno", expr'esó.
Rechazan habeas corpus interpuesto por Temístocles Montás contra juez de SCJ
Temístocles Montás en el momento en que era ingresado al palacio de justicia de Ciudad Nueva.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazó un recurso de habeas corpus en contra del juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, interpuesto por los abogados de Juan Temístocles Montás, preso por el caso de sobornos pagados por la empresa Odebrecht, sobre la base de que se encuentra detenido de manera ilegal.
La sentencia indica que conforme a la solicitud, recibida por los abogados Manuel Alejandro Rodríguez y José de Jesús Bergés Martin, en representación de Montás, se declara improcedente la acción de hábeas corpus.
El recurso fue interpuesto este lunes, día del arresto de Temístocles Montás, como parte de los implicados por la Procuraduría General de la República en el caso del pago de sobornos de la empresa Odebrecht.
Abogado aclara razones solicitud
Uno de los abogados de la defensa de Montás explicó que dicho recurso fue interpuesto porque al momento de su arresto no se conocía la existencia de una orden de un juez.
El doctor Manuel Rodríguez dijo que cuando se produjo el arresto de Montás el pasado lunes, hizo un pedido verbal de habeas corpus porque nadie presentó en ese momento la autorización de un juez para proceder en la forma que lo hizo el Ministerio Público y la Policía.
Señaló que horas después de la detención fue que se dio a conocer la orden del juez Francisco Ortega Polanco y el Procurador General de la República habló para decir que estaba autorizado a practicar los arrestos.
Afirmó que una vez constatada la existencia de una orden de un juez y la divulgación de las acusaciones por el procurador Jean Alain Rodríguez, la defensa de Montás no tenía ningún interés de continuar el proceso de habeas corpus.
Montás ha sostenido en forma reiterada que nunca negoció contratos de obras con la firma Odebrecht, por lo que no podía ser objeto de soborno dado que no tenía poder de decisión para influir en la concesión de construcciones.
Rodríguez manifestó que Montás mantiene su moral en alto y una voluntad inquebrantable de lucha por limpiar su nombre de las imputaciones puestas sobre su persona.
SANTO DOMINGO. A los políticos y empresarios dominicanos acusados de supuestamente estar involucrados en el escándalo de Odebrecht se les atribuye haber incurrido "en todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores", "prevaricación", "enriquecimiento ilícito y lavado de activos".
Así lo revela la Procuraduría General de la República que, aunque dijo el pasado lunes que "están todos los que son y son todos los que están", afirma este miércoles que continúa con la investigación iniciada a finales de diciembre pasado, con la finalidad de determinar si otras personas o empresas están involucradas.
Hoy, a las 5:00 de la tarde, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco continuará conociendo la solicitud de 18 meses de prisión, como medida de coerción para los acusados, solicitada por la Procuraduría General de la República.
El grupo de imputados está integrado por el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el expresidente del Senado Andrés Bautista; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; los exvicepresidentes de la CDEEE, Radhamés Segura y César Sánchez; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) 2000-2004, Roberto Rodríguez Hérnández; el empresario Ángel Rondón, el ingeniero mecánico electricista Máximo D´Oleo, el abogado Conrado Pittaluga y Bernardo Castellanos, expresidente de la Comisión de Energía del PRD. Este último se encuentra en Panamá, y su orden de arresto fue notificada a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
También están acusados los senadores del Partido de la Liberación Dominicana por Santiago y San Cristóbal, Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, a quienes el Congreso Nacional tiene pendiente conocerles el desafuero.
En una comunicación de prensa, la Procuraduría General de la República dijo que durante la audiencia de sobre la medida de coerción solicitada, ayer lunes, el Ministerio Público estuvo representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, acompañada de los fiscales Milciades Guzmán, Wilson Camacho, Joel López, Narciso Escaño, Carmen Díaz Amézquita, Francisco Polanco y Wagner Cubilette.
Políticos dominicanos imputados en caso Odebrecht se defienden "como gato boca arriba"
El procurador dominicano, Jean Alain Rodríguez, anunció este lunes la imputación de 14 personas por el caso de Odebrecht, que aseguró haber pagado 92 millones de dólares en el país en concepto de sobornos para acceder a obras públicas.
