Onamet pronostica lluvias por vaguada mientras 6 provincias están en alertaExplicó que la vaguada está ubicada sobre la parte oriental del país y que provocará lluvias dispersas en algunas provincias de las regiones norte, noreste, sureste y la cordillera central Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó lluvias para este sábado en varias regiones a causa de una vaguada, mientras que seis provincias están en alerta verde por posibles inundaciones a causa de las precipitaciones. Las provincias en alerta son Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, San Cristóbal y María Trinidad Sánchez. A través de un boletín, la Onamet explicó que la vaguada está ubicada sobre la parte oriental del país y que provocará lluvias dispersas en algunas provincias de las regiones norte, noreste, sureste y la cordillera central. En el resto del país habrá un cielo medio nublado en ocasiones con escasas probabilidades de lluvias. Sin embargo, los efectos de esta vaguada se espera que disminuyan a partir de esta noche, dando paso a condiciones de estabilidad atmosférica y pocas lluvias en gran parte del país.EFE Escuadrón de la muerte venezolano: unidad especial acusada de matar a más de 200 personas | |||
Nicolás Maduro estableció la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) en el 2017 para combatir el terrorismo, secuestros y otras emergencias nacionales. Se trata de oficiales con un entrenamiento militar especializado al que responsabilizan por al menos 200 muertes de personas en un solo año según los grupos de derecha del país. Según PROVEA, una ONG venezolana, el FAES se fijó en delincuentes menores el año pasado y desde entonces ha asesinado a cientos de personas en barrios de bajos ingresos sin ninguna investigación posterior. Y el contingente de la Policía Nacional, que sigue siendo leal al asediado Maduro, ha atacado y matado a más de 40 manifestantes en concentraciones antigubernamentales que estallaron en todo el país a principios de este año. Marino Alvarado, coordinador de investigaciones de PROVEA, dice que en total los FAES han matado a 205 personas. "Cada vez que se involucraban, terminaba en una fatalidad", dijo a Fox News. "Masacraban a unas cuatro personas cada semana". "Aquí tenemos una unidad de élite de nivel militar, creada en teoría para salvar vidas, pero la realidad es que ellos extinguen vidas", dijo Alvarado. "Su misión ahora es tomar las armas contra el pueblo venezolano, contra los que expresan su disentimiento". Ayer, la administración de Donald Trump emitió nuevas sanciones relacionadas con Venezuela en contra de cinco individuos, aumentando la presión sobre Maduro para que renuncie. Según el Tesoro de los Estados Unidos, uno de los objetivos es el director de FAES, Rafael Enrique Bastardo Mendoza. El Tesoro sigue apuntando a los funcionarios que han ayudado al régimen ilegítimo de Maduro a reprimir al pueblo venezolano", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado. "Estamos sancionando a los funcionarios a cargo del aparato de seguridad e inteligencia de Maduro, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos y ha suprimido la democracia, incluso mediante la tortura y otros usos brutales de la fuerza". Al explicar la decisión de emitir sanciones contra Bastardo, el comunicado de prensa de la agencia dijo: "FAES ha sido calificado como el 'escuadrón de exterminio' de Maduro, conocido por sus métodos brutales y apariencias enmascaradas, que llevan a cabo redadas nocturnas en todo Caracas." "Desde que Guaidó asumió su posición como presidente interino, FAES ha sido acusado de decenas de ejecuciones extrajudiciales en contra de la oposición. El 31 de enero de 2019, en medio de la conferencia de prensa de Guaidó sobre sus planes económicos, Guaidó dijo que FAES estaba en su casa amenazando a su familia". Aun cuando Maduro se aferra desesperadamente al poder ante las sanciones más estrictas, el FAES ha proclamado lealtad a su gobierno. "Estos son momentos extremadamente difíciles, momentos en los que tenemos que demostrar quiénes somos leales y quiénes somos desleales", dijo Bastardo en un discurso publicado en la cuenta de Instagram de la unidad. El