Juez dicta prisión contra 8 políticos y empresarios dominicanos por Odebrecht
Juez Francisco Ortega
Santo Domingo, 7 jun .- Un juez dictó este miércoles prisión preventiva contra ocho políticos y empresarios dominicanos, entre ellos el ministro de Industria y Comercio y el presidente del principal partido de oposición, por su presunta implicación en los sobornos que Odebrecht pagó para lograr contratos de obras públicas.
Para el ministro Temístocles Montás, el juez Francisco Ortega impuso seis meses de prisión preventiva, igual pena para el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista, y un año para el empresario Ángel Rondón, acusado de ser quien distribuyó los sobornos.
El juez Ortega, designado para conocer el caso de los 14 imputados del soborno de 92 millones de dólares pagados por Odebrecht entre 2001 y 2014 para lograr contratos de obras del Estado, dictó también entre tres meses y 9 meses de prisión preventiva para cinco de los implicados, mientras que para otros dos exfuncionarios impuso arresto domiciliario.
Las cárceles
Acogiendo una solicitud del Ministerio Público, el Magistrado dispuso el envío del empresario Rondón a la cárcel La Victoria durante un año.
Víctor Díaz Rúa, quien fuera ministro de Obras Públicas del gobierno de Leonel Fernández, y Conrado Pittaluga cumplirán prisión preventiva de nueve meses en la cárcel preventiva de Najayo, San Cristóbal.
A este mismo lugar irán: Temístocles Montás, Andrés Bautista y el ex diputado Ruddy González, durante seis meses y el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) César Sánchez y Máximo de Oleo Ramírez, durante tres meses.
El Juez dispuso la prisión domiciliaria durante nueve meses del también ex vicepresidente de la CDEEE, Radhamés Segura y del ex director del Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Juan Roberto Rodriguez.
Impuso una fianza de cinco millones como garantía económica e impedimento de salida del país a Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco, senadores de San Cristóbal y Santiago de los Caballeros, y diputado del Distrito Nacional, respectivamente. Estos últimos no irán a prisión porque tienen inmunidad parlamentaria. Galán es presidente de una comisión senatorial en tanto que Valentín y Pacheco fueron presidentes de la Cámara de Diputados cuando fueron conocidos en sus respectivos hemiciclos contratos sobre obras asignadas a Odebrecht. Los dos primeros son senadores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el tercero diputado del PRM. Sus respectivas cámaras ya han iniciado el trámite para decidir si les retira o no la inmunidad.
Declara proceso "complejo"
El Juez Ortega declaró "complejo" este proceso y otorgó un plazo ocho meses al Ministerio Publico para que concluya el procedimiento preparatorio. Asimismo, otro de 20 días para que los interesados puedan apelar este fallo.
Rechazó "por improcedentes, mal fundados y carentes de base legal" todos los excepciones e incidentes que hasta la fecha han sido presentados y ratifica el desglose del expediente del diputado Bernardo Castellanos por las razones que, según dijo, han sido presentadas
Danilo no se ha pronunciado
El pasado 29 de mayo, pocas horas después de ser detenido junto a otros nueve políticos y empresarios, Montás puso su cargo a disposición del presidente dominicano, Danilo Medina, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el caso.
Otro de los imputados es Bernardo Castellanos, que está fuera del país y ha informado de que regresará para enfrentar las acusaciones, aunque esto no se ha producido.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para todos los imputados.
Trasladados al Palacio de Justicia
De la sede de la Suprema Corte de Justicia, donde se celebró la audiencia, que se había aplazado en varias ocasiones, los imputados fueron trasladados a la cárcel del Palacio de Justicia, donde han permanecido desde que fueron arrestados el pasado 29 de mayo.
Las detenciones se produjeron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en pagos ilegales.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.
Seis acusaciones
Al grupo, que ha negado durante las audiencias vinculación alguna con el caso, se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Los imputados tienen un plazo de 20 días para recurrir el fallo del juez, que otorgó un plazo de 8 meses a la Procuraduría para que amplié las investigaciones sobre este caso.