Diez de los implicados, entre ellos el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, y el presidente del principal partido opositor y expresidente del Senado, Andrés Bautista, están detenidos a la espera de que un juez conozca en las próximas horas la solicitud de medida de coerción en su contra.
El procurador ha adelantado que pedirá 18 meses de prisión preventiva para todos los acusados.
En el caso de los senadores Julio Cesar Valentín y Tommy Galán, ambos del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y del diputado Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el principal de la oposición, su arresto dependerá del levantamiento de la inmunidad parlamentaria.
En tanto, el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, informó de que la cámara alta se reunirá mañana, miércoles, por lo que se espera que se debata la solicitud de la Procuraduría para levantar el fuero a Valentín y Galán
Bautista, presidente del PRM, rechazó, en un comunicado, haber recibido sobornos de Odebrecht, y señaló que las imputaciones en su contra "son infames" y que defenderá su "honra y dignidad" en cualquier escenario.
Tanto Valentín, Galán y Pacheco han rechazado los señalamientos y se han puesto a disposición de la justicia.
La Cámara de Diputados envió hoy a su comité de disciplina la solicitud de la Procuraduría para que le retire la inmunidad parlamentaria al diputado Pacheco para que sea llevado ante la Justicia por este escándalo.
En tanto, el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, informó de que la cámara alta se reunirá mañana, miércoles, por lo que se espera que se debata la solicitud de la Procuraduría para levantar el fuero a Valentín y Galán.
Este lunes, poco después de conocerse los arrestos, el ministro de Industria y Comercio y anteriormente titular de Economía, Temístocles Montás, subrayó que en sus 16 años como funcionario "nunca había sido vinculado directa o indirectamente con actuaciones indecorosas o contratarías a la legalidad".
A su vez, puso su cargo a disposición del presidente Danilo Medina, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre este particular.
Precisamente hoy, un juez rechazó un recurso de hábeas corpus interpuesto por Montás, quien pretendía recobrar su libertad alegando que al momento de su arresto no se conocía la existencia de una orden de un juez en su contra.
Por su parte, Bernardo Castellanos, imputado también por el caso, afirmó hoy que se trasladará "de inmediato" al país desde el extranjero para encarar la Justicia, aunque negó su implicación en los hechos.
Castellanos, ingeniero civil y exempleado de dependencias eléctricas del Estado, se encuentra en Panamá, dijo ayer el procurador general, quien notificó el caso a la Interpol para su detención.
También esta bajo arresto, el empresario y representante comercial de Odebrecht en el país, Ángel Rondón, señalado como la persona que recibió y distribuyó los 92 millones de dólares que la empresa pagó en sobornos, así como varios exdirectivos de empresas estatales y un exlegislador.
El excandidato presidencial del PRM Luis Abinader reclamó hoy, tras visitar a sus compañeros detenidos, que se identifique "a todos" los implicados, sin importar al partido o sector al que pertenezcan.
"Hay que llegar hasta las últimas consecuencias", dijo Abinader a los periodistas en el Palacio de Justicia, y agregó que este caso "debe servir para que la República Dominicana cambie".
Las detenciones se produjeron poco después de que la República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño. EFE
Penalistas analizan suerte del expediente del caso Odebrecht
SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República puso las cartas sobre la mesa en torno al escándalo de soborno de parte de la empresa Odebrecht en el país, y ahora dependerá de la defensa de los 14 sometidos pelear en los tribunales la suerte de cada uno.
Los alegatos serán muchos y variados, y desde ya se empiezan a exponer algunos, como la prescripción del delito, que podrían alegar varios de los imputados, así como alegatos para librarse de la prisión preventiva de 18 meses que anunció que pedirá el procurador General, Jean Alain Rodríguez, junto a la declaratoria de complejidad del caso.
De entrada, el abogado Carlos Balcácer opina que los imputados pueden quedar en libertad mientras se instruye el proceso.
Entiende que por tratarse de figuras públicas que todo el mundo conoce, se dificulta el que se escapen del país y que, por tanto, se cae la sospecha de fuga.
A su juicio, el arresto domiciliario y la presentación periódica podrían prevalecer cuando el juez de instrucción especial de la Suprema, Francisco Ortega Polanco, conozca el pedimento de medidas de coerción.