FAES ha negado las acusaciones de que es un "escuadrón de la muerte" en las redes sociales y dice: "Nuestra lucha es contra todos los delincuentes que devastan nuestras comunidades. Si temes a los FAES es porque eres un criminal." Sin embargo, las acusaciones de brutalidad están respaldadas por fotografías y material de archivo publicados en las redes sociales, que parecen mostrar a los FAES transportando cuerpos sin vida y sacando sus armas contra los manifestantes. El 24 de enero, varias docenas de oficiales de FAES entraron en el barrio de Caracas de José Félix Ribas en vehículos blindados y en motocicletas. Los oficiales, vestidos con uniformes militares negros y máscaras, detuvieron a punta de pistola a Yohendry Fernández, de 27 años, y le preguntaron si tenía antecedentes penales, según contaron familiares y amigos. Cuando él respondió que sí, lo arrastraron a un callejón y lo asesinaron de dos disparos en el pecho.
Las reformas electorales en la picota y no reducen el alto costo de la política: Análisis de Juan Bolívar DíazEn la Ley del Régimen Electoral hay avances, frustraciones y hasta retrocesos, como en la Ley de Partidos con grandes incertidumbres, ambas aprobadas de emergencia después de muchos años relegadas en el Congreso y por el liderazgo político nacional La nueva Ley del Régimen Electoral aprobada esta semana por el Congreso Nacional y aún pendiente de promulgación contiene algunos avances, pero también frustraciones y hasta retrocesos, como ocurrió con la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas de agosto pasado, en ambos casos sin que sus resultados justifiquen la larga espera ni limiten el costo de la política. "Como caña pa´l ingenio" tituló HOY la aprobación de la Ley Electoral, cuando se cerraba la legislatura y en medio de las incertidumbres que afectan la Ley de Partidos, con impugnaciones de inconstitucionalidad y rechazo al financiamiento estatal adicional de la actividad partidista metido de contrabando. Como caña pa´l ingenio El proyecto de Ley del Régimen Electoral llevaba más de siete años, dando tumbos en el Congreso Nacional, presentado por la Junta Central Electoral (JCE) a fines del 2011 para adecuar esa legislación al nuevo marco establecido en la Constitución del 2010 y le pasaron dos elecciones generales relegado por la mayoría peledeísta. El de Ley de Partidos, aprobado en agosto pasado, pasó 16 años en el Congreso. Ambos fueron aprobados de urgencia, en lecturas consecutivas, sin dar tiempo a la ponderación y sin escuchar viejos clamores de democratización. Como se trata de un texto de 293 artículos, muchos con varios párrafos, es muy probable que muchos legisladores no conocieron más que el informe de la comisión bicameral que lo sancochó para que pudiera ser aprobado en la legislatura que agonizaba, extendida por el presidente Danilo Medina. No lo pudieron salvar de visibles defectos de redacción, redundancias y hasta confusiones, como el artículo 147 sobre "candidaturas independientes". Se ignora si de haber sido ponderado, algún legislador hubiese advertido que el régimen de sanciones contenido en los artículos 278-286, no es disuasivo de las violaciones y que en varios casos es hasta ridículo, como cuando establece multas de 2 y 5 salarios mínimos del sector público, que es de 5 mil 110 pesos. Para casi todas las violaciones, incluyendo fraudes electorales, sobornos para inducir el voto, falsedades de registros, o violación de las restricciones de campaña electorales y topes de gasto, las sanciones son de 6 meses a 2 años de cárcel. Al igual que en la Ley de Partidos, la mayor sanción está reservada para el que denigre o injurie a candidatos y dirigentes políticos, en esta de 3 a 10 años de cárcel, en aquella se le equipara con los crímenes y delitos de alta tecnología que conllevan cárcel, para quien a través de las redes sociales difunda informaciones "que empañe la imagen de un candidato". Los aspectos positivos El primer elemento positivo de la Ley del Régimen Electoral es que adecúa la legislación a los principios de legalidad, trasparencia, libertad y equidad, establecidos en la Constitución, y separa por completo las funciones