Procurador elogia sentencia
Tras conocer la decisión del magistrado sobre las medidas de coerción, el procurador Jean Alain Rodríguez, calificó la sentencia como trascendental para la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
En un comunicado, Rodríguez señaló que la decisión de imponer medidas de coerción contra los implicados en este caso, evidencia que existen suficientes elementos preliminares que comprometen la responsabilidad de cada uno de ellos.
"Marcha Verde" pide sometan otros responsables
Por su parte, el movimiento social "Marcha Verde", que ha organizado multitudinarias marchas en diferentes ciudades del país desde que estalló el escándalo hace cinco meses, dijo hoy que el Ministerio Público "está obligado a investigar y someter a los demás responsables de los sobornos, las sobrevaluaciones, la licitación de (la termoeléctrica) Punta Catalina y el financiamiento ilícito de las campañas electorales".
También hizo un llamado a mantener la movilización en las calles como la única garantía de que el caso Odebrecht llegue hasta las últimas consecuencias y se convierta en el inicio del fin de la impunidad en la República Dominicana.
Efe-sp
Desde allí se atenderán las emergencias de más de un 1 millón de ciudadanos de Santiago y el municipio de Navarrete. De igual modo, las demarcaciones de Puerto Plata, Montellano, Sosúa, Luperón y Cabarete.
La población de estas zonas estará protegida las 24 horas del día y los 365 días del año, destacó Dicom en un documento.
Tendrán a su disposición más de 180 operadores y 150 despachadores de emergencias. Recibirán el servicio con la misma calidad que los ciudadanos del Gran Santo Domingo, Haina, San Cristóbal y Nigua.
Se trata de atención a emergencias policiales, de tránsito, médicas e incendios.
La expansión del 911 a la zona norte refuerza la seguridad y mejora la calidad del servicio de las agencias que intervienen.
Se ampliaron de manera significativa los recursos del Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional. Asimismo, de la Autoridad Metropolitana de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas y los Bomberos.
La puesta en operación del 911 en el Cibao también contribuyó a la creación de más de 2.000 empleos.EFE
Senado aclara aún no decide sobre retiro de inmunidad a Galán y Valentín
Según Arístides Victoria Yeb, aún se estudia la solicitud del Ministerio Público de despojar la inmunidad parlamentaria a los senadores
Según el senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Arístides Victoria Yeb, que preside la comisión de Justicia, aún se estudia la solicitud del Ministerio Público de despojar la inmunidad parlamentaria a los senadores.
Ayer, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, impuso a ambos legisladores un pago de 5 millones de pesos e impedimento de salida.
También dictó medidas cautelares contra los demás imputados en el caso de corrupción, correspondientes a prisión preventiva, prisión domiciliaria, garantía económica y presentación periódica.
Ángel Rondón deberá cumplir un año en la cárcel de La Victoria; nueve meses de prisión Víctor Díaz Rúa y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno; seis meses de prisión Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González; tres meses de prisión preventiva a César Sánchez y Máximo Leónidas De Oleo Ramírez, a cumplir en la cárcel de Najayo.
Asimismo decidió otorgar prisión domiciliaria por nueve meses a Radhamés Segura y Juan Roberto Rodríguez.
Al diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alfredo Pacheco, al igual que a los senadores, le fue impuesto el pago de 5 millones de pesos así como impedimento de salida.
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07 de Junio del 2017
Serían trasladados hoy a Najayo y La Victoria a los que se les dictó prisión por caso Odebrecht
olucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista y el exdiputado Ruddy González; mientras que dispuso un año para el empresario Ángel Rondón Rijo y nueve meses al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al abogado Conrado Pittaluga.
En tanto que a César Sánchez y Máximo De Óleo recibieron tres meses de prisión preventiva. Todos los enviados a prisión, sin incluir Rondón que deberá ir a la cárcel de La Victoria, serán trasladados a Najayo, como dispuso el magistrado Ortega.