"Por la experiencia vivida en otros casos de naturaleza parecida, puedo decir que en este país no hay historia de gente pública que se sustraiga del proceso".
El también penalista Félix Damián Olivares entiende que el juez debe tomar la medida menos gravosa para los fines del proceso y, por tanto, examinar si existe peligro concreto de fuga o riesgo de obstaculización, que son los criterios que deben prevalecer para imponer una medida extrema -a su juicio- como la prisión preventiva.
El artículo 45 del Código Procesal Penal Dominicano establece la prescripción de la acción penal en dos casos: a) al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, sin que en ningún caso este plazo pueda exceder de diez años ni ser inferior a tres; b) al vencimiento del plazo de un año cuando se trate de infracciones sancionadas con penas no privativas de libertad o penas de arresto.
El abogado Marino Féliz señala que el expediente incluye los delitos de lavado de activos y delincuencia organizada, que no prescriben. Pero, lo que está por verse es que esa acusación puede sostenerse ante el juez, plantea.
"El tema de la prescripción presenta sus bemoles, ya que en algunas de las personas imputadas han detentado posiciones de poder, circunstancia que interrumpe el cómputo de la prescripción. Asimismo, cabe considerar que algunas de las conductas atribuidas son de realización continua o de efectos continuados (lavado), de suerte que el cómputo inicia con el cese de esos actos", comenta de su lado, Félix Damián Olivares.
Entre los sometidos que pueden alegar prescripción están Máximo De Óleo, administrador de EGEHID, 2000- 2004; César Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, 2002-2004; Bernardo Castellanos, director de proyectos EGEHID, 2000-2004, y Roberto Rodríguez, INAPA, 2002- 2004.
Cámara Diputados dominicana eleva a 18 años edad mínima para matrimonio
La pieza pasará al Senado para su estudio, ponderación y aprobación y, superado el trámite, República Dominicana estará "a la vanguardia en la protección de niñas, niños y adolescentes", afirmó Plan Internacional República Dominicana (Plan RD) tras conocer la disposición.
La pieza pasará al Senado para su estudio, ponderación y aprobación y, superado el trámite, República Dominicana estará "a la vanguardia en la protección de niñas, niños y adolescentes", afirmó Plan Internacional República Dominicana (Plan RD) tras conocer la disposición.
Hasta ahora, la legislación local permitía el matrimonio de menores de edad, siempre y cuando fuera autorizado por los padres o lo decidiera un juez.
Esa premisa colocaba a República Dominicana como el país con el mayor número de enlaces entre menores de edad, ya que 35 % de las mujeres se ha casado antes de los 18 años y otro 15 % lo ha hecho a los 15 años de edad.
La directora de Plan RD, Aracelys de los Santos, destacó la importancia de "este avance legislativo, gracias al decidido compromiso de la Cámara, en especial de la Comisión de Género y de su presidenta, Lucía Medina, además de las Comisiones de Desarrollo Humano y Derechos Humanos".
El pasado 26 de abril, un grupo de 32 organizaciones dominicanas y extranjeras, agrupadas en la Coalición ONG por la Infancia, pidió al Congreso elevar a 18 años, sin excepciones, la edad mínima para contraer matrimonio y uniones de hecho, con el objetivo de poner fin a una práctica que se repite a diario en esta nación.
En ese contexto, Plan RD lideró la campaña #18NoMenos que exigía al Congreso elevar a 18 años la edad mínima para casarse, para ambos sexos y sin excepciones, ya que "eliminar estas excepciones constituyen un avance de protección y garantía de derechos", apuntó De los Santos en un comunicado.
A su entender, esta reforma del Código Civil es solo el primer paso en el camino de eliminar el matrimonio y uniones de hecho a temprana edad en el país.
"Esta reforma debe estar acompañada de una política pública integral y un presupuesto orientado a erradicar el matrimonio infantil, a través del empoderamiento de las niñas, la creación de oportunidades económicas para las familias y el fortalecimiento del sistema nacional de protección a nivel local, quien es, en última instancia, el responsable de identificar y abordar este tipo de abusos", comentó la directora. EFE
Rusos tendría información "humillante" sobre Trump pero la guardaron para no perjudicarlo en elecciones
La Casa Blanca criticó estas informaciones "como una nueva ronda de declaraciones falsas y sin verificar hechas por fuentes anónimas para difamar al presidente".