administrativas y normativas de las contenciosas en materia electoral, reconociendo la independencia del Tribunal Superior Electoral, instituido por la Constitución promulgada hace 9 años. Demasiado tiempo para algo fundamental. La ley sanciona el transfuguismo, impidiendo una vieja práctica de perdedores en elecciones de candidatos, que pasan a ser postulados por otros partidos. Establece una Procuraduría Fiscal especializada para perseguir los delitos electorales, aunque la deja dependiendo de la Ley del Ministerio Público, con escasa independencia del Poder Ejecutivo. Separa la votación de los municipios de la de los distritos municipales y mantiene el voto preferencial para elegir los regidores y vocales municipales, disposición que muchos querían eliminar, aunque se queda corta al no dar también la opción a los electores de votar por un representante en la sala capitular distinto del acalde seleccionado. La nueva ley prohíbe realizar campaña fuera del período que proclame la JCE, y las inauguraciones de obras nacionales dentro de los 60 días antes de las elecciones presidenciales y congresuales y las de los ayuntamientos desde 40 días antes de los comicios municipales. El abuso de las inauguraciones llegó al extremo de que un mes antes de las elecciones del 2016, el presidente Medina "puso en marcha" la extensión de la segunda línea del metro, aunque no fue hasta dos años y cuatro meses después, en agosto del 2018, cuando en realidad entró en servicio. Retroceso y frustraciones La mayor objeción a la Ley del Régimen Electoral, apuntada como un gran retroceso, está en la aplicación de la cuota mínima de postulaciones por género. El artículo 136 acoge el principio constitucional de equidad de género, y eleva la cuota femenina al establecer que no debe haber menos del 40 por ciento ni más del 60 por ciento de las postulaciones a cargos electivo para mujeres y hombres. Pero lo daña la coletilla "de la propuesta nacional", en vez de en cada demarcación electoral y por nivel de elección como regía y ratificó la Ley de Partidos 33-18. Con razón el "Foro Feminista Magaly Pineda" se apresuró a objetarlo y pidió la observación presidencial, en virtud del mandato del artículo 39 de la Constitución que ordena al Estado "garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular". Con "la propuesta nacional", los partidos pueden relegar a las mujeres a las candidaturas en las demarcaciones donde tienen menos probabilidad de ganar, como objeta el Foro. Pero también podrían concentrarlas en las más de 3 mil 500 candidaturas municipales, especialmente para regidoras, vocales y suplentes. La mayor frustración de la ley aprobada está en haber rechazado el viejo clamor nacional de que se garantice el voto directo, de mandato constitucional, en la elección de los senadores, permitiendo la escogencia de estos independientemente de los diputados con voto preferencial. Eso lo reclamaron hasta la última sesión, sin ser escuchados, los legisladores de varios partidos opositores. Alto costo de la política La ley Electoral, como la de Partidos, no proyecta la reducción del costo de la política que hace años reclama la sociedad, al quedarse corta en la limitación de la irrupción del Estado en las campañas electorales, así como en los topes de gastos de los candidatos, que en el caso de los presidenciales llegarían el próximo año a casi mil millones de pesos, a razón de 127 por electores empadronados. Los topes son igualmente altos para los demás candidatos, a razón de 105 pesos por electores para los congresuales y 87.50 para los aspirantes a alcaldes. Así en la provincia Santo Domingo que tendrá alrededor de millón y medio de electores, a cada candidato a senador y a las 36 curules de diputados, se les legitima gastar hasta 157 millones de pesos, y 131 millones para los candidatos a la alcaldía. En una provincia media, como Espaillat, con 175 mil electores, cada candidato al Congreso podría gastar hasta 18 millones de pesos. Además de que a cada partido se le autoriza gastar 1.75 (sin especificar pesos) por elector, muy poco en relación a los candidatos. La inversión para obtener cargos electivos es muy superior si se toma en cuenta