Rebajan RD$1.50 a gasolinas y gasoil Regular; aumentan avtur y kerosene
Regidores de Santiago rechazan alza de arbitrios dispuesta por Abel Martínez
SANTIAGO. El secretario general del Colegio Dominicano de Abogados con asiento en esta ciudad declaró ayer que la decisión tomada por el concejo de dejar sin efecto el alza en los arbitrios municipales para los registros civiles y conservaduría de hipotecas, demuestra que los gremios de abogados tenían la razón cuando rechazaron dicha disposición.
Ramón Estrella informó asimismo, que tanto la Asociación de Abogados como el Colegio, proseguirán en los tribunales de justicia local el proceso iniciado para obtener una decisión jurídica al respecto.
"El Ayuntamiento tuvo que volver atrás con los aumentos de los arbitrios que incrementó de forma desmedida, por lo cual quedó demostrado que eran ilegales e inconstitucionales", subrayó Estrella.
Indicó que en la sesión más reciente de la Sala Capitular, se reconoció que se había cometido un abuso con el aumento de los impuestos por diferentes servicios y que los gremios de los aboqados locales reciben con agrado.
En la sesión ordinaria del pasado 30 de mayo, los concejales locales dejaron sin efecto la ordenanza 3155-17 y la resolución 3156-17 sobre las nuevas tarifas para los registros civiles y de conservaduría de hipotecas, así como también autorizó a la administración de manera provisional, aplicar las nuevas tarifas por período de un mes.
Los regidores aprobaron una solicitud que en ese sentido envió el alcalde Abel Martínez, en interés de establecer un consenso con los diferentes gremios del área jurídica del municipio.
Los incrementos en los arbitrios oscilaban desde un 100 hasta en un mil por ciento, dependiendo de lo que se tratara.
Mientras permaneció el impasse entre las autoridades municipales y los gremios de abogados, el pago de los impuestos los realizaban en los municipios de la provincia como Licey al Medio, Tamboril, Puñal y Villa González.
El entramado particular de los catorce imputados en sobornos de Odebrecht
SANTO DOMINGO. Los sobornos que se movieron en el país entre 2001-2014 pagados por Odebrecht alcanzaron las 17 obras adjudicadas a la empresa en ese período. En la última contratada (2013), la Central Termoeléctrica Punta Catalina, existen indicios "serios y graves" de que también los hubo para su financiamiento, según la Procuraduría.
En el expediente en que el Ministerio Público sustenta su solicitud de imposición de medida de coerción contra 14 imputados, se detallan las acciones del empresario y lobista Ángel Rondón para la distribución de los sobornos a funcionarios y legisladores con el fin de asegurar contratos de Odebrecht con el Estado.
La empresa AAA Dominicana, contratista del Gobierno, figura en la lista de 40 sociedades usadas por Rondón para ocultar parte de los fondos que recibía por su labor de sobornante, de acuerdo con el expediente de la Procuraduría.
Esta empresa es contratista de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).
El expediente indica que en la CAASD, hasta enero de 2017, Kelly Marius Rondón, primo del imputado, se desempeñó como coordinador en el departamento jurídico de la institución. Esta persona, indica la Procuraduría, fue utilizada por el lobista para colocar, a través de cuentas bajo su titularidad en el sistema financiero nacional, RD$50,883,292.48 entre 2007-2017.
También estuvieron como titulares de cuentas en el sistema bancario local Angelina Rondón Marte, hija del procesado, de 37 años, y sus hijos Ángel Rafael Rondón Marte y Ángel Daniel Rondón Marte, indica la Procuraduría.
Ayer, el imputado afirmó en una llamada a un programa radial que no cree en el "testaferrismo" y que nunca ha puesto dinero a nombre de sus hijos u otras personas.
La Constructora Norberto Odebrecht utilizó al empresario Ángel Rondón (66 años) como eslabón principal en la cadena para sobornar a funcionarios y legisladores, afirma la Procuraduría. Se le atribuye adquirir fondos producto de la infracción grave del soborno.
En el expediente judicial se lo describe como "El hombre del maletín". En sus declaraciones en Brasil, Marco Vasconcelos, un exejecutivo de Odebrecht en el país, dijo que la compañía suscribió contratos de supuesta representación con Rondón, pero que estos no se vinculaban a ninguna obra y los pagos no fueron contabilizados.
El documento agrega que esos contratos eran por consultoría, y se usaron como escudo para sustentar las transacciones de soborno. Para que no se sospechara, los pagos se hacían a través de las empresas de Rondón, que incluyen a Conamsa Internacional y Lashan Corp.