Los legisladores Julio César Valentín, Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria se les dictó presentación periódica, fianza de RD$5 millones e impedimento de salida.
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A su salida de la SCJ, Angel Rondón advirtió: "Ahora es que empieza el pleito"
Angel Rondón a la salida de la SCJ.
En sus declaraciones, las cuales reseña la edición digital del periódico Listín Diario, dijo que ya tiene "un año de prisión en las costillas", a pesar de que no hay pruebas en su contra.
Al conversar con los periodistas lucía alterado y pedía a los custodias que lo dejaran hablar, de acuerdo a lo publicado.
Rondón es señalado como la persona que entregó sobornos por 92 millones de dólares a funcionarios y legisladores a fin de que la empresa Odebrecht fuera favorecida con la asignación de construcciones de obras del Estado. En algunos círculos es considerado, asimismo, como un empresario que ha hecho "generosos aportes" a las campañas electorales del actual presidente Danilo Medina.
https://youtu.be/Du2wjDUwxtkCorrupción y favoritismo en proyecto de Odebrecht en Dominicana
El gobierno dominicano podría haberse comprometido a pagarle el doble a la empresa menos calificada cuando escogió a la atribulada compañía brasileña Odebrecht para la construcción de una central termoeléctrica en Punta Catalina, en un proyecto plagado por acusaciones de favoritismo y de sobrefacturación de precios.
Documentos obtenidos por el Nuevo Herald muestran que el gobierno dominicano suministró a Odebrecht información privilegiada para ayudarle a ganar la licitación para la construcción del proyecto eléctrico y que la compañía brasileña posteriormente facturó salarios exorbitantes para los trabajadores de la obra, bajo un esquema que llevaba a un soldador a ganar más que el presidente de la republica.
Los salarios cotizados por Odebrecht convertirían a los empleados de la obra en los trabajadores mejor pagados de República Dominicana, con sueldos que supera en hasta mil veces el salario mínimo estipulado en el país para las mismas profesiones.
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Bajo el esquema, los soldadores contratados para la obra recibirían $99.96 por hora, los capataces $49.40 por hora y los albañiles $32.42 por hora, señala el contrato aprobado apresuradamente por el Congreso dominicano, aún cuando Odebrecht ya era investigada en Brasil por Corrupción.
Asimismo, carpinteros tenían previsto recibir $32.42, los electricistas $29.25 y los operadores de producción $21.91 por hora.
Los salarios más bajos están reservados para los "trabajadores no calificados". No obstante, los $18.55 la hora que éstos tenía previsto cobrar superaban los $16 por hora que cobra en promedio un soldador en Estados Unidos.
Los soldadores contratados para la obra recibirían $99.96 por hora, los capataces $49.40 por hora y los albañiles $32.42 por hora, señala el contrato aprobado apresuradamente por el Congreso dominicano
Se desconoce si Odebrecht pagó realmente esos salarios a sus trabajadores, pero los montos estipulados por los soldadores los hubieran llevado a ganar más que el presidente Danilo Medina.
A la tasa de cambio de 41.3 pesos por dólar que estaba vigente en el 2013, año en que fue firmado el contrato, el salario del soldador trabajando a tiempo completo equivaldría a 660,535.68 pesos al mes, superando los 450,000 pesos por mes que obtuvo Medina ese año.
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Los documentos obtenidos por el Nuevo Herald fueron recogidos recientemente en el marco de las investigaciones realizadas en Brasil sobre el escándalo de corrupción que condujo a la cárcel al expresidente de la firma de ingeniería, Marcelo Odebrecht.
Pero la obra, cuya ejecución enfrenta problemas de financiamiento, ya llevaba cerca de dos años siendo cuestionada en República Dominicana, bajo acusaciones de que las otras tres firmas que compitieron contra Odebrecht en la licitación estaban más calificadas para realizar la obra y cobraban mucho menos.