los topes de gastos establecidos para las precampañas en la Ley de Partidos: 70 pesos por elector para los aspirantes a candidatos presidenciales, 60 para los congresuales, 50 pesos para alcaldes, 25 para regidores y vocales. En resumen, que para ganar un cargo electoral se gasta muchas veces más que lo que se percibe como sueldo en 4 años, lo que mantiene el reinado del dinero en la enclenque democracia dominicana, que en gran parte proviene del Estado, del patrocinio de grupos económicos y de actividades ilegales, incluyendo el narcotráfico. Además de todo eso está el financiamiento a los partidos, que este año es de mil 506 millones de pesos y el doble en el 2020, el presupuesto de varios millones anuales para la JCE y todavía quieren que les financien las elecciones primarias. Seguirá pendiente la reforma política Visto el resultado hasta ahora de la Ley de Partidos y tal como se proyecta la del Régimen Electoral, parece que seguirá pendiente una reforma política integral que garantice el libre juego democrático, independientemente de quien usufructúe los poderes del Estado o reúna más dinero, legítimo o ilegítimo. Lo de la Ley de Partidos no podría ser más decepcionante, con varias demandas de inconstitucionalidad, algunas indiscutibles, pendientes en el Tribunal Constitucional que ya las declaró de urgencia, y ahí está el lío de las elecciones primarias, después del rechazo general al financiamiento clandestino impuesto, aunque mucho se advirtió que el subsidio de todos los partidos no alcanzaba para cubrir sus costos, como quedó en el artículo 47 de la ley. El costo de las primarias ha sido calculado por la JCE en mil 449 millones de pesos, por lo que los 200 pesos que se acordó aportarían los 5 partidos que tendrían elecciones primarias, representan apenas el 14 por ciento, y el 13 por ciento del subsidio de todos los partidos para este año. El futuro de las leyes queda también en el aire, a la luz de sus débiles sanciones y la disposición a violarlas, ya manifiesta en el financiamiento de las primarias. Por demás es relevante que las campañas por candidaturas, hayan seguido abiertamente sin que nadie pueda aplicar la ley en algo tan visible como las vayas en las vías públicas, lo que deja interrogantes de cómo aplicarán los límites de recaudaciones y de gastos que se pueden ocultar. Se dice que los 32 libros puestos en circulación por Leonel Fernández hace dos semanas, y los regalos de anillos y computadoras de Félix Bautista y Lucía Medina a 70 graduandos con honores en San Juan, no se cuentan como gastos de precandidatos Las bancas salen ganando con norma del Ministerio de HaciendaEl sector de las bancas de apuesta o lotería siguen ganado terreno en la República Dominicana, pese a las alarmas de varios sectores de la sociedad para que se ponga más controles, debido a los efectos negativos que pueden tener en la economía de miles de dominicanos. La última jugada a favor la consiguió el pasado 17 de enero cuando el Ministerio de Hacienda emitió la resolución 005-2019 que elimina los límites de 200 metros lineales de espacio que tiene que haber entre una banca de lotería y otra, así como la cantidad de metros reglamentarios entre una banca e instituciones públicas como escuelas y hospitales. Si las bancas no se ajustan a la ley, la ley se ajusta a ellas. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), Michel Dicent, afirmó en entrevista reciente a Diario Libre que en el país existen alrededor de 150,000 bancas de lotería y que la mayoría opera de manera ilegal. El propio Ministerio de Hacienda en su resolución reconoce que solo ha autorizado a operar 30,750 bancas en todo el país y pretende que con la eliminación de las limitaciones que ya se había dispuesto en la Ley 61-18 sobre Presupuesto General del Estado para el año 2019, se aumente la cantidad de bancas registradas y, por consiguiente, aumenten las recaudaciones del Estado. "Sin embargo, para poder cumplir con ese propósito, el Ministerio de Hacienda se encuentra en la obligación de establecer parámetros que suspendan o eliminen las dificultades que impedían cumplir con ese objetivo, durante el período de eficacia de la indicada ley 61-18, como lo es la distancia de los doscientos metros lineales que debe existir entre una banca de lotería y otra", reza uno de los considerandos de la reciente resolución. A mediados de 2017, mientras se discutía en el Congreso la Ley de Lavado de Activos, los congresistas decidieron dejar a las bancas de lotería y de apuesta fuera de la lista de instituciones que son sujetos obligados no financieros que, según la legislación, son pasibles de investigación por sospecha de lavado. Las nuevas flexibilidades a la lotería se dan en medio de gritos de más control de parte del propio Dicent que entiende que las ilegales, constituyen una competencia desleal, sobre todo porque no pagan impuestos. Para el analista financiero Alejandro Fernández, los juegos de azar, las loterías o bancas de apuesta, son un cáncer económico para el país, por lo que no entiende la medida que adoptó Hacienda. "Lo que se gasta al año, la adicción al juego, lo engañoso de la publicidad y lo que representa el gasto en juegos de azar, sobre todo, en los hogares de bajos ingresos", cuestiona. Se apoya en la cifra de 70,000 millones de pesos que dijo el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de República, Dionis Sánchez, que jugaron los dominicanos en 2014. "Lo que uno juega se va acumulado en el tiempo... aunque sea poquita cosa, sobre todo porque es un vicio, un hábito que se va acumulando días tras días, tras días y cuando uno viene a ver, cualquier hogar, podría haber despilfarrado decenas de miles y hasta millones de pesos, en el curso de la historia de un hogar en la falsa ilusión de que los juegos de azar los van a hacer ricos", plantea Fernández en una de sus notas financieras de Argentarium.com. El sociólogo Cándido Mercedes es los que cree que la medida de Hacienda no es buena para la sociedad, aunque lo sean para las finanzas del Estado. "Más bancas de apuestas significa mayor sangría del exiguo presupuesto de los sectores pobres y vulnerables de la sociedad dominicana... Socialmente, eso indica una cultura de la esperanza basada en el aire, no en sus capacidades", dice. Entiende que la medida daña aún más el tejido social de la realidad dominicana, que tiene un cuadro social dantesco y que contribuye a más extracción de dinero a los más pobres, "que tienen, una inmensa mayoría, el síndrome de la desesperanza aprendida". Hacer socio al Estado Ante la problemática que hay de bancas irregulares y la intención del Gobierno de transparentar el negocio y poder cobrar más impuestos, el director ejecutivo de Fenabanca le propone al Estado que se haga socio de estos negocios y le asegura que generaría más recursos de esta forma. "Creo que si se hace un consenso, que es lo que estamos proponiendo, en vez de 4 o 5,000 millones de pesos, esto podría llegar a 10,000 millones de pesos. Porque nosotros nos vamos lejos, que el Estado conecte todas las bancas, como hay otros países en el mundo, que están las bancas conectadas y en vez de cobrar franquicia cobre un por ciento de venta, van a ganar más y van a ser socio del negocio y por tanto lo van a cuidar", indicó. Expresó que ahora lo que pasa es que si los días 22 el dueño de la banca no paga, el Estado va a cobrar como quiera sus impuestos. Explicó que cuando un dueño de negocio se pasa de la fecha de pago le cobran un 12% de multa y mora por atrasarse. "Es decir, que lo que estamos proponiendo quizás es un poco más arriesgado y más innovador, pero es un buen punto, si el estado lo que quiere es recaudar fondos nosotros no tenemos problema". Bancas buscan un diálogo "No es hora de buscar culpables, sino de buscar solución a los problemas, porque aquí todos tenemos una parte de responsabilidad, reiteramos nuevamente nuestra fe de que con un diálogo sincero llegaremos a las mejores conclusiones, en favor de todas las familias que viven de este sector", dijo Michel Dicent. En ese sentido, sostiene que Fenabanca esperará la posición final del Ministerio de Hacienda, aunque entiende que hay mejores fórmulas. 10,000 | |||
SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Educación (MINERD) ordenó investigar el caso relacionado a un video que circula en las redes sociales en el que se muestra a un "gay" entregándole un regalo a un joven estudiante en un plantel escolar. El video fue grabado este 14 de febrero en el Liceo Benito Juárez, en Cristo Rey. Muestra a un hombre, no identificado, que entrega un peluche al estudiante en medio de la algarabía de un grupo de compañeros que exigían que se dieran un beso. La indagatoria fue encargada por el ministro de Educación, Andrés Navarro, a la Dirección de Orientación y Psicología de este departamento del Estado. La directora del liceo, Yordania Simón Morales; Roberto Rodríguez, director del Distrito 15-04 y José Vega, miembro de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), afirmaron que el joven es mayor de edad y que no será sancionado. Simón Morales aclaró que este último es un estudiante excelente, se le ha dado asistencia psicológica y que tiene todo el derecho de estudiar en ese ahí. "No somos promotores de la homosexualidad, somos un centro que trabaja en valores, un centro que trabaja de la mano con los padres", expresó Morales. De su lado, Rodríguez explicó que este fue un hecho al que no están acostumbrados. "En virtud de estos sucesos, se van a tomar medidas preventivas y se aplicará también un régimen de consecuencias", expresó. "Ya la Policía Nacional, la Policía Escolar y el Ministerio Público están detrás de ellos", explicó Vega. Sorteo Noche: 15 de Febrero del 2019.
EEUU: Trump declara una emergencia nacional para construir muro con MéxicoWASHINGTON.- Donald Trump ha tomado una vía desesperada este viernes y ha declarado una emergencia nacional en Estados Unidos con el fin de desplazar fondos para la construcción del polémico muro fronterizo con México. Fracasado su proyecto en el Congreso, el presidente apelará a los poderes especiales para conseguir fondos alegando una crisis de inmigración ilegal y de entrada de drogas. La primera difícilmente se sostiene con las cifras: el número de familias sin papeles que llegan a la frontera sí ha alcanzado un récord, pero el número de personas que cruzan ilegalmente se encuentra lejos de su máximo de hace dos décadas. Y la segunda, la entrada de drogas, tiene pocos visos de frenarse con un muro, dadas las vías que las redes de narcotráfico suelen utilizar para introducirlas en Estados Unidos. Además, el propio concepto de emergencia chirría con una batalla que lleva meses abierta en Washington. Trump ha hecho el anuncio en el jardín de la Casa Blanca, acompañado de familiares de un hombre asesinado por un extranjero sin papeles, en una forma muy gráfica de vincular inmigración irregular y delincuencia. Sin embargo, con el paso de las semanas, su discurso ha ido acentuando el riesgo del narcotráfico, frente al de la inmigración irregular, lo que hace más fácil justificar la emergencia. "Estamos hablando de una invasión de nuestro país, de drogas, de crímenes, de tráfico de personas", ha dicho. "Voy a firmar una declaración de emergencia, como han hecho otros presidentes antes que yo por cosas menos importantes. Esto es algo muy importante", ha insistido. En un momento, en la ronda de preguntas de los periodistas, se ha traicionado y ha reconocido que puede convertirse en material de un largo litigio: "Yo no necesitaba hacer esto, solo quería hacerlo más rápido". La Constitución de EE UU establece que no se puede utilizar dinero alguno del Tesoro sin una ley del Congreso, pero otra norma de 1976 autoriza al presidente a arrogarse poderes especiales en casos de emergencia. Trump planea usar una orden ejecutiva para el muro, un camino muy controvertido políticamente y plagado de dudas jurídicas. Ya, el jueves por la tarde, cuando se conocieron sus intenciones, la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, advirtió en rueda de prensa de que se trataba de una emergencia "creada por él" y dejó la puerta abierta al litigio. El jefe de gabinete, Mick Mulvaney, cifró en aproximadamente 8.000 millones de dólares (unos 7.095 millones de euros) la partida de la que el Gobierno podrá disponer con esta declaración para reforzar la seguridad en la frontera. En concreto, Trump tendrá acceso a 3.600 millones presupuestados para proyectos de construcción para los militares, 2.500 millones para un programa de narcóticos y 600 millones del Tesoro de fondos de recursos incautados, que se suman a los 1.375 millones que los legisladores republicanos y demócratas sí habían pactado para vallas en la frontera. Lo que no está claro es si este recurso va salir adelante sin tropiezos. Los demócratas pueden tratar de bloquearlo en el Congreso (aunque necesitarían el apoyo del Senado, controlado por los republicanos) o llevarlo ante un juez, algo que también pueden hacer organizaciones sociales o particulares, como ocurrió con el veto migratorio. El propio presidente anticipó una batalla jurídica. "Acabaremos en el Tribunal Supremo y espero que tengamos un trato justo y ganemos", afirmó. Símbolo racistaLa medida tiene lugar después de que las dos instancias del Congreso estadounidense, la Cámara de Representantes y el Senado, aprobasen el jueves un paquete presupuestario con el apoyo de una amplia mayoría bipartita. Republicanos y demócratas habían logrado consenso para garantizar la financiación de la Administración hasta, al menos, septiembre, pero el proyecto de ley no satisfacía al presidente porque no otorgaba los 5.700 millones de dólares (5.055 millones de euros) que había solicitado para empezar el muro en la frontera. Solo contemplaba, en cambio, los citados 1.375 millones para "vallado" y "barreras". Aun así, renunció a vetarlo, es decir, a no firmar la ley una vez aprobada en el Capitolio, lo que hubiese abocado a la Administración a un nuevo cierre, muy costoso económica y políticamente. Para evitar la imagen de claudicación total respecto a una de sus promesas electorales estrella, ha decidido recurrir a la emergencia nacional. El muro con México se ha convertido en un fetiche de la política de mano dura contra la inmigración ilegal y las drogas de Trump. Lo anunció en verano de 2015, nada más lanzar su carrera como precandidato para las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, en un discurso en el que vinculaba inmigración y crimen y llegó a acusar al país vecino de enviar a EE UU "asesinos" y "violadores". Ya hay partes del muro construidas desde hace años. Los Gobiernos de Bill Clinton y George Bush levantaron tramos de valla en la frontera mexicana, pero en el discurso de Trump, con un saldo migratorio negativo con los mexicanos, esta promesa se ha convertido en un símbolo racista. Por el pulso del muro, EE UU pasó entre finales de diciembre y finales de enero el cierre parcial de Gobierno más largo de su historia por falta de fondos, lo que suena inverosímil en el país más rico del mundo. El motivo es que, si los legisladores no se ponen de acuerdo en el presupuesto, cuando este se agota, la Administración debe bloquear buena parte de su operativa, lo que esta vez dejó a 800.000 empleados públicos sin cobrar su sueldo. El muro exigido por Trump impidió el acuerdo y, cerca de Navidad, el país entró en cierre hasta el 25 de enero, cuando el presidente, muy desgastado en las encuestas, cedió y concedió una tregua de tres semanas. Esta acababa este viernes, pero el lunes por la noche demócratas y republicanos ya habían alcanzado un principio de acuerdo. Otra larga batallaEl martes, recién conocidas las líneas maestras del acuerdo, Trump reconoció de forma velada la derrota. "No puedo decir que esté contento", dijo a la prensa en la Casa Blanca. Por la noche, sin embargo, recondujo la situación, pese a no confirmar si firmaría o vetaría el pacto. "El muy trabajador senador Richard Shelby me acaba de exponer el concepto y los parámetros del acuerdo de seguridad fronteriza. Teniendo en cuenta todos los aspectos y sabiendo además que recibirá mucho dinero de otras fuentes, tendremos casi 23.000 millones de dólares (unos 20.400 millones de euros) para seguridad fronteriza. Independientemente del dinero para el muro, que está siendo construido mientras hablamos", escribió en Twitter. La imagen de cesión, en cambio, fue creciendo conforme pasaban las horas, con las críticas de los sectores más duros del trumpismo planeando sobre la Casa Blanca. Y Trump tomó una tercera vía que augura una -otra- larga batalla. | |||
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