El brasileño Luis Eduardo Da Rocha Soares, quien trabajó para la División de Operaciones Estructuradas, desde donde Odebrecht distribuía los sobornos, indicó que los pagos hechos a las empresas de Rondón se usaban para distribuirlos a funcionarios dominicanos.
Su labor como sobornante comenzó en el año 2002, indica la Procuraduría, cuando le ofreció a la Constructora gestionar la obtención del Acueducto de la Línea Noroeste e influir en funcionarios y legisladores para agenciar la asignación.
El expediente calcula que, con el producto del dinero que generaba en la actividad ilícita de soborno, Rondón logró colocar en el sistema financiero nacional, entre 2007-2017, sumas superiores a RD$844,290,992.76 y US$80,674,986.16. También que logró poner montos millonarios a nombre de familiares.
Vea también: Guía interactiva para entender el caso Odebrecht en la República Dominicana
Exdirector del Inapa y exministro de Obras Públicas
La acción por la que se le pide coerción se apoya en que alegadamente aceptó sobornos de Rondón para la contratación y ejecución de la adenda de cierre del Acueducto de la Línea Noroeste y de su Ampliación, del Acueducto de Samaná, de la Autopista del Coral, del Corredor Duarte, de la Carretera de Casabito, de la carretera Río Jarabacoa y del corredor Duarte II. Además, de asociarse con el imputado Radhamés Segura para violentar la ley de compras y contrataciones, y no hacer licitación para la carretera Casabito-Constanza. También, de usar al acusado Conrado Pittaluga, para recibir como soborno el 1.25 % del valor total de la Autopista del Coral, y de enriquecerse ilícitamente, apropiarse de dinero y adquirir fondos producto del soborno. En el expediente se establece que las transacciones sospechosas y el crecimiento ilegítimo de su patrimonio comienzan con las firmas de la adenda III de la construcción del Acueducto de la Línea Noroeste y del contrato de la Ampliación de la Línea Noroeste y su adenda, como se comprueba en certificaciones de la Superintendencia de Bancos en las que se precisa que el imputado depositó RD$2,400,000 en 2005.
Expresidente de C. de Diputados
Según la Procuraduría, habría aceptado sobornos de parte de Rondón para la aprobación del financiamiento en el hemiciclo de la Aplicación del Acueducto de la Línea Noroeste y las Hidroeléctricas Pinalito y Palomino. También alega enriquecimiento ilícito, apropiación de dinero y adquisición de fondos producto de la infracción grave del soborno. El expediente afirma que la aprobación de préstamos en el Congreso fue gestionada por Rondón a través de Pacheco y Bautista. Agrega que estos mantenían vínculos cercanos con el lobista, de quien recibían sobornos, lo que corrobora el delator de Odebrecht en Brasil, Ernesto Sá Viera Baiardi, quien alega el interés de estos en que se aprobaran los empréstitos.
Expresidente del Senado
Se le atribuye aceptar sobornos para la aprobación del financiamiento del Acueducto de la Línea Noroeste, de la Aplicación de dicha obra y de la Hidroeléctrica Palomino. También de enriquecerse ilícitamente, apropiarse de dinero y adquirir fondos producto del soborno. En el expediente, cuando se desglosa la imputación respecto al proyecto Pinalito, se indica que el testigo Marco Vasconcelos declaró "que era tan efectivo el nivel de compromiso" por los pagos realizados por Rondón a Bautista y Pacheco, que los trámites en el Congreso se realizaban con celeridad, "aprobando los financiamientos en menos de un mes". Sobre Palomino, el expediente indica que los montos del contrato y las adendas fueron financiadas a través de préstamos aprobados en la gestión de Bautista y Pacheco al frente de las Cámaras. Estos, con el proyecto de Pinalito -dice-, iniciaron en 2003 "relaciones estrechas" con Rondón, "facilitando la continuidad de la red de sobornos" para la ejecución de Palomino.
Exministro de Economía
La acción que se le imputa incluye aceptar soborno para viabilizar y motivar la firma del financiamiento de la Hidroeléctrica Palomino, el acueducto de Samaná, la autopista del Coral, el Corredor Duarte, las carreteras de Casabito y Río Jarabacoa, y el Corredor Duarte II. Además, enriquecimiento ilícito, apropiarse de dinero y adquirir fondos producto del soborno. Según el expediente, los préstamos para Palomino eran firmados por Montás en su función de secretario técnico de la Presidencia, "recibiendo sumas de dinero" por parte de Rondón. Además, que las actuaciones a favor de Odebrecht pudieron ocurrir en contrapartida a las donaciones de Rondón a su precandidatura presidencial en 2008, 2012 y 2016.
