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Si es aprobado, no será posible ejercer la abogacía sin un título de licenciado o doctor en derecho, y otros requisitos previstos en la ley. El título por sí solo no autorizará el ejercicio de la profesión.
También se exigirá una pasantía de dos años en una institución vinculada al funcionamiento de los tribunales o al proceso de reforma judicial y haber aprobado un examen de reválida.
Las oficinas privadas de los abogados podrán ser acreditadas como centro de pasantía con la aprobación y supervisión de las cortes de apelación de cada departamento judicial.
Según el proyecto de ley, será necesaria la autorización de una Comisión de Reválida -que será creada- para el ejercicio de la abogacía en el país. Esta comisión estará autorizada a intervenir en las diferentes etapas de la regulación prevista en la ley.
Dicha comisión estará integrada ipor el presidente de la SCJ, el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, el encargado de Oficiales de Justicia del Consejo del Poder Judicial, el Procurador General de la República, el director Nacional de Defensa Pública, el presidente del Colegio de Abogados y un decano de una Escuela de Derecho de las Universidades acreditadas legalmente, y que sea elegido libremente por sus homólogos.
La propuesta establecería, asimismo, la educación continua y la reválida quinquenal, ya que la primera reválida no otorga un derecho irrevocable ni permanente.
Quedará automáticamente sin efectos en caso de no reválida en el plazo de cinco años, y podrá ser cancelada por la comisión de faltas.
También dispone que sólo los abogados en ejercicio que acrediten su participación en programas de educación continua, en cursos que alcanzaren no menos de 600 horas reales cada año calendario, serán admitidos a renovar su título para continuar en el ejercicio de la abogacía.
El proyecto establecerá los derechos y deberes de los abogados y notarios, los honorarios que han de cobrar por casos, sanciones para las faltas cometidas por los abogados y las reglas para someterlos a un juicio disciplinario.
La propuesta está motivada en la baja calidad de los profesionales del derecho y su masificación, que ha tenido como consecuencia la pérdida de confianza en sus servicios.