"La empresa adjudicada, Norberto Odebretch-Tecnimont, es la empresa de menor calificación técnica comparada con las demás empresas participantes y con el mayor precio económico de las ofertas, USD 2,040 millones", declara una denuncia realizada ante el Senado por el Consorcio IMPE S.R.L, que se asoció con la china Gezhouba Group Company Limited, competir en la licitación.
El congreso había aprobado un tope máximo de $1,500 millones para la construcción de la central termoeléctrica con capacidad de 700 megavatios y las ofertas no debían superar ese monto.
Tres de los cuatro consorcios finalistas, que según la denuncia de IMPE eran los más calificados, presentaron ofertas inferiores al techo establecido, y la china Gezhouba Group Company Limited dijo que podía realizar la obra por $900 millones, Secop 111 solo cobraba $1,150 millones y Posco cotizó $1,200 millones, resalta la denuncia de Impe.
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No obstante, el ente regulador de la industria eléctrica del país –la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)– posteriormente dijo que la oferta presentada por Posco también superaba el techo establecido por el Senado, con un monto cercano a los $2,000 millones.
El argumento empleado por el gobierno dominicano para conceder la licitación a Odebretch es que la firma brasileña sacó una mejor evaluación que sus rivales, con la CDEEE otorgándole una calificación de 48.95 puntos frente al 35.70 puntos que obtuvo Posco; los 34.85 del China Gezhouba Group y los 29.95 de Sepco III Electric Power Construction Corporation.
El que el gobierno dominicano haya concluido que Odebretch era la firma mejor calificada tiene a muchos rascándose la cabeza, dijo desde República Dominicana Raúl Cabrera, Gerente General del Consorcio IMPE, el componente dominicano del grupo integrado por el China Gezhouba Group.
"Antes de abrirse las evaluaciones de la oferta técnica, la misma CDEEE declaraba que la firma nuestra era la que tenía la mayor experiencia. China Gezhouba estaba construyendo en ese momento la represa más grande del mundo, la Presa de las Tres Gargantas, y tenía un currículo de más de 60 plantas de carbón a nivel mundial", señaló Cabrera.
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"Ellos terminaron entregando el proyecto a una empresa que no ha construido en ninguna parte una planta de carbón, no tiene currículo para competir contra cualquiera de las otras compañías", agregó.
Eso, sin embargo, no fue impedimento para que las autoridades dominicanas le pagaran $1,000 millones más por la misma obra.
Documentos que salieron a relucir en Brasil a raíz de las investigaciones que se le realizan a Odebretch muestran que la firma brasileña tuvo un trato privilegiado, gracias en parte a los buenos oficios de la presidenta Dilma Rousseff, quien en al menos una ocasión actuó como cabildera para la firma brasileña.
Según un correo electrónico enviado en agosto del 2012 por Marcelo Odebrecht a la presidenta de Brasil, que surgió en el marco de la Operación Lava Jato, el jefe de la firma brasileña le sugirió que era "importante que Rousseff hable de la confianza que tiene en Odebrecht y de la disposición de financiamiento del BNDES [Banco de Desarrollo de Brasil] para sus proyectos".
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Una vez iniciado el proceso de licitación, el propio Medina salió a ayudar a Odebretch al advertirle directamente sobre imprevistos producidos en la licitación, aún cuando solo era presidente electo para ese momento, mostró un cable enviado por la embajada de Brasil que fue obtenido por el Nuevo Herald.
"La decisión de la CDEEE, anunciada por el Vicepresidente Ejecutivo, Rubén Bichara, que involucra expectativas de intereses de, entre otros, las empresas brasileñas Norberto Odebrecht y Andrade Gutiérrez, [...] correspondería a los señalamientos emitidos por el presidente electo, Danilo Medina, durante su visita a Brasil, el pasado julio", reporta el cable.
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Minou dice existe selectividad en sometimientos caso Odebrecht
Minou Tavárez Mirabal.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El partido Opción Democrática rechazó el criterio de selectividad en la justicia que supuestamente se ha intentado aplicar en el caso Odebrecht y demandó el fin de la impunidad.