Exadministrador de la CDE
El Ministerio Público alega que recibió sobornos para la contratación de la Hidroeléctrica Pinalito y las adendas I,II y III, asociación para viabilizar la ejecución de dicho proyecto, enriquecimiento ilícito, apropiación de dinero y adquisición fondos producto del soborno. El expediente explica que fue uno de los contactos de Rondón para la hidroeléctrica. Indica que recibió dinero como soborno "para que opinara favorablemente" para que Odebrecht construyera la obra. El 30 de octubre de 2002, Sánchez firmó el contrato por US$131,721,079.97, a pesar de que la ley vigente establecía que para que una empresa participara en concursos u otra modalidad de adjudicación, debía estar asociada con una empresa nacional. Casi un año después se firmó una adenda para incorporar la Constructora Polanco. Como fruto del soborno, Sánchez "se enriqueció ilícitamente y aumentó su patrimonio neto en 100 %", dice la Procuraduría.
Exdirector del Inapa
Se alega que aceptó sobornos para las adendas I y II del Acueducto de la Línea Noroeste y que se asoció para violentar las leyes. También enriquecimiento ilícito, apropiación de dinero y adquisición de fondos producto del soborno. El expediente describe que accedió a viabilizar los trámites para concederle a Odebrecht el contrato del Acueducto de la Línea Noroeste, a cambio de sobornos. Para esta obra, el Estado suscribió un contrato en 1999 con el Consorcio Acueducto Noroeste. Rodríguez, según la Procuraduría, aceptó dinero para firmar en 2002 la adenda que introduciría ilegalmente a Odebrecht. Indica que en 2003 firmó la adenda para incrementar la partida de la supuesta complementación y terminación del acueducto, que el expediente establece que buscó incrementar los beneficios de Odebrecht y facilitar el soborno. Explica que Rodríguez recibió el pago en efectivo y depositó en un banco en 2006 RD$100,000,000.
Exvicepresidente de la CDEEE
La acción imputada comprende aceptar sobornos para las adendas 4, 5 y 6 de la Hidroeléctrica Pinalito y la contratación de Palomino; desviar fondos para Obras Públicas, según la adenda 6 de Pinalito; asociarse con Díaz Rúa para violentar leyes para la carretera de Casabito, enriquecerse ilícitamente, apropiarse de dinero y adquirir fondos producto del soborno. El 4 de abril de 2015 firmó con Odebrecht el contrato para Palomino por US$225,000,000, violentando la disposición de ley sobre la participación de empresas extranjeras en las contrataciones estatales sin asociación de alguna nacional, indica la Procuraduría. El expediente precisa que Rondón recibió el 3 % del valor de la obra por haber captado la oportunidad de negocio que se logró por su relación con Segura.
Senador
Según el expediente, habría aceptado sobornos de Rondón para viabilizar y motivar en la Comisión de Hacienda del Senado y en el Pleno la aprobación del financiamiento del acueducto de Samaná, la Autopista del Coral, el Corredor Duarte I y II, y las carreteras de Casabito y Río Jarabacoa. Además, se habría enriquecido ilícitamente, apropiado de dinero y adquirido fondos producto de la infracción del soborno. En el caso de la Autopista del Coral, el Ministerio Público indica que Galán y Temístocles Montás se encargaron de las gestiones en el Poder Ejecutivo y dieron celeridad a la aprobación de préstamos, diligencias por las que aceptaron soborno. Dice, además, que el testigo Marco Vasconcelos estableció que hubo donaciones en favor de la campaña del senador Tommy Galán en 2008, 2012 y 2016.
Senador
La acción que le atribuye la Procuraduría abarca aceptar sobornos para la viabilización y motivación de los vinculados a la Constructora Norberto Odebrecht, enriquecerse ilícitamente, apropiarse de dinero y adquirir fondos producto del soborno. El delator en brasil Marco Vasconcelos declaró, según el expediente, que para la aprobación del Corredor Duarte I Rondón contaba con el apoyo de Valentín como entonces presidente de la Cámara de Diputados, a través del diputado Ruddy González, "quienes también recibieron sobornos". Precisa el Ministerio Público que el 4 de febrero de 2010 se firmó la primera adenda al contrato, aumentando al monto original US$40,570,765.98, concertando la construcción de dos pasos a desnivel, sin licitación.
Exdiputado
La acción que le señala la Procuraduría se basa en que, en su calidad de diputado y miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara, habría aceptado dinero de soborno de parte de Rondón para la viabilización y motivación de los vinculados a la Constructora Norberto Odebrecht. Además, enriquecimiento ilícito, apropiación de dinero y adquisición de fondos producto de la infracción grave del soborno. El delator Marco Vasconcelos, según la Procuraduría, declaró sobre la estrecha relación de los imputados Valentín y González con Rondón, además de los aportes que el lobista alegadamente realizaba a la campaña de ambos legisladores. La Procuraduría indica en el expediente que el testimonio de Vasconcelos fue corroborado por González en un interrogatorio.
