Principales candidatos presidenciales gastaron $1,788 millones en campaña | |||
SANTO DOMINGO.- Los candidatos presidenciales de los tres principales partidos de la República Dominicana gastaron RD$1,788,466,163 en el pasado proceso electoral. Conforme una nota de El Caribe, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, reportó gastos por RD$750,615,506. Eso es 122 millones menos que lo establecido por la resolución del tope de gastos de campaña que estableció la Junta Central Electoral (JCE). Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), reportó RD$904,607,213, más de 18 millones de pesos menos de la cifra tope. Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo (FP), reportó RD$133,243,444, es decir, 789 millones menos que lo permitido por la ley. Guillermo Moreno, de Alianza País, reportó RD$8,288; 484, lo que significa 916 millones menos de los permitido por la Ley. Ismael Reyes invirtió RD$5,200,000, 917 millnes de pesos menos y Juan Cohen 920 millones de pesos menos al reportar gastos de campaña RD$2.0 millones. El informe de gastos de los candidatos abarca desde el 17 de marzo, cuando se emitió la proclama que dejó abierta la campaña presidencial, hasta el jueves 3 de julio cuando finalizó la campaña. Arrestan al "héroe" del Hotel Ruanda que salvó a centenares durante genocidioAl hombre se le acusa de terrorismo. La Justicia ruandesa arrestó hoy bajo cargos de terrorismo y pertenencia a banda armada a Paul Rusesabagina, el exgerente del Hotel Des Milles Collines de Kigali, que inspiró la película "Hotel Ruanda" y salvó a centenares de personas durante el genocidio contra los tutsis de 1994. "Rusesabagina es sospechoso de ser el fundador, líder, patrocinador y miembro de bandas violentas, armadas y extremistas", explicó hoy Mulangira Thierry, portavoz de la Oficina de Investigaciones de Ruanda (RIB), quien le tiene en custodia en la comisaría de Remera, en la capital. Rusesabagina, de 66 años, se convirtió en un opositor muy crítico con el presidente Paul Kagame y vivía en el exilio entre Bélgica y Estados Unidos, donde creó una fundación que promueve la reconciliación para evitar nuevos genocidios. El que fuera gerente del hotel más famoso de Ruanda, que albergó a más de 1,000 tutsis y hutus durante el genocidio para salvarlos de los hutus extremistas, contaba con una orden de arresto internacional acusado de crímenes como asesinatos y secuestros de civiles ruandeses. La Fiscalía ruandesa le acusa de pertenecer a "bandas terroristas" como la plataforma opositora Movimiento Ruandés por el Cambio Democrático (MRCD-Ubumwe), de la que fue fundador, y que cuenta con brazos militares que han atentado en territorio ruandés. La labor de Rusesabagina en el hotel Mil Colinas inspiró la película 'Hotel Ruanda' (2004), basada en la historia de este influyente hombre de negocios hutu, casado con una tutsi, que consiguió proteger en sus instalaciones de los militares y los genocidas a unas 1,200 personas. En 2005, el expresidente estadounidense George Bush le otorgó la Medalla Presidencial a la Libertad por su labor y sus hechos heroicos. Sin embargo, la asociación de víctimas del genocidio Ibuka asegura que su rol de salvador en el genocidio ruandés, en el que fueron asesinadas unas 800,000 personas en algo más de 100 días, ha sido exagerado. La Fiscalía le acusó en 2010, junto a la líder opositora Victoire Ingabire, de financiar actividades terroristas y grupos armados. Por esos cargos, Ingabire, la principal enemiga política de Kagame, fue arrestada y condenada a 13 años de cárcel, hasta su puesta en libertad bajo indulto presidencial en septiembre de 2018. En una entrevista con Efe en 2014, el opositor contaba que al principio apoyó al actual presidente, pero "el Gobierno de Kagame ha ido haciéndose menos democrático cada año. No hay ni poder compartido ni espacio político". "Creo que se ha convertido en un dictador millonario a quien le importa su propia fortuna, no los ruandeses", explicaba entonces. Gobierno decide transformar a Punta Catalina para que opere con biogasSANTO DOMINGO.