En nota enviada a ALMOMENTO.NET, Minou Tavárez Mirabal, presidenta de la entidad, dijo que luego de que entre las pruebas más importantes contra los imputados estén las declaraciones juradas de bienes, es de rigor que se investiguen las "escandalosas" declaraciones de patrimonio de los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
"Sus declaraciones juradas de 2012 y 2016 deben compararse, investigarse, pues no es posible que en cuatro años sus patrimonios se hayan multiplicado hasta cuatro y seis veces", indica.
La ex diputada reitera su apoyo incondicional a las exigencias de la población que pide "se juzgue la falsedad, que las instancias responsables del Estado revisen la veracidad de las declaraciones juradas y que se apliquen las sanciones que establece la ley".
Tavárez Mirabal opinó que el cumplimiento de la ley es esencial para cambiar la cultura de ilegalidad en la que, dice, se desarrolla el país. Considera que ha llegado el momento en que se deje de ver con naturalidad lo mal hecho.
"El presidente Danilo Medina no se puede reelegir porque se lo impide la Constitución y mucho menos después de la burla y el irrespeto al pueblo dominicano con la utilización de los recursos de la corrupción ligados a Odebrecht que en 2015 se destinaron a sobornar a casi todo el Congreso para salirse con la suya para seguir saqueando al país", sostiene.
Familiares y abogados inspeccionan celda en La Victoria donde estará Ángel Rondón
LA VICTORIA. Familiares y relacionados del empresario Ángel Rondón, uno de los diez imputados por el caso Odebrecht, han acudido desde horas de la mañana de este jueves a la cárcel de La Victoria para supervisar los trabajos de acondicionamiento del lugar donde será recluido su pariente.
La esposa de Rondón y varios de sus hijos fueron vistos ingresar al recinto penal, donde obreros pintan las paredes y ponen en funcionamiento un aire acondicionado donde el empresario, acusado de haber sobornado a funcionarios públicos para la adjudicación de obras, deberá guardar un año de prisión preventiva.
Al lugar también acudió un asistente de Rondón y varios abogados, entre ellos el jurista Rafael Ureña, quien defendió al exdiputado Ruddy González y quien alegó estar allí en condición del empresario al que ejecutivos de Odebrecht admitieron haber entregado 92 millones para garantizar los contratos a través del pago de coimas a servidores públicos.
El lugar donde será recluido Rondón es una cuarto pequeño ubicado en el pabellón principal del centro penitenciario de La Victoria que era utilizado como oficina.
Danilo Medina nombra al periodista y diplomático Virgilio Alcántara embajador en Portugal
El diplomático también se ha desempeñado como embajador en Corea del Sur y cónsul en Japón y Nueva York, así como representante de la nación caribeña ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Alcántara se desempeñaba como embajador en Canadá, según un comunicado de la Presidencia Nacional.
El diplomático también se ha desempeñado como embajador en Corea del Sur y cónsul en Japón y Nueva York, así como representante de la nación caribeña ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Fue director y fundador del periódico Hoy y de los desaparecidos diarios Última Hora y El Expreso, así como director de Información y Prensa de la Presidencia durante la primera gestión del expresidente dominicano Leonel Fernández (1996-2000). EFE
La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
Los arrestados, todos en Madrid, presentaban licencias falsas de la República Dominicana que canjeaban por los permisos válidos de conducir en España sin necesidad de ningún examen, aprovechando los acuerdos entre los gobiernos de ambos países.
Entre ellos figuran los cuatro responsables de facilitar a sus compatriotas las licencias dominicanas falsas, informó la Policía española, que tuvo conocimiento a finales de 2016 de la existencia de un grupo organizado dedicado a esta actividad delictiva.
Tras varios meses, los investigadores identificaron y detuvieron a los cuatro responsables de la organización y a otras 112 personas que compraron las licencias falsas para cambiarlas por los carnés españoles, y a quienes se imputa un delito de falsedad documental.