Abogado
La Procuraduría le atribuye asociarse ilícitamente y ser coautor de recibir el soborno exigido por Díaz Rúa "a través del contrato ficticio de representación legal de la Constructora Norberto Odebrecht" por el valor de 1.25 % del valor total de la Autopista del Coral, de apropiarse del referido dinero y adquirir fondos producto del soborno. El expediente detalla que luego de que la compañía agotara el requerimiento de contratar a Pittaluga, el 20 de agosto de 2008 se firmó el contrato de cesión y enmienda para la construcción y financiamiento de la Autopista del Coral, donde la constructora Hormigones Moya cedía sus derechos a Odebrecht, por US$272,269,336.44. La Procuraduría, además, destaca que Pittaluga levantó como notario las actas de la licitación para el Corredor Duarte I que ganaron Odebrecht e Ingeniería Estrella en consorcio.
Exdirector técnico de la Egehid
Como exdirector técnico de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), la Procuraduría lo señala por alegadamente recibir dinero de Rondón para opinar favorablemente para la construcción por Odebrecht del proyecto Hidroelétrico Pinalito. El Ministerio Público consigna que mantuvo contacto con el brasileño Heitor De Abreu Azevedo, director técnico de la Constructora Norberto Odebrecht, involucrado en Brasil en los casos de sobornos. Castellanos se desligó de la acusación alegando que durante sus funciones en el Estado nunca ha manejado fondos públicos.
Exadministrador de la Egehid
En calidad de exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) se le vincula en el expediente por alegadamente recibir dinero de Rondón para opinar favorablemente para la construcción por Odebrecht del proyecto Hidroelétrico Pinalito. El Ministerio Público, además, asegura que también mantuvo contacto con el brasileño Heitor De Abreu Azevedo, director técnico de la Constructora Norberto Odebrecht, involucrado en Brasil en los casos de sobornos.
Tras informarse de las solicitudes de coerción de dos legisladores y un ministro catalogados como "hombres del Presidente", así como altos dirigentes del partido oficial, todos involucrados en el caso de sobornos, el gobierno guarda silencio absoluto. Tras producirse los arrestos el pasado lunes, el presidente Danilo Medina ha limitado su participación en público y suspendido visitas, evitando así una confrontación con los periodistas.
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01 de Junio del 2017
Víctor Díaz Rúa amasó su fortuna en detrimento de los fondos públicos, afirma Procuraduría
Explica que Díaz Rúa empezó sus labores en el sector público en el ano 2004 como director de Inapa, devengando RD$72,847.97 y declaró que poseía un patrimonio neto de RD$63,532,898.00.
Así inicia lo relatado en la solicitud de coerción presentada por la Procuraduría General de la República contra el exministro, por su vinculación en los admitidos sobornos otorgados a funcionarios dominicanos por la empresa brasileña Odebrecht durante el periodo 2001 al 2014.
Indica que Díaz Rúa abrió directa e indirectamente enormes cuentas bancarias nacionales e internacionales, y sostuvo un nivel de gastos superior al que le permitían los bajos ingresos de su función.
"El enriquecimiento ilícito del imputado fue por más de trescientos millones según sus propias declaraciones juradas, evidentemente producto de la comisión de los actos de corrupción"
Explica que Díaz Rúa empezó sus labores en el sector público en el ano 2004 como director de Inapa, devengando RD$72,847.97 y declaró que poseía un patrimonio neto de RD$63 millones 532,898.00.
Señala que en 2006 presentó un 100 por ciento en su patrimonio ascendiendo a RD$153 millones 108,646.88 como cantidad neta; mientras en el año 2007 al comenzar sus labores como secretario de Obras Públicas y Comunicaciones se elevó a RD$414 millones 083,066.53 devengando un salario de solo RD$75, 101.00.
Asimismo indica que el 15 de septiembre 2006 "poseía RD$153 millones 108,646.88 y dicho crecimiento es una evidencia de las actividades ilícitas que realizaba el imputado en perjuicio de los fondos públicos, además de los sobornos que recibió de la adenda del cierre del Acueducto de la Línea Noroeste, la contratación de la Ampliación de la Línea Noroeste y la contratación del Acueducto de Samaná a favor de la compañía constructora Norberto Odebrecht quien actuaba a través del imputado Ángel Rondón".
Según lo establecido, Díaz Rúa en aproximadamente dos años aumentó su patrimonio en la astronómica suma de RD$89 millones 575,748.88 con un salario de 75 mil pesos como director de Inapa, lo cual dice no soporta ningún análisis económico ya que se trata de dinero ilícito producto de los actos de corrupción cometidos por el imputado en perjuicio de las arcas del Estado.
Destaca que aproximadamente un año más tarde de ser designado como secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, presentó un patrimonio de RD$414 millones 083,006.53 reflejándose en la cuenta de más de un 200 % en relación con las del 2006.
Destaca que además de enriquecerse ilícitamente producto de los actos de corrupción y los sobornos, Díaz Rúa procedió a realizar un acuerdo de voluntades con el también imputado Conrado Pittaluga Arzeno para colocar los recursos obtenidos del soborno en el contrato ficticio de representación legal en la construcción de la Autopista del Coral.
"Este procedió a introducirlo en el sistema financiero y de esta forma darle apariencia de legalidad a los referidos fondos, constituyendo en una red de lavado de activos donde utilizaba a varias personas", explica.
Autopista del Coral y Pittaluga
En 2008 fue suscrito un contrato de prestación de servicios legales relativos a trabajos de la Autopista del Coral entre el abogado Conrad Pittaluga y Odebrecht por la indicación de Víctor Díaz Rúa, y de acuerdo al testigo Marco Vasconcelos Cruz el imputado Díaz Rúa acompañaba paso a paso un proceso para cambiar el modelo de negocio del proyecto.
Dice que durante el periodo comprendido entre junio 2011 y agosto 2012, la constructora Norberto Odebrecht realizó a favor de Conrado Pittaluga, transferencias millonarios por un monto total de US$6,629,080.00 equivalente al 1.25% previsto en el contrato que buscaba cambiar la naturaleza del proyecto.
Este se emitió por supuestos servicios legales a través de la companía Newport Consulting LTD, fraccionados en varias transacciones en una cuenta corriente del banco Meiln Bank desde junio del 2011 hasta agosto del 2012.
Asimismo dentro de las transacciones recibidas en cuentas bancarias del imputado Pittaluga Arceno, también se encuentra la realizada en el banco Santa Cruz desde Newport Consulting a el acusado por un monto de cien millones de dólares.
Por otra parte, relata que mediante una certificación de la Superintendencia de Bancos se encontraron 13 transacciones sospechosas por un monto de RD$4,372,848.27 del periodo 2006 al 2010 y de igual forma posee transacciones en efectivo por un monto de RD$953, 976, 521. 28 del 2005 al 2017.
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Expediente completo de pedido de coerción contra imputados dominicanos en caso corrupción Odebrecht
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Pastor que protestaba encadenado a favor de hospital sufre crisis y es internado de emergencia
Pablo Ureña suma cinco días de protesta, pero las autoridades no ha respondido a sus reclamos para el hospital.
El pastro cristiano exige que el hospital infantil sea dotado de un tomógrafo y mejores quirófanos.
Ureña fue internado en la clínica Unión Médica del Norte.
A su llegada al este centro médico el predicador sería sometido a una revisión cardiovascular, según los informes preliminares.
Pablo Ureña fue trasladado de emergencia en una ambulancia, debido que en una revisión médica se determinó que su salud presentaba deterioro progresivo.
Pablo Ureña suma cinco días de protesta, pero las autoridades no ha respondido a sus reclamos para el hospital.
Temo truena: recibió dinero de Rondón para campañas PLD; nunca firmó contratos con Odebrecht y sí lo hicieron Díaz Rúa, Gonzalo, Segura, Bengoa, Germán, Lizardo y Toribio
Montás afirma que sí recibió dinero de Ángel Rondón, pero que estuvo destinado a financiar la campaña del PLD, y no de su proyecto político personal
Dijo que nunca ha firmado contrato con la constructora brasileña Odebrecht y mucho menos recibido sobornos para hacerlos aprobar en el gobierno.
Sostuvo que al intentar encausarlo por supuesta corrupción mediante beneficio de dinero de soborno la Procuraduría General de la República le hace daño político y moral, pero no podrá probar sus imputaciones.
"No he firmado nunca contrato alguno con la firma Odebrecht. Nunca. Ninguno", sostuvo el alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en un comunicado dado a conocer a todo el país y en el que en cambio da a conocer que esos contratos fueron negociados por otros funcionarios del gobierno.
Señaló que desde el año 2006 el Secretariado Técnico de la Presidencia, del que fue titular, dejó de tener la facultad de firmar los contratos de financiamientos internacionales en virtud de la aprobación de la Ley 494-06 que creó Secretaría de Estado de Hacienda, hoy Ministerio de Hacienda, que asumió esa facultad.
