LIBERTAD DE PRENSA
Cierre del programa de Marino Zapete es presentado en la Asamblea 75 de la SIP
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El reciente cierre del programa televisivo "El
Jarabe", del periodista Marino Zapete, fue presentado hoy en la Asamblea
General 75 de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada en Miami,
en los Estados Unidos.
También fue presentado el caso de la periodista Teresa Casado, quien denunció ante el Ministerio Público haber sido amanezada por un supuesto narcotraficante.
El informe fue presentado por Miguel Franjul, vicepresidente regional de la SIP para República Dominicana y director del periódico ListÃn Diario.
A continuación pueden leer el informe completo presentado:
Informe sobre la situación de la libertad de prensa en la República Dominicana en el semestre abril-octubre del 2019 presentado ante la 75ava Asamblea General de la SIP, reunida en Miami, Florida, del 4 al 7 de octubre.
Este ha sido un periodo de victorias sucesivas para la libertad de prensa como resultado de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional (TC) que anuló tres disposiciones legales que contenÃan fuertes penalidades y restricciones al libre ejercicio del periodismo.
Las sentencias anularon disposiciones restrictivas contenidas en las leyes de partidos polÃticos y de régimen electoral, aprobadas este año por el Congreso Nacional, una de las cuales contemplaba prisión de tres hasta 10 años a quienes hiciesen “comentarios negativos” contra partidos, candidatos y figuras polÃticas, otra calificaba de difamación e injuria tales expresiones, aunque fuesen vagas e imprecisas.
Al justificar su dictamen, el TC declaró que las redes sociales se han convertido en los únicos espacios accesibles para que una masa significativa de ciudadanos pueda exteriorizar su pensamiento y recibir opiniones e informaciones, lo que abre paso a una deliberación verdaderamente pública, plural y abierta sobre los asuntos de interés general.
El criterio establecido por el máximo tribunal constitucional al anular el artÃculo que imponÃa penas de prisión de tres a 10 años por emitir “mensajes injuriosos” y campañas falsas que atenten contra el honor y la intimidad de los candidatos, es que con esta disposición se violaba el núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión.
Esta era una penalidad excesiva que desbordaba la que prevalece en el código penal para los delitos de difamación e injuria, que abarca de seis dÃas a tres meses de prisión, y la que todavÃa existe en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que va de 15 dÃas a seis meses de prisión.
Del mismo modo, la alta corte anuló por inconstitucional otra disposición legal que prohibÃa la difusión de propaganda polÃtica por radio y televisión, pero no asà en los medios digitales, fuertemente objetada ante la Junta Central Electoral por la Asociación Dominicana de Radiodifusoras.
Con estas tres sentencias, la prensa se libró de los graves riesgos de caer bajo un esquema de censura previa para denunciar actos de corrupción en los que pudiesen estar involucrados partidos, dirigentes o candidatos electorales.
Tras cuatro años de esfuerzos para evitar que quedara impune el asesinato del periodista Blas Olivo, ocurrido en abril del 2015, un tribunal colegiado pronunció condenas de entre 20 y 30 años a los seis acusados de cometer el crimen.
A diferencia de otros perÃodos, en este semestre no se han registrado actos de violencia contra periodistas. No obstante, la reportera del área judicial del periódico El DÃa, Teresa Casado, presentó una querella en el ministerio público contra el narcotraficante SÃdney Rafael MatÃas Pérez, tras recibir mensajes amenazadores. La periodista ha estado reportando sobre el expediente que maneja la justicia sobre MatÃas Pérez, actualmente en libertad condicional. Las autoridades dispusieron una protección especial para la periodista.
Distintos diarios editorializaron sobre las dificultades para recibir información del ministerio de Salud Pública y de los directores de hospitales del Estado sobre vÃctimas fatales de la epidemia de dengue que azota al paÃs desde hace tres meses, pese a que existe una ley de acceso a la información pública.
Al cierre de septiembre, el comentarista de televisión Marino Zapete, uno de los más fuertes crÃticos del Gobierno, denunció el cierre forzoso de su programa vespertino en el canal 45 de Teleradio América.
El periodista dijo que su salida del canal fue producto de una presión ejercida ante sus dueños por el Procurador General de la República, Jean Alain RodrÃguez, tras las revelaciones de que su hermana presuntamente se habÃa beneficiado de contratos de grado a grado con el ministerio de Obras Públicas por unos 15 millones de dólares. La hermana del Procurador General de la República emplazó a Zapete a presentar las pruebas que dice tener sobre dichos contratos o a retractarse.
