Deuda pública de RD: historia de artimañas y desenfrenos

El manejo irresponsable que exhibimos hoy en la administración pública de la República Dominicana, no es cosa de ahora, más bien es el mismo patrón de incapacidad, abuso, indisciplina y despilfarro que nos condujo en tiempos pretéritos a niveles de endeudamiento altamente nocivos para nuestra patria, que comprometieron de forma descomunal la  economía, soberanía, bienestar y desarrollo de nuestro pueblo.
 Como bien lo expresó el filósofo y ensayista Jorge Santayana, “aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo”. Hoy incurrimos en los mismos desenfrenos y las artimañas del pasado, pero obviamos los sobresalientes dinamismos que legaron proezas extraordinarias.
En 1869, el Presidente Buenaventura Báez realiza el primer préstamo con la Harmont & Company,  por un monto por 420,000.00 libras esterlinas. Sin embargo, debido a las acostumbradas y excesivas comisiones, el gobierno dominicano sólo recibió 320,000.00 libras esterlinas. El Congreso Dominicano canceló el contrato por incumplimiento, pero ya se habían emitido bonos fraudulentos en la Bolsa de Valores de Londres por un monto 377,700 libras, por lo que la deuda total ascendía a 797,700 libras esterlinas (equivalente en ese momento a unos US $3,800,000.00)
En 1887, el Presidente Heureaux realizó dos préstamos adicionales por un monto de 770,000y por 900,000.00 libras esterlinas con la Westendorp y Compañía. Con este primer empréstito se saldaron el balance pendiente con la Harmont & Company y otras deudas internas pendientes. El segundo se justificó con la construcción de un ferrocarril entre Santiago y Puerto Plata, aunque en realidad una buena parte del dinero fue destinado al soborno y el pago de prebendas políticas.
El acuerdo también asignaba un 30% de los ingresos aduanales a la Westendorppara el pago de la deuda contraída, por lo que ésta nombró varios agentes fiscales, encargados de retener éste dinero y entregar el resto a las autoridades dominicanas.
Para evitar pagar esta asignación, se generalizó la práctica del contrabando, lo cual  llevó a la Westendorp y Compañía a la quiebra, luego vendiendo ésta sus intereses a capitalistas norteamericanos. Estos inversionistas constituyeron la empresa llamada la Santo Domingo Improvement Company of New York, y otorgaron dos préstamos más por un monto de US $1,250,000.00 y otro por 2,035,000.00 libras esterlinas, alcanzando la deuda externa de ese momento a unos 17 millones de pesos dominicanos.
La Santo Domingo Improvement Company of New York también se valió del acuerdo con la Westendorp  y Compañía, que creaba la caja receptora, y nuestras aduanas pasaron a manos de un administrador americano, impulsando así la influencia norteamericana en el país.
La emisión de la ruinosa “papeleta de Lilís” y otro préstamo más firmado con una empresa europea, junto con nuevos empréstitos pactados con funcionarios del gobierno y otros acreedores locales, agravaron la situación, y para el 1900, el país debía un monto ascendiente a $23,957,078.00 dólares, que incluía bonos vendidos en Francia, Bélgica, Alemania, Italia e Inglaterra.
CORRUPCION
Una parte de esta deuda había sido incrementada de manera espuria con préstamos secretos y fraudulentos, con la participación y anuencia de directores de la Santo Domingo Improvement Company of New York, aprovechándose de las condiciones económicas desordenadas y la inestabilidad política del país. Los presupuestos fiscales del gobierno en ese momento tampoco se respetaban y los expendios estaban fuera de control; la corrupción imperaba a todos los niveles del gobierno, siendo todos partícipes del descomunal desfalco.
En 1903, Horacio Vásquez, firmó con la Santo Domingo Improvement Company of New York, un protocolo donde la República Dominicana aceptaba que sus obligaciones con dicha empresa eran de 4.5 millones de dólares, y se comprometió a saldar la deuda conforme lo establecido por el arbitraje internacional.
El consiguiente fallo en junio del 1904 dispuso la asignación de los ingresos aduanales de Montecristi, Puerto Plata, Samaná y Sánchez al pago de los valores adeudados a la Santo Domingo Improvement Company of New York, y consignó la incorporación de un agente financiero para fiscalizar los ingresos y autorizar los gastos del estado dominicano.
Algunas de estas condiciones fueron rechazadas por los tenedores de bonos europeos y los acreedores dominicanos, y ante los numerosos desacuerdos y diversas objeciones, el 31 de marzo del 1905, se establece el arreglo provisional “Modus Vivendi”, producto de las negociaciones entre el Presidente Languasco y el Presidente Roosevelt, mediante el cual se autorizó el nombramiento de una persona encargada de percibir y distribuir las rentas de nuestras aduanas.
 El45% de estos ingresos fue designado al Gobierno dominicano a fin de atender las necesidades de la administración pública, y el 55% se aplicaría al pago de los empleados aduanales y a generar depósitos en el Bank of New York, a “beneficio de todos los acreedores de la República, tanto dominicanos como extranjeros”.
El Contralor General de Aduanas designado por los norteamericanos fue el Coronel George R. Colton, y éste nombramiento contribuyó a reducir el contrabando y aumentó los ingresos que recibía el Estado dominicano y también los acreedores; los tenedores de bonos europeos también estaban conformes con la participación del gobierno norteamericano, porque le garantizaba el cobro de sus acreencias.
Poco tiempo después, el Presidente Roosevelt envió al Sr. Jacob Harris Hollander para determinar a cuánto exactamente ascendían las deudas reclamadas a la República Dominicana, y en qué proporción eran deudas ilegítimas. Este reportó que el monto de todos los reclamos se situaba en 40 millones de dólares, y atinó que esta suma podía reducirse a menos de la mitad, ya que muchos carecían de legitimidad.
En 1906, los norteamericanos y los dominicanos trabajaron juntos para verificar cada uno de los expedientes, y obligaron los acreedores a aceptar una reducción en sus demandas. La deuda total de la República Dominicana quedó fijada en 17 millones de dólares.
En 1907, para consolidar la política de afianzar su influencia en las Antillas y fortalecer su posición en el canal de Panamá, el Presidente Roosevelt motivó a la firma Kuhn, Loeb & Company de New York, