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MARACAY, Venezuela — Una semana después de que la agencia venezolana de inteligencia lo detuviera, el capitán retirado de la Armada apareció destrozado ante un tribunal militar. Estaba en una silla de ruedas y mostraba signos de tortura.
“Auxilio”, le dijo a su abogado.
El capitán, Rafael Acosta, murió ese dÃa. Fue enterrado el 10 de julio, tres semanas después, en contra de los deseos de su esposa y rodeado de guardias de seguridad en una operación controlada por el gobierno. Los cinco familiares a los que se les permitió asistir no pudieron verlo: el cuerpo estaba envuelto en un plástico marrón.
Según algunas secciones del informe de su autopsia, que fueron filtradas, Acosta sufrió un traumatismo por fuerza contundente y electrocución, y las autoridades han admitido el uso de fuerza excesiva en su caso. Su muerte evidencia que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha usado un brutal aparato de represión contra sus propios militares, en un esfuerzo por mantener el control de las fuerzas armadas y, a través de ellas, del Estado.
EL TIMES
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En reiteradas ocasiones, los principales lÃderes militares han declarado su lealtad al gobierno. Pero en los últimos dos años, a medida que la economÃa petrolera se derrumbaba y la mayorÃa de los venezolanos empezaron a sufrir de una severa escasez de alimentos y medicinas, las facciones dentro de las fuerzas de seguridad han ejecutado al menos cinco operaciones para derrocar o asesinar al mandatario.
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El gobierno afirma haber frustrado al menos una docena más de complots en ese perÃodo, incluido un plan con el que Acosta y otros cinco detenidos fueron vinculados.
Los medios estatales definen esas amenazas, reales e imaginarias, como “un golpe continuado”. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la organización polÃtica de Maduro, recurre a esa mentalidad de asedio para justificar la vigilancia constante, las detenciones arbitrarias y las torturas hacia quienes considera sus enemigos, lo que incluye a los 160.000 soldados de las fuerzas armadas de Venezuela, según han denunciado las Naciones Unidas, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y los familiares de las vÃctimas.