La Corte Suprema de Brasil (Supremo Tribunal Federal) votó el miércoles 23/09 traspasar parte de la mayor investigación de corrupción que ha afectado al país a otro juez, desafiando la noción de que todas las piezas del caso (famoso por la petrolera estatal Petrobras) están vinculadas legalmente. Así, el STF enfrentó a la Procuración General o Ministerio Público, erosionando el poder del juez del sureño estado de Paraná y hasta ahora responsable de las investigaciones, Sérgio Moro. La decisión del STF abre el camino para quitarle todo el caso a Moro.
Sergio Moro, quien devino en héroe popular después de que aprobó las detenciones de ex ejecutivos de Petrobras y varias empresas privadas, en un país por largo tiempo conocido por la impunidad, solicitó en agosto a la Corte Suprema que investigara a Hoffmann, citando documentos incautados a un bufete de abogados.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Ocurrió una reunión plenaria del Supremo Tribunal Federal de Justicia de Brasil, para considerar desmembrar el caso de los crímenes investigados en la órbita del Ministerio de Planificación, un esquema que habría financiado la campaña proselitista de la por entonces ministra, la senadora Gleisi Hoffmann (Partido dos Trabalhadores-Paraná).
La decisión fue, por 8 a 2, que se haga cargo del caso (en portugués "relator do inquérito"), el ministro del STF, Dias Toffoli, contrariando el pedido de la Procuración General que pretendía que se hiciera cargo el ministro del STF, Teori Zavascki, quien es "relator" en el STF de toda la investigación llamada "Lava Jato".
El juez José Dias Toffoli argumentó que una investigación sobre si Gleisi Hoffmann, quien también fue jefe del gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, recibió sobornos por aprobar un contrato del Ministerio de Planificación Federal con una empresa de software, no estaba relacionado con el caso de Petrobras. Por lo tanto podía ser abordado por alguien que no fuese Zavascki.
La mayoría de los jueces en el tribunal más alto de Brasil estuvo de acuerdo, informó el comunicado de la Corte Suprema de Justicia brasilera. Hoffmann todavía no ha sido imputada y ella ha dicho que no obtuvo beneficios de la compañía de software.
Lo importante es que, al separar el caso Hoffmann, la Corte Suprema dictaminó que los sospechosos en el supuesto fraude al Ministerio de Planificación deben ser juzgados por un tribunal en el estado de Sao Paulo, donde habría ocurrido el delito, y no por el juez federal Sergio Moro, en la sureña ciudad de Curitiba.
Los abogados defensores intentaron sin éxito, durante más de 1 año, impedir que el caso quedara fuera de las manos de Moro, pero no habían podido derribar su argumento de que todos los hechos que se originaban de una investigación de sobornos en Petrobras debían permanecer en su juzgado en el estado de Paraná.
Ahora, más abogados defensores pueden tratar de argumentar que sus clientes deben ser escuchados por jueces en otros estados, a medida que la investigación se expande.
Bajo la legislación brasileña, los legisladores y algunos otros políticos sólo puede ser juzgados por la Corte Suprema.
Por lo tanto, Moro no estaba supervisando la investigación de las más de 2 docenas de funcionarios con mandato constitucional, sospechosos de haber recibido dinero robado de Petrobras, y por ese motivo estaba Zavascki en acción en el STF.
Moro, quien devino en héroe popular después de que aprobó las detenciones de ex ejecutivos de Petrobras y varias empresas privadas, en un país por largo tiempo conocido por la impunidad, solicitó en agosto a la Corte Suprema que investigara a Hoffmann, citando documentos incautados a un bufete de abogados.
Hoffmann se desempeñó como jefa de gabinete de Rousseff del 2011 al 2014, antes de renunciar para postularse como gobernadora de su estado natal de Paraná. Ella perdió la elección y hoy continúa ejerciendo como senadora del Partido de los Trabajadores de Rousseff.
Ella aún es cercana a Rousseff, quien ha negado reiteradamente haber conocido la corrupción que afectaba a Petrobras, una empresa que dependió de ella durante bastante tiempo: presidió el directorio entre 2003 y 2010, cuando ocurrió gran parte de la supuesta corrupción y sobornos a sus aliados políticos.
Lo concreto es que el STF aprobó la primera división de las investigaciones de la Operación Lava Jato, contrariando al Ministerio Público y en una decisión que en la práctica quita poderes al juez Moro.
Es una decisión que abre el camino para sacar de las manos de Moro y de Zavascki, otros casos ligados a la operación que no tengan conexión directa con los desvíos de recursos originados en la petrolera estatal Petrobras.
Así, investigaciones con supuestas irregularidades en el sector eléctrico pueden dejar de ser analizados por la Justicia de Paraná y por la task-force encargada del caso.
PT
Deberá recordarse que el lunes 21/09, el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari, fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión por delitos vinculados al escándalo de sobornos de la petrolera estatal Petrobras.
Acusado de organizar transferencias equivalentes al menos a US$1 millón para el PT procedentes de sobornos en Petrobras, Vaccari fue hallado culpable de lavado de dinero, asociación para delinquir y corrupción pasiva.
El extesorero de 56 años había sido detenido en abril y desde entonces su defensa negaba que hubiese recaudado donaciones ilícitas para su partido, sin convencer al juez de la causa.
También fue condenado un exdirector de Petrobras, Renato Duque, a 20 años y 8 meses de prisión, así como delatores, un financista y un operador de la red acusada de desviar cientos de millones de dólares por contratos de obras en Petrobras.
Vaccari es el 2do. extesorero del PT condenado por la justicia, ya que su antecesor en el cargo, Delúbio Soares, cumple una pena por el escándalo previo de compra de votos en el Congreso conocido como “mensalão”.
Con sus índices de aprobación debajo de un dígito y encuestas que señalan que dos tercios de los brasileños apoyarían un juicio político, Rousseff comenzó a responder de forma más directa a los intentos de acortar su mandato.
La semana pasada afirmó que “querer utilizar la crisis como un mecanismo para llegar al poder es una versión moderna de golpe”.
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