WASHINGTON.- El espionaje telefónico del Gobierno de Estados Unidos a
la agencia de noticias AP ha puesto en pie de guerra a los medios de
comunicación del paÃs, que aducen que el Departamento de Justicia se
excedió en sus poderes y exigen dé marcha atrás.
"El alcance de esta acción pone en tela de juicio la integridad de
las polÃticas del Departamento de Justicia hacia la prensa", asegura una
carta respaldada por más de 50 organizaciones y dirigida al fiscal
general de Justicia, Eric Holder, y su adjunto, James M. Cole, quien
supervisó la operación.
Los firmantes, entre ellos el diario The New York Times y Periodistas
sin Fronteras, aseguraron que en los 30 años desde que se publicaron
las pautas para lograr citaciones judiciales con las que obtener los
registros de llamadas de periodistas no hay precedentes de "semejante
extralimitación" y piden más protección para periodistas y fuentes.
"El que el Departamento de Justicia se sienta con el derecho de
obtener secretamente registros telefónicos de decenas de periodistas es
contrario a la libertad de prensa garantizada en la Primera Enmienda" de
la Constitución, dijo en un comunicado Tony Mauro, presidente del
Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa.
La organización pide al Gobierno que entregue todos los registros
telefónicos y destruya todas las copias o, al menos, prohÃba el uso
adicional de las mismas.
El Departamento de Justicia recopiló de forma secreta los registros
de 20 lÃneas telefónicas correspondientes a abril y mayo de 2012,
incluidas lÃneas de las oficinas de AP en Nueva York y Washington y
teléfonos privados de periodistas de la agencia.
El Gobierno sostiene que esas medidas extraordinarias buscaban
descubrir al responsable de una filtración "muy seria", que, según la
versión oficial, "puso en peligro la vida de estadounidenses".
Se desconoce exactamente cuál es la filtración investigada, pero todo
apunta a que se trata de una noticia publicada por AP en mayo de 2012,
en la que informaba de que el Gobierno habÃa frustrado un complot de la
red terrorista Al Qaeda en Yemen para atentar contra un avión con rumbo a
Estados Unidos.
Pero en una carta publicada este martes el presidente de AP, Gary
Pruitt, señaló que la agencia esperó a publicar la historia hasta que el
Gobierno confirmó que no habÃa peligro para la seguridad del paÃs.
"De hecho, la Casa Blanca se estaba preparando para anunciar que
habÃan frustrado el atentado con bomba", destacó Pruitt, quien recordó
que la agencia no compartÃa la opinión del Gobierno de que en mayo de
2012 no hubo una amenaza para los estadounidenses.
"Nuestra historia sugerÃa otra cosa y consideramos que era una
información importante y que el público merecÃa conocerla", dijo Pruitt.
El caso de espionaje marca un punto bajo en las ya tensas relaciones
del Gobierno del presidente Barack Obama con los medios y ha llevado a
algunos a comparar sus polÃticas con las de Richard Nixon (1969-1974).
"Esto recuerda a los esfuerzos del Gobierno de Nixon de cancelar las
dos licencias de televisión del Washington Post como un castigo por
investigar el Watergate (el escándalo de espionaje polÃtico que destapó
el Post y costó la presidencia a Nixon)", señaló en un artÃculo hoy el
analista del Instituto Poynter Al Tompkins.
El New York Times, por su parte, denunció en un editorial este
miércoles el "esfuerzo para asustar a los 'whistle-blowers'", como se
conoce a aquellos que denuncian de forma confidencial prácticas ilegales
o corruptas en sus organizaciones.
Tom Rosenstiel, director ejecutivo del American Press Institute, que
defiende los derechos contemplados en la Primera Enmienda, dijo a Efe
que operaciones "tan amplias" como la emprendida contra AP tienen
repercusiones a largo plazo.
"Esfuerzos extremos como este tienen repercusiones mucho más amplias
que las que afectan a un caso concreto", manifestó Rosenstiel, quien
cree que lo ocurrido puede disuadir a futuros "soplones" y hacer que a
la prensa le resulte "muy difÃcil cumplir con su cometido de vigilar al
Gobierno".
Es posible, dice Rosenstiel, que eso fuera lo que pretendÃa el
Gobiern "Puede que lo que quisieran es amenazar a los soplones dentro
del Gobierno" para que sepan que les resultará difÃcil mantener el
anonimato.
En medio del escándalo, Holder se limitó a decir hoy en una audiencia
en el Congreso que tiene "fe" en los que dirigieron la operación de
espionaje a AP y que desconoce los detalles porque se excluyó del caso
por ser "un testigo de facto".




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