- El nuevo gobierno de la República Dominicana ha decidido transformar la central termoeléctrica Punta Catalina a fin de que opere con gas natural, en vez de carbón mineral, dijeron a ALMOMENTO.NET fuentes del Palacio Nacional. Indicaron que en este sentido ha sido iniciadas consultas a expertos, bajo el entendido de que dicha transformación traerá consigo un considerable ahorro de dinero y se evitarán los daños ambientales que estaría provocando la actual operación con carbón mineral. Una de las preocupaciones oficiales es la gran cantidad de cenizas que está dejando la planta, las cuales, según moradores de comunidades vecinas, contaminan ríos y otras áreas vitales. Animado por el éxito que han tenido ingenios del Grupo Vicini que han comenzado a laborar con gas natural, el gobierno ha decidido transformar esta termoeléctrica, la cual fue inaugurada a comienzos del pasado agosto por el entonces presidente Danilo Medina. La Central Termoeléctrica Punta Catalina está integrada por dos unidades de generación eléctrica de 376 MW brutos cada una. Está ubicada en el distrito municipal de Catalina, provincia Peravia, y genera energía a partir de la quema limpia de carbón mineral pulverizado. Consta de un muelle carbonero con una capacidad máxima de 80,000 toneladas, sistemas de descarga y almacenamiento de carbón completamente cerrados, depósito de cenizas, almacén central para repuestos, plantas de producción de agua y de tratamiento de aguas residuales, una subestación eléctrica de 345 kV 138 kV y las líneas de transmisión que conectan la energía que ella genera, al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). El biogás es el gas que se genera naturalmente o por medio de dispositivos específicos, a partir de la fermentación o biodegradación de la materia orgánica. El nuevo presidente dominicano Luis Abinader confía en que miles de campesinos podrían beneficiarse produciendo biomasa, la materia orgánica desde la cual sería extraído el gas natural para Punta Catalina, dijo la fuente. En el ámbito de la energía renovable, esta materia, al ser fermentada y biodegradada, da lugar al biogás mediante la acción de microorganismos anaerobios. Medidas que provocan ruidos y abren frentes al nuevo GobiernoLuis Abinader Corona, presidente de la República. SD. A pocas horas de instalarse y sin haber terminado de conformar su gabinete, varias medidas tomadas por el presidente Luis Abinader comenzaron a abrirles varios frentes y provocaron "ruidos" que han generado "grietas" a la imagen del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que amenazan la tradicional luna de miel, que otorga la oposición y la población a una nueva administración, en sus primeros cien días de gestión. Aunque la nueva administración se abrió varios frentes a las pocas horas de asumir las riendas del Estado, algunas acusaciones en los últimos días han despertado la reacción del pasado gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuya entidad ha tenido que salirle al frente a insinuaciones de nuevos funcionarios sobre supuestas irregularidades encontradas en varias dependencias oficiales. Una de las primeras acusaciones la hizo el ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien afirmó que la pasada gestión de esa cartera no dejó nada planificado para el inicio del próximo año escolar, lo que de inmediato fue desmentido por el partido, técnicos y exfuncionarios peledeístas de la cartera educativa, que citaron entre los preparativos que encontró el nuevo incumbente una resolución, un protocolo y un plan de acción, entre otras medidas. En ese tenor, el presidente Abinader no se quedó atrás y reveló a directores de medios de comunicación que no se tenían informaciones sobre inventario, deudas, pagos y compras en el Plan Social de la Presidencia, debido a que se habían llevado los discos duros de las computadoras y las habrían dejado vacías. De igual manera, el mandatario habría denunciado que en el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal) dejaron bloqueado el sistema de computadoras. Ambas denuncias fueron desmentidas por los extitulares de esas instituciones. Iris Guaba, exdirectora del Plan Social de la Presidencia, negó que los discos duros del área de Informática de la institución desaparecieran; y aclaró que las informaciones de la dependencia quedaron resguardadas en un centro de servidores y colocadas en archivos en las nubes. De su lado, el doctor Enriquillo Matos, exdirector de Promese/Cal, también enfrentó las acusaciones y dijo sentirse sorprendido con las informaciones de que en esa institución se llevaron las claves, ya que en su gestión se licitó y adjudicó a una empresa el sistema de automatización de procesos