Los agentes registraron cinco domicilios de la región autónoma de Madrid (centro), así como en un establecimiento de hostelería situado en la localidad de Alcorcón.
Intervinieron dos ordenadores portátiles, 16 teléfonos móviles y más de 4.000 euros (unos 4.500 dólares).
La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. EFE
Comey considera que fue destituido del FBI por la presión de la trama rusa sobre el Trump
l exdirector del FBI acusó en la audiencia a Trump y su equipo de "mentir" al exponer las razones de su despido, inicialmente apoyadas en la supuesta pérdida de confianza del Buró en él.
"No sé por qué fui despedido. Tomo al presidente por su palabra de que fui despedido por la forma en la que dirigía la investigación rusa y la presión que esto ejercía sobre él", afirmó Comey en su esperada comparecencia en el Comité de Inteligencia del Senado.
En una entrevista con la cadena NBC tras despedir de manera fulminante a Comey el pasado 9 de mayo, Trump aseguró que "la cosa rusa" pesó en su decisión de despedir al director del FBI, al tiempo que añadió que la investigación sobre la posible coordinación de su campaña con Rusia era un "invento".
Comey opinó hoy que posiblemente Trump "estaba frustrado porque la investigación de Rusia estaba tomando demasiado tiempo y energía en la esfera pública".
El exdirector del FBI acusó en la audiencia a Trump y su equipo de "mentir" al exponer las razones de su despido, inicialmente apoyadas en la supuesta pérdida de confianza del Buró en él.
Comey no escondió durante la comparecencia las contradicciones en las que cree que cayó el presidente: "yo lo tomo por su palabra. Puede que me equivoque; puede que haya dicho cosas que no son verdad", explicó.
La comparecencia del exjefe del FBI está siendo seguida con mucha expectación por si sienta las bases de un posible proceso de "impeachment" o juicio político en el futuro por posible obstrucción a la Justicia. EFE
Jueces que conocerán caso Odebrecht tienen historial de descargo en acusaciones de corrupción
SANTO DOMINGO. Por las implicaciones de figuras públicas que, por los cargos que desempeñan gozan de fuero privilegiado, el caso Odebrecht se conoce en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Los jueces de la Segunda Sala o Sala Penal serán los responsables de instruir el caso y decidir si hay elementos suficientes para una condena. En dicho tribunal sobresalen las sentencias de descargo en la mayoría de los casos de corrupción que le ha tocado decidir en los últimos años.
Juez miembro de la Segunda Sala. Es doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Fue Fiscal Adjunto del Procurador Fiscal del Distrito Nacional (1996-2000); Procurador General Adjunto y director de la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y Criminalidad Compleja de la Procuraduría General de la República.
En 2014 emitió sentencia, como juez de instrucción especial, en favor de que se levantara la nota de advertencia y oposición a los bienes del senador por San Juan, Félix Bautista, cuando fue acusado de corrupción y lavado de activos por el Ministerio Público. Del caso del senador, Soto Sánchez declinó conocer un recurso para que se le inmovilizaran los fondos. Fue de los que emitió el Auto de no Ha Lugar con el que se cerró el caso de Bautista; favoreció el archivo del caso contra el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y fue uno de los tres jueces que anuló una sentencia que ordenaba apertura a juicio por prevaricación y desfalco en Bienes Nacionales contra Elías Wessín Chávez, en 2014.
Es juez de carrera, miembro de la Segunda Sala. En su perfil se destaca que es doctora en Derecho de la Universidad Central del Este, obteniendo su título en 1985. Tiene doctorado en Sociedad Democrática y Estado de Derecho de la Universidad del País Vasco y maestría en Derecho (LLM, Lawyer Law Máster) en la Universidad de Puerto Rico.
Ingresó a la carrera judicial en 1998 como Jueza de Paz para Asuntos Municipales de Villa Mella, ocupó la posición de Jueza de la Instrucción, Presidenta del Primer y Tercer Tribunal Colegiado, Jueza de la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia.