"El periodista le respondió presentando en rueda de prensa y en un programa televisivo los documentos en los que él se basó para hacer los señalamientos en cuestión".
También fue presentado el caso de la periodista Teresa Casado, quien denunció ante el Ministerio Público haber sido amanezada por un supuesto narcotraficante.
El informe fue presentado por Miguel Franjul, vicepresidente regional de la SIP para República Dominicana y director del periódico ListÃn Diario.
A continuación pueden leer el informe completo presentado:
Informe sobre la situación de la libertad de prensa en la República Dominicana en el semestre abril-octubre del 2019 presentado ante la 75ava Asamblea General de la SIP, reunida en Miami, Florida, del 4 al 7 de octubre.
Este ha sido un periodo de victorias sucesivas para la libertad de prensa como resultado de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional (TC) que anuló tres disposiciones legales que contenÃan fuertes penalidades y restricciones al libre ejercicio del periodismo.
Las sentencias anularon disposiciones restrictivas contenidas en las leyes de partidos polÃticos y de régimen electoral, aprobadas este año por el Congreso Nacional, una de las cuales contemplaba prisión de tres hasta 10 años a quienes hiciesen “comentarios negativos” contra partidos, candidatos y figuras polÃticas, otra calificaba de difamación e injuria tales expresiones, aunque fuesen vagas e imprecisas.
Al justificar su dictamen, el TC declaró que las redes sociales se han convertido en los únicos espacios accesibles para que una masa significativa de ciudadanos pueda exteriorizar su pensamiento y recibir opiniones e informaciones, lo que abre paso a una deliberación verdaderamente pública, plural y abierta sobre los asuntos de interés general.
El criterio establecido por el máximo tribunal constitucional al anular el artÃculo que imponÃa penas de prisión de tres a 10 años por emitir “mensajes injuriosos” y campañas falsas que atenten contra el honor y la intimidad de los candidatos, es que con esta disposición se violaba el núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión.
Esta era una penalidad excesiva que desbordaba la que prevalece en el código penal para los delitos de difamación e injuria, que abarca de seis dÃas a tres meses de prisión, y la que todavÃa existe en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que va de 15 dÃas a seis meses de prisión.
Del mismo modo, la alta corte anuló por inconstitucional otra disposición legal que prohibÃa la difusión de propaganda polÃtica por radio y televisión, pero no asà en los medios digitales, fuertemente objetada ante la Junta Central Electoral por la Asociación Dominicana de Radiodifusoras.
Con estas tres sentencias, la prensa se libró de los graves riesgos de caer bajo un esquema de censura previa para denunciar actos de corrupción en los que pudiesen estar involucrados partidos, dirigentes o candidatos electorales.
Tras cuatro años de esfuerzos para evitar que quedara impune el asesinato del periodista Blas Olivo, ocurrido en abril del 2015, un tribunal colegiado pronunció condenas de entre 20 y 30 años a los seis acusados de cometer el crimen.
A diferencia de otros perÃodos, en este semestre no se han registrado actos de violencia contra periodistas. No obstante, la reportera del área judicial del periódico El DÃa, Teresa Casado, presentó una querella en el ministerio público contra el narcotraficante SÃdney Rafael MatÃas Pérez, tras recibir mensajes amenazadores. La periodista ha estado reportando sobre el expediente que maneja la justicia sobre MatÃas Pérez, actualmente en libertad condicional. Las autoridades dispusieron una protección especial para la periodista.
Distintos diarios editorializaron sobre las dificultades para recibir información del ministerio de Salud Pública y de los directores de hospitales del Estado sobre vÃctimas fatales de la epidemia de dengue que azota al paÃs desde hace tres meses, pese a que existe una ley de acceso a la información pública.
Al cierre de septiembre, el comentarista de televisión Marino Zapete, uno de los más fuertes crÃticos del Gobierno, denunció el cierre forzoso de su programa vespertino en el canal 45 de Teleradio América.
El periodista dijo que su salida del canal fue producto de una presión ejercida ante sus dueños por el Procurador General de la República, Jean Alain RodrÃguez, tras las revelaciones de que su hermana presuntamente se habÃa beneficiado de contratos de grado a grado con el ministerio de Obras Públicas por unos 15 millones de dólares. La hermana del Procurador General de la República emplazó a Zapete a presentar las pruebas que dice tener sobre dichos contratos o a retractarse.
"El periodista le respondió presentando en rueda de prensa y en un programa televisivo los documentos en los que él se basó para hacer los señalamientos en cuestión".