informáticos para modernizar la entidad, cuyas mejoras se dejaron en manos de las nuevas autoridades. Otro escándalo estalló el pasado viernes cuando la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que modifica el artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) para permitir que Wellington Arnaud, dirigente del PRM, pueda ser su director ejecutivo, porque es abogado y la legislación establece que debe ser un ingeniero civil. Esta decisión de los diputados fue calificada por el presidente del Codia, Francisco Marte, como "una puñalada trapera a la clase profesional de las ingenierías". Otros ruidos Los nombramientos de familiares de connotados dirigentes del partido oficialista en puestos claves del gobierno también han generado un caudal de críticas, por considerar que es una expresión del favoritismo político y no el producto de la meritocracia. Otro punto que generó diversas reacciones y afectó indirectamente la imagen del naciente gobierno y del partido oficial, fue que, en su estreno como presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció el sometimiento del proyecto de ley de Código Penal sin el aborto en las tres causales, lo que desató la reacción de organizaciones sociales y de mujeres que vieron la medida como un incumplimiento de una promesa de campaña y la negación de los derechos de las mujeres. Caso Dagoberto Tejeda Causó sorpresa e indignación en el mundo cultural y otros sectores, la cancelación por decreto del folclorista e investigador Dagoberto Tejeda Ortiz como asesor de la Comisión Nacional de Carnaval. Luego el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que se trató de un error que iba a ser enmendado por el Ejecutivo. | |||
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"Firmeza frente a la corrupción", declara Miriam Germán BritoEn la reunión participaron los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso, Ana Burgos, Rodolfo Espiñeira y otros funcionariosSANTO DOMINGO (RD). - La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, proclamó que actuará con firmeza frente a la corrupción y otros delitos. Al mismo tiempo, la funcionaria dijo que trabajará junto a su equipo garantizando la integridad de los procesos de investigación. La Procuradora General de la República sostuvo un encuentro de trabajo con parte del equipo que acompañará su gestión desde las distintas áreas que maneja su despacho, con miras a garantizar la operatividad y el óptimo desempeño de todas las dependencias bajo su responsabilidad. Germán Brito instruyó a todos los servidores de la dependencia que dirige a ponerse al servicio de la población con el objetivo de reconectar la función del Ministerio Público con la ciudadanía.
"Todos tenemos la misión de reconectar a la Procuraduría General, a las procuradurías de cortes, a las fiscalías y a todas las áreas del Ministerio Público con el ciudadano y la ciudadana. Somos, como Ministerio Público, su puerta de entrada al sistema de justicia y debemos velar por la preservación de su integridad, sus bienes y sus derechos", dijo la Procuradora General. En la reunión participaron los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso, Ana Burgos, Rodolfo Espiñeira y otros funcionarios. La procuradora Germán Brito citó, entre las prioridades de su gestión, un apego riguroso y transparente a los criterios de profesionalización de la función, con el fortalecimiento de las técnicas investigativas y el respeto a la Constitución, las leyes y las normativas internacionales. Miriam Germán Birto Procuradora General de la República. "La firmeza en la persecución del tipo penal de que se trate no implica que esta Procuraduría parta del errado supuesto de que, al pasar a ser procesada una persona, pierde todos los derechos reconocidos en la Constitución, tratados y leyes", recordó. "No toleraremos la corrupción, el narcotráfico ni ningún otro delito; ni tampoco trataremos a los procesados con paños tibios. Las investigaciones se harán a profundidad, teniendo como norte aportar pruebas a los tribunales que, por haber sido recabadas sin violar derechos y apegadas a la ley, podrán sustentar una sanción que soporte cualquier escrutinio que ejerzan los procesados a través de los recursos legales a su disposición", dijo. Al mismo tiempo, instruyó a todo el personal del Ministerio Público a proceder siempre teniendo en cuenta los derechos que el