Esta nueva información procede de conversaciones interceptadas por los servicios de inteligencia de EE.UU. a espías rusos durante la campaña electoral del pasado año, en la que Trump finalmente se impuso a la candidata demócrata Hillary Clinton.
De acuerdo a estas fuentes, los rusos creían que "tenían capacidad para influir en el Gobierno (de EE.UU.) a través de información humillante", supuestamente referida a cuestiones financieras.
No obstante, las propias descripciones de la inteligencia de EE.UU. advierten que estas afirmaciones "podrían haber sido exageradas o incluso inventadas", como parte de la campaña de desinformación de Moscú durante las elecciones.
La pasada semana se dieron a conocer nuevas revelaciones sobre las conversaciones en el seno de la inteligencia rusa acerca de cómo utilizar a los asesores del entonces candidato Donald Trump para influir en las posturas del ahora presidente sobre Rusia.
"Los rusos podrían estar sobrevalorando su creencia en la influencia" en las elecciones, asegura la CNN al citar directamente a una de sus fuentes.
Por su parte, la Casa Blanca criticó estas informaciones "como una nueva ronda de declaraciones falsas y sin verificar hechas por fuentes anónimas para difamar al presidente".
"Parece que no hay límite hasta dónde irán los opositores políticos de Trump para perpetuar esta falsa narrativa, incluida la filtración de material clasificado", agregó el comunicado.
La pasada semana se dieron a conocer nuevas revelaciones sobre las conversaciones en el seno de la inteligencia rusa acerca de cómo utilizar a los asesores del entonces candidato Donald Trump para influir en las posturas del ahora presidente sobre Rusia.
En concreto, mencionaron a Paul Manafort, en ese entonces jefe de campaña de Trump, y al general retirado Michael Flynn, quien llegaría a ser asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca pero que se vio forzado a dimitir tras pocas semanas en el cargo.
Estas conversaciones forman parte de las pruebas que la inteligencia estadounidense entregó al FBI para que abriese una investigación sobre la posible injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016, incluyendo sus posibles contactos con la campaña de Trump.
El FBI se encuentra actualmente investigando potenciales vínculos entre la campaña electoral del presidente Trump y Rusia en relación con los comicios de 2016 y su presunta coordinación para perjudicar a la candidata demócrata.
Poco después del despido de James Comey, exdirector del FBI, a comienzos de mes, el Departamento de Justicia de EE.UU. designó a otro exdirector del FBI Robert Muller como fiscal especial para supervisar esta investigación y la posible injerencia de Moscú en las elecciones de 2016. EFE
Antonio Almonte asegura Gobierno no tiene interés en que sea resuelto el caso Odebrecht
l también director ejecutivo de la Comisión Eléctrica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) reiteró que hubo funcionarios que tuvieron una relación directa con la constructora, pero sin embargo no han sido mencionados por la procuraduría.
El también director ejecutivo de la Comisión Eléctrica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) reiteró que hubo funcionarios que tuvieron una relación directa con la constructora, pero sin embargo no han sido mencionados por la procuraduría.
Señaló que dentro de los 14 acusados no hay un solo implicado con relación a la termoeléctrica Punta Catalina, a la que consideró que debe ser auditada.
Indicó que mientras Reinaldo Pared Pérez era presidente de la Cámara de Senadores fueron aprobados unos 26 contratos con la constructora, equivalente a 4 mil millones dólares, pero sin embargo su nombre no aparece en la lista al igual que el de Cristina Lizardo.
Aseguró que se intentan responsabilizar del caso a personas inocentes para desviar la atención del pueblo dominicano.
Agregó que el acuerdo homologado entre la procuraduría y Odebrecht es una burla al Estado dominicano y solo sirve para tapar un grave problema de corrupción.
''El daño que le ha hecho Odebrecht al país no solo es económica sino que garantiza la impunidad'', dijo.
Antonio Almonte ofreció estas declaraciones tras entrevistado por los periodistas Guillermo Tejeda, Miguel Ángel Núñez y Dario Medrano en el programa Resumen Matinal, espacio que se transmite de lunes a jueves por el canal 25.
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