En el comunicado, Montás cita quiénes fueron los negociadores y firmantes de contratos por parte del gobierno con la firma Odebrecht, entre los cuales están Víctor Díaz Rúa, Gonzalo Castillo, Radhamés Segura, Vicente Bengoa, ingeniero Mariano Germán, Simón Lizardo y Daniel Toribio.
Detalla que en 2006 Segura, como vicepresidente de la CDEEE y Bengoa como secretario de Finanzas, firmaron el contrato para la construcción de la hidroeléctrica de Palomino que se extendió hasta 2010 por más de 340 millones de dólares, financiados por el Bndes.
"He recibido apoyo financiero de parte de múltiples empresarios dominicanos para contribuir a las campañas electorales de mi partido, entre los cuales estuvo el señor Ángel Rondón. Ninguna de esas contribuciones coincide con mi precampaña. Esos aportes fueron hechos en el año 2008, 2012 y 2016 y utilizados, en su totalidad, en favor del partido al cual pertenezco, en las tareas que me fueron asignadas en dichas campañas electorales"
Montás informó que el acueducto Samaná-Hermanas Mirabal fue negociado por Díaz Rúa inicialmente y luego por Mariano Germán, ambos como directores de Inapa, y por Bengoa y Toribio, ambos como secretarios de Hacienda en diferentes años. Su monto total fue de más de 215 millones de dólares y financiados por ABN AMRO, Bank Bndes.
Indicó que el proyecto de la autopista del Coral-Circunvalación La Romana fue negociado con Odebrecht por los ministros de Obras Públicas Díaz Rúa y Gonzalo Castillo, así como por Bengoa, Toribio y Simón Lizardo en su condición de ministros de Hacienda. Su costo superó los 235 millones de dólares financiados por BNP Paribas, BCIE, Eximbank y Citibank.
Sobre el corredor Duarte I, del 2009 a 2010, Montás dijo que su negociación fue responsabilidad de Díaz Rúa y Bengoa, cuyo financiamiento superó los 100 millones de dólares otorgados por el Bndes y local.
En el caso de la reconstrucción de la carretera Autopista Duarte-Casabito Constanza, fue negociado por Díaz Rúa y Bengoa en 2009 y financiado por el Deutsche Bank por un monto de 20 millones de dólares.
En tanto que en los trabajos de urgencia de la carretera Río-Jarabacoa en 2009, la negociación fue responsabilidad de Díaz Rúa y de Toribio, por un monto de 50 millones de dólares financiados por el Bndes.
Aclaró, sin embargo, que "la mención del nombre de los funcionarios de turno suscribientes de los contratos indicados tiene un objetivo meramente descriptivo de la operación a fin de desmentir las imputaciones del Ministerio Público respecto de mi supuesta participación". "Al indicar esos nombres no estoy formulando acusación alguna respecto de esas personas", precisó Montás.
Montás aclaró que cuando tenía facultad, firmó en nombre del Estado un contrato de préstamo a corto término con la reconocida entidad de intermediación financiera BNP Paribas, para realizar estudios geológicos de ingeniería y ambientales, "actuando por mandato del Presidente de la República y en virtud del poder que me otorgara el Poder Ejecutivo en el año 2005".
Patrimonio personal y Ángel Rondón
En cuanto a las acusaciones de la Procuraduría de que ha hecho un enriquecimiento ilícito al valorar sus declaraciones juradas, Montás expresó que en las indagatorias solo se hace mención a sus ingresos de 75,000 pesos mensuales como secretario técnico de la Presidencia, pero no se incluye sus ingresos como miembro del Consejo Directivo de Indotel donde ganaba 262,000 pesos mensuales, entre otros ingresos legales.
"Mi última declaración jurada en el 2016 refleja de forma exacta que mi patrimonio neto suma RD$38,2 millones, versus los RD$4.9 millones del 2004. La imputación expresa maliciosamente que gano RD$75 mil pesos mensuales. La realidad es que devengué dicho salario base en el período 2004 hasta marzo 2010, en adición a la suma de RD$262,300.00 mensuales como miembro del Consejo Directivo del Indotel", sostiene.
"A partir de abril 2010 mi salario base aumentó a la suma de RD$300,000.00 mensuales en adición a la referida compensación recibida por mis funciones en Indotel, compensación que dejé de percibir en apego a la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano. Estos salarios y otros ingresos personales y legítimos incluidos en mis declaraciones juradas, así como la revaluación de mis escasos inmuebles, justifican el incremento patrimonial en el período de 12 años que refiere el Ministerio Público en su hipótesis como resultado de sobornos", agrega.
Recibió dinero, pero para las campañas electorales del PLD
Montás aclaró que haciendo abono de su costumbre de siempre decir la verdad, reveló que recibió aportes económicos de Ángel Rondón para pagar actividades políticas del PLD que ha tenido a su cargo.
"He recibido apoyo financiero de parte de múltiples empresarios dominicanos para contribuir a las campañas electorales de mi partido, entre los cuales estuvo el señor Ángel Rondón. Ninguna de esas contribuciones coincide con mi precampaña. Esos aportes fueron hechos en en los años 2008, 2012 y 2016 y utilizados, en su totalidad, en favor del partido al cual pertenezco, en las tareas que me fueron asignadas en dichas campañas electorales", precisó.
Dijo que esas tareas las cumplió en el 2008 en la provincia San Cristóbal, en el 2012 en la provincia San Juan de la Maguana y en el 2016 en la Región Este del país.
"En ninguno de los casos -y quiero afirmar esto de manera enfática-, se me dijo que ese era un aporte de Odebrecht ni mucho menos que se esperaba contrapartida alguna, -sobre todo de mi parte, que no tenía absolutamente ninguna influencia, ni podía tenerla- en favor de operaciones que involucraran a esa multinacional", afirmó Montás.
Destacó que el apoyo financiero de proyectos políticos de parte de empresarios es una práctica común en la cultura política dominicana no prohibida ni sancionada por las leyes.
"En mi trayectoria política siempre he procedido con pulcritud, honestidad y transparencia en el manejo de los fondos y bienes públicos. Este hecho incontrovertible se prueba con los resultados de las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas y otros organismos fiscalizadores del Estado en los cargos públicos que he desempeñado, así como lo que entiendo es la opinión generalizada del pueblo dominicano", expresó Montás.
"Forjado en las luchas por la libertad y la justicia, les aseguro a todos mis compañeros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) creyentes en esos mismos valores y a todo el pueblo dominicano, que sirvo con entera honestidad a mi país. Por eso estoy decidido a defender mi honor y el de mi familia a toda costa. Tengo la conciencia tranquila…la verdad resplandecerá por encima de cualquier duda y nuestro horizonte político seguirá incólume hasta el final de la vida".
Las declaraciones del ingeniero (Juan) Temístocles Montás fueron enviadas a la redacción de Acento.com.do por la entidad "Amigos de Montás".
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El relato dice que el valor añadido a la obra por la adenda 6 fue de 88.1 millones de dólares. El monto original del contrato de Pinalito fue de 131.7 millones de dólares, pero se le añadieron 187.4 millones de dólares con las adendas, para quedar en un monto global de 319.1 millones de dólares.
El Ministerio Público dominicano presentó los datos en un documento de más de 300 páginas en donde describe cómo se produjeron los actos de soborno y quiénes fueron los responsables de sobornar.
En la solicitud de medidas de coerción el Ministerio Pública vincula con el Proyecto Hidroeléctrico de Pinalito a los señores Angel Rondón Rijo, César Sánchez, Bernardo castellanos, Máximo De Oleo, Andrés Bautista, Alfredo Pacheco y Radhamés Segura.
Cuenta el Ministerio Público que el contacto lo realizó Angel Rondón con César Sánchez, entonces administrador de la CDE, y que también habría hecho contacto con Bernardo Castellanos, director técnico de la empresa de generación Hidroeléctrica Dominicana, y Máximo De Oleo, administrador de la empresa Hidroeléctrica Dominicana. "Estos dirigían los procesos de actualización de estudios de los proyectos hidroeléctricos, por esta razón, el imputado Angel Rondón Rijo le entregó dinero como soborno, a fin de que opinaran favorablemente a que la Hidroeléctrica de Pinalito fuera construida por la empresa Constructora Norberto Odebrecht, dinero que fue pagado por la empresa según las declaraciones proporcionadas por el testigo Marco Antonio Vasconcelos Cruz, ex gerente general en la República Dominicana de la referida constructora, ante el Ministerio Público de la República Federativa de Brasil".
César Sánchez firmó el contrato con Odebrecht para la construcción del proyecto hidroeléctrico de Pinalito el 30 de octubre del 2002, por 131.7 millones de dólares. De acuerdo con el Ministerio Público César Sánchez violó la ley 322 de 1981, que obliga a las instituciones del Estado adjudicar obras a empresas radicadas en el país, pero que Odebrecht era una empresa extranjera, no nacional. Y se firmó el contrato de que hubiese una empresa nacional relacionada con el proyecto.
Marco Vasconcelos Cruz habría revelado que Rondón sobornó a César Sánchez para que viabilizara la aprobación del proyecto, y que Sánchez aceptó el soborno para que le fuesen adheridas tres adendas al contrato de construcción. Dice que Sánchez, fruto del soborno, se enriqueció y aumentó su patrimonio neto un 100 por ciento.
En cuanto a Máximo de Óleo y Bernardo Castellanos, el MP dice que estos mantuvieron contacto con Heitor De Abreu Azevedo, director técnico de Odebrecht, involucrado en Brasil con los casos de sobornos. Ese contacto se realizó a través de Angel Rondón, dice el documento del MP.
El proyecto Pinalito fue aprobado el 16 de enero del 2004 en el Congreso Nacional, siendo Andrés Bautista presidente de esa cámara, y luego aprobado por los diputados, siendo Alfredo pacheco presidente. Con ambos legisladores Angel Rondón mantuvo contactos directos para asegurar la aprobación mediante sobornos. Según el testigo Ernesto Sá Viera Baiardi, la aprobación fue posible por la intervención de Bautista y Pacheco, admitiendo el testigo que si no se hubiese sobornado a esos legisladores no se habría aprobado el financiamiento.
Marco Vasconcelos Cruz describió a los fiscales de Brasil que Rondón fue tan efectivo con Bautista y Pacheco que los trámites se realizaban en el Congreso con mucha celeridad, pues se aprobaban en menos de un mes, luego que eran remitidos por el Poder Ejecutivo.
En este documento se describe a Rafael Genaro Suero, ex administrador de EGEHID, como el enlace para el pago de sobornos a los técnicos y como la persona que se presentó a la oficina de Heitor De Abreu Azevedo y le ofreció la suma de de 80 mil dólares como soborno.
A partir de aquí el documento incluye a Radhamés Seguro, ingeniero administrador de la CDEEE, quien habría sido influenciado por el señor Angel Rondón para que se firmara la adenda 4 al proyecto el 14 de julio del 2005, aumentando la suma de 54.6 millones de dólares al proyecto de Pinalito.
Entiende que la desmesura de Radhamés Segura lo llevó a firmar la adenda 5, el 26 de octubre del 2006, donde se aumentó una vez más el costo del proyecto, esta vez por 44.7 millones de dólares.
"No conforme con los montos citados anteriormente, el imputado Ramón Radhames Segura, en fecha 25 de noviembre del 2007, violando la Ley No. 340-06, nuevamente procede a realizar la adenda No. 6. El objeto del contrato fue la ejecución de todas las obras, suministros y servicios adicionales requeridos para la implementación de los alcances contemplados en el mismo", dice el MP.
El relato dice que el valor añadido a la obra por la adenda 6 fue de 88.1 millones de dólares. El monto original del contrato de Pinalito fue de 131.7 millones de dólares, pero se le añadieron 187.4 millones de dólares con las adendas, para quedar en un monto global de 319.1 millones de dólares.
Las ampliaciones y adendas se debieron, dice el Ministerio Público, "al entramado de corrupción y la aceptación de los sobornos dados por la compañía a través de Angel Rondón a los imputados" César Sánchez, Bernardo castellanos, Máximo de Oleo, Andrés Bautista, Alfredo Pacheco y Radhamés Segura. La obra se inauguró el 11 de agosto del 2009. Pero el 23 de febrero del 2010 el administrador de EGEHIF, Víctor Gerame Ventura Hernández, firmó el contrato de cierre de la construcción, es decir siete meses después de la inauguración. "Dicho contrato de cierre fue la forma más clara y descarada de sustraer los fondos del Estado", dice la pieza de solicitud de medidas de coerción.
Para el proyecto de Palomino el Ministerio Público involucra a los mismos personajes, incluyendo ahora a Juan Temístocles Montás, quien desempeñaba el puesto de Secretario Técnico de la Presidencia. Este proyecto se firmó por 225 millones de dólares, en 2005, pero aún Odebrecht no tenía como socia una empresa nacional, lo que convierte en irregular el contrato.
Según el testigo Ernesto Sá Viera Baiardi el sobornante Angel Rondón Rijo recibió un 3 por ciento del valor de la obra por haber captado la oportunidad del negocio, lo que se logró en razón de su relación con Radhamés Segura.
En la gestión de Radhamés Segura se hicieron tres adendas por 35 millones de dólares. Los montos del contrato se financiaron con préstamos aprobados por el Congreso, bajo la presidencia de Andrés Bautista y Alfredo Pacheco.
Sobre la participación de Temístocles Montás, revela el Ministerio Público, fue señalada por el testigo Ernesto Sá Viera Baiardi y por el gerente de Odebrecht en el país, Marco Vasconcelos Cruz.
Esta historia continúa
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