Código Procesal Penal prevé para las víctimas. "Daremos los pasos correspondientes para fusionar y simplificar los dos sistemas a cargo de lo penitenciario, a fin de completar correctamente la reforma penitenciaria bajo la guía del nuevo modelo penitenciario, reconocido como referente internacional positivo", adelantó. La Procuradora General también apuesta sus esfuerzos a erradicar las prácticas atentatorias contra la dignidad humana y la seguridad ciudadana presentes, hasta ahora, en las prisiones tradicionales. "Para esta tarea, ya hemos iniciado las coordinaciones con otras dependencias del Estado y confiamos en que contaremos con el apoyo de toda la sociedad dominicana", dijo. Recordó que, a todos los ciudadanos, aún los perseguidos por el sistema de justicia, debe preservárseles su integridad personal y sus derechos mientras el Ministerio Público gestiona, con el aporte de pruebas sustentadas, que se les aplique todo el peso de la ley conforme a la gravedad de sus actos. La magistrada Germán Brito llega a la Procuraduría General tras una dilatada carrera en el sistema de justicia dominicano. Aseguró que se propone actuar siempre bajo el mandato constitucional para instrumentar los expedientes y aportar las pruebas que permitan a los jueces imponer desde el estrado la pena que amerita cada caso en los tribunales. "El eje de nuestro desempeño será la transparencia, la cero impunidad y la intolerancia ante los abusos de derecho", acotó Salud Pública anuncia hará 900 mil pruebas de COVID resto del añoBONAO.- El ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias, informó que el gobierno se propone realizar 900 mil pruebas del COVID-19 desde ahora a diciembre de este año. Reveló que cuenta con más de 100 mil recibidas en las últimas horas y con 500 mil que gestiona con los israelíes. Arias formuló estas declaraciones durante un recorrido por el hospital Pedro Emilio de Marchena junto al doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS); Héctor Acosta, senador de Monseñor Nouel; Raquel Jiménez, gobernadora provincial; Eberto Núñez, alcalde de Bonao, y otros funcionarios. El ministro dijo que a partir de este lunes se inicia el reclutamiento y entrenamiento del personal que trabajará en el centro asistencial local. De esta manera cuando sea entregado por los constructores estará disponible de inmediato para ofrecer servicios. ¿Con modificación de la ley 5994 se privatizará el servicio de agua potable en el país?
El agua es un derecho de la población. El Gobierno justificó este sábado la modificación de la Ley 5994, del 1 de diciembre de 1962, que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y afirmó que la misma no se hizo para permitir la designación del abogado Wellington Arnaud como director general de la entidad, sino, con el propósito de facilitar un conjunto de alianzas con el sector privado para el desarrollo de acueductos en todo el país. De esta justificación surge la inquietud de que, si el Gobierno entonces, privatizará el servicio de agua potable en el país, considerado como un servicio de primera necesidad y el acceso a la misma como un derecho de la ciudadanía. Según la justificación gubernamental, los proyectos que se ejecutarán mediante alianzas público privadas requieren de la formación legal, la capacidad gerencial y política de Arnaud. El primero de los proyectos iniciará en Punta Cana-Bávaro y será anunciado en los próximos días dijo el Gobierno. Las alianzas público privadas para el desarrollo de proyectos son una propuesta de campaña y uno de los puntos del programa de gobierno del presidente Luis Abinader. Ya el país tiene experiencia en las alianzas público privadas para el desarrollo de obras importantes en sectores sensibles, aunque los resultados para la población no han llenado del todo las expectativas. Cabe mencionar que estos acuerdos se han dado, incluso antes de la aprobación de la ley 47-20, de Alianzas Público-Privadas de febrero pasado, promulgada por el presidente entonces Danilo Medina. Entre las modificaciones que traería la ley de Inapa está novedad de que quienes cometan fraude contra la institución serán sancionados con prisión de 3 a 5 días o multa de uno a 10 salarios mínimos del sector público o ambas penas a la vez. Además, el Inapa quedará facultado para establecer las sanciones administrativas siguientes: a) Multa de uno a 10 salarios mínimos del sector