Un durísimo documento de abogados penalistas puso de manifiesto su inquietud por el accionar de fiscales y jueces de de Entre Ríos, respecto a garantías individuales y a la demora en hechos puntuales de corrupción, originó la inmediata reacción del Jefe de los Fiscales de Entre Ríos, Jorge García, el mismo que en diciembre pasado urdió el plan que le permitió a Urribarri salvar la situación frente a la rebelión policial.
El revuelo que dicho documento originó en el ámbito judicial y político fue muy importante ya que entre las cuestiones que señalan los penalistas se encuentra también un señalamiento hacía la demora de muchos casos de corrupción que afectan a dirigentes políticos en funciones actualmente.
PARANÁ (Especial para Urgente24). Hace unos días, abogados integrantes del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos emitieron un comunicado en el que ponen en tela de juicio, en términos muy críticos, el accionar de la Justicia entrerriana, manifestando su intranquilidad “ante la ausencia de límites por parte de jueces y fiscales en el ámbito provincial”. El documento es una denuncia pública específica sobre ciertas maniobras que afectarían las garantías constitucionales de las personas. Ante ello el Jefe de los Fiscales de la provincia, Jorge García expresó: “No voy a permitir que los abogados se conviertan en cómplices de los muchachos que defienden”, lo que hizo que se agudizará la polémica.
Entre sus partes más salientes el documento que se denominó “Sin defensa no hay Justicia y sin Justicia no hay Constitución”, señala: “Vemos con mucha preocupación el avance de órganos públicos del sistema penal sobre las libertades individuales y las garantías constitucionales y convencionales, muchas veces soslayándolas o interpretándolas con criterio restrictivo”.
Luego, el texto agrega: “Algunos jueces avalan cualquier procedimiento sin importarle los derechos y garantías individuales y sin prestarle atención a los escritos o alegatos de los abogados defensores ya sean públicos o privados”, para finalizar expresando: “Los defensores, si seguimos así, prácticamente vamos a ser excluidos del sistema porque no se nos escucha. Consideramos que existe entre quienes no se someten al ordenamiento jurídico constitucional cierta soberbia que surge del poder que detentan y de la tranquilidad que tienen en su vida diaria”.
El revuelo que dicho documento originó en el ámbito judicial y político fue muy importante ya que entre las cuestiones que señalan los penalistas se encuentra también un señalamiento hacía la demora de muchos casos de corrupción que afectan a dirigentes políticos en funciones actualmente.
Por ese motivo, el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, salió a contestar a los penalistas manifestando con dureza que “no voy a permitir que los abogados se conviertan en cómplices de los muchachos que defienden”. Esas palabras generaron que uno de los abogados que firmó el documento contra el accionar de la justicia, el penalista paranaense Guillermo Mulet, mediante la publicación de una carta pública le contestara al procurador también en duros términos y agregando otros detalles muy significativos.
El Dr. Mulet en su misiva señala “No somos delincuentes, ni socios de los acusados; ejercemos la profesión bajo el juramento que hicimos al matricularnos. Pero hoy, por su política criminal, parece que todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Usted invierte la carga de la prueba y la inocencia no se debe ni se puede probar por ser un hecho negativo”.
Las críticas del letrado se suman a otras que también recibió el jefe de los fiscales por haberse reunido, sin conocimiento de las partes, con una testigo, cuyas declaraciones se volvieron fundamentales en el fallo de un juicio por homicidio que se terminó hace unos días.
En otra parte de su carta el abogado expresa: “Hoy parece adormecido el Poder Judicial de Entre Ríos, ante este avance del Ministerio Público Fiscal, que ha roto la paridad de armas (por cierto inexistente) que debería existir entre fiscales y defensores, con jueces que ni siquiera oyen nuestros planteos, con cámaras de voto único al cual adhieren sin más los otros jueces, con un proceso de casación que prácticamente se ha vuelto escritural”.
En otro párrafo, Mulet le reclamó al procurador “la misma celeridad y premura en las causas contra funcionarios denunciados”, en clara referencia a dos denuncias que él promoviera, una por la supuesta defraudación ocurrida con las famosas cosechadoras y la restante por el recordado caso del jardinero del matrimonio presidencial y sus andanzas por esta provincia
Por último Mulet, en declaraciones al medio local Página Judicial, cuestionó al procurador por su “mensaje oscuro sobre la tarea de los abogados defensores” y consideró que “lo triste no es que lo diga, siendo una de las máximas autoridades del Poder Judicial, sino que lo piensa, lo siente, lo cree en su íntima convicción y por ello desprecia la tarea de quienes ejercemos la profesión como abogados penalistas”.
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