En el caso contra el exministro Díaz Rúa, votó disidente al archivo del expediente, y expuso, entre otras cosas, que no era posible alegar la clandestinidad de la investigación que planteó la defensa del imputado y que acogió el tribunal, ya que se comprobó que sí tenía conocimiento del proceso. En su voto, a favor de la casación del caso, también consideró que la Fiscalía no violentó precepto alguno al declarar la inmovilización de los fondos a Díaz Rúa, pues es del criterio de que la acción se puede realizar sin la notificación previa de la persona investigada. También votó en contra del Auto de No Ha Lugar a favor del senador Félix Bautista.
Es la presidenta de la Sala Penal y Segunda Sustituta de Presidente de la Suprema.
En el perfil público que tiene la Suprema Corte de Justicia dice que es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), título que obtuvo en 1972. También que es jueza de carrera desde 1974 y que fue Jueza Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito.
En el caso que presentó la Fiscalía del Distrito contra el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa por corrupción, que terminó con la ratificación del archivo del expediente de parte de la Sala, Germán Brito votó disidente. En su voto planteó que el expediente fuera casado para que otro tribunal lo conociera y calificó de incorrecta (entre otras cosas) la declaratoria de nulidad de los proceso de investigación bajo el alegato de que al imputado no se le había comunicado la inmovilización de sus bienes porque. a su entender, en materia de lavado no exige la previa notificación o participación de las personas a las que se les embargan sus bienes.
La jueza también votó disidente cuando la Sala emitió un No Ha Lugar en el caso de corrupción instrumentado por el Ministerio Público contra el senador Félix Bautista.
Pidió al presidente de la Suprema que no la tomen en cuenta en el caso Odebrecht.
Es miembro de la Segunda Sala. Licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, graduado en 1990. Tiene maestría en Derecho, Legal Law Magistri (LLM) Universidad de Puerto Rico, concentrada en Derecho Penal y Procesal Penal, Magna Cum Laude.
Fue abogado ayudante del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, 1993-1998; Juez de la Séptima Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 1998-2003; Segundo Sustituto de la Presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, 2003-2011.
Fue uno de los que falló a favor del Auto de No Ha Lugar en el caso contra Félix Bautista, y del archivo de Díaz Rúa. Reyes conoció, como juez de instrucción especial, el expediente contra el senador por Higüey, Amable Aristy Castro, por supuesta corrupción cometida cuando estuvo al frente de la Liga Municipal Dominicana (LMD). Alegó, en su decisión, que la revocación del archivo dispuesto por un tribunal, era inconstitucional, puesto que el Ministerio Público había iniciado otra investigación previa, que archivó, con los mismos hechos.
Favoreció en 2014 la anulación de la sentencia que ordenaba apertura a juicio por prevaricación y desfalco en Bienes Nacionales contra Elías Wessín Chávez.
Juez miembro de la Segunda Sala o Sala Penal.
Se graduó de Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha realizado estudios de Posgrado en "Especialistas en estudios judiciales" magna cum laude en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, curso de Post Grado en" Derecho Constitucionales y Derechos Fundamentales" en la Universidad Castilla La Mancha, Toledo y tiene Maestría en Derecho Constitucional en la PUCMM.
Fue seleccionado como Juez de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura el 22 de diciembre de 2011, según se indica en el perfil que hace público la Suprema Corte de Justicia.
Moscoso Segarra ha ocupado los cargos de Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional; Procurador General Adjunto de la República; Director de la revista "Ministerio Público", Juez Suplente de la Junta Central Electoral; Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia; Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal.
Fue quien instruyó el caso del senador Félix Bautista y los demás coimputados de corrupción, dictando un Auto de No ha Lugar, que justificó en una doble persecución.
En 2012, conoció la orden de prisión preventiva en contra de Amable Aristy Castro, por supuesta corrupción en la LMD, y decidió dejarlo en libertad, porque consideró que no representaba peligro de fuga. También favoreció el descargo de Elías Wessín Chávez y el archivo del caso Díaz Rúa.
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