público de acuerdo a la magnitud de los daños causados. b) Desmantelamiento de la conexión ilegal o fraudulenta hecha por el infractor. c) Incautación de los materiales utilizados en la conexión ilegal o fraudulenta. De ser finalmente promulgadas estas modificaciones, el sector agua se asemejará a otros sectores, como el eléctrico, que incluso tiene una Procuraduría Especializada que persigue los fraudes eléctricos (Pgase). te puede interesar Experiencias del país en alianzas público-privadas Además de la construcción de viviendas, que en los últimos años ha sido el sector donde el Gobierno y los empresarios más han cooperado, para la construcción de edificaciones de bajo costo, con proyectos como el de Ciudad Juan Bosch, el país también ha hecho estas alianzas para la construcción de carreteras como la Juan Pablo II, que comunica a Santo Domingo con Samaná y cuyos peajes son atacados constantemente por su alto costo y lo que ha representado para el Estado en términos económicos. En el considerando cuarto de la Ley 47-20 establece que "la República Dominicana ha experimentado un crecimiento económico sostenido que ha mejorado el clima para la inversión, tanto nacional como extranjera, lo cual genera condiciones propicias para la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructuras y provisión de servicios, en un esquema de confianza y cooperación con los sectores públicos". Mientras que el pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, consideró que las alianzas público-privadas serían un elemento clave para satisfacer la demanda de infraestructura y servicios sociales de una manera efectiva, a través de una distribución de riesgos eficiente entre los sectores público y privado. Aun el Gobierno no ha explicado los detalles de qué pasará con el suministro de agua, considerado como un servicio de primera necesidad y el acceso a la misma como un derecho de la ciudadanía. VENEZUELA: Ordenan retomar el confinamiento para frenar COVID-19CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó retomar el confinamiento reforzado, vigente desde mediados de marzo para frenar el avance del covid-19, por una semana en todo el país, en medio de una escalada de contagios. «¡Todos a prepararnos para siete días de cuarentena verdaderamente radical!», expresó el mandatario socialista en un pase telefónico transmitido por la televisora gubernamental. Venezuela acumula 45.868 casos confirmados y 381 fallecidos por el nuevo coronavirus, según cifras oficiales, en medio de una aceleración de contagios en este país de 30 millones de habitantes. El balance oficial, sin embargo, es cuestionado por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch por considerar que la situación es mucho peor. El confinamiento es «necesario», continuó Maduro, para «seguir batallando duro» contra el virus y cortar las cadenas de contagio. La decisión de retomar el aislamiento una semana se enmarca dentro de un esquema de confinamiento llamado «7+7» vigente desde junio, que alterna siete días de «cuarentena radical», en los cuales todos los comercios son obligados a cerrar salvo los de sectores priorizados como alimentos o salud, con siete de «flexibilización» que permiten reactivar el resto de las actividades. Caracas y la mayor parte del país vienen de una semana de flexibilización, mientras que los municipios fronterizos con Brasil y Colombia quedaron exceptuados y permanecieron en «cuarentena radical» para «blindar al país» de migrantes venezolanos que están regresando, dijo el domingo pasado la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. El gobierno socialista asegura que unos 90.000 migrantes han retornado «legalmente», mientras que otros 40.000 han ingresado por caminos ilegales (trochas), tras quedar desempleados por la pandemia. El 9 de agosto, Maduro prorrogó por quinta vez el «estado de alarma» por 30 días, habilitándolo a prolongar la cuarentena vigente desde el 16 de marzo. El virus encontró a Venezuela con hiperinflación y seis años de recesión, debacle que ha causado el éxodo de unos 5 millones de migrantes desde finales de 2015, según la ONU. La crisis socioeconómica dificulta el cumplimiento del confinamiento en un país donde cuatro de cada cinco familias no ganan dinero suficiente para cubrir la canasta alimentaria, de acuerdo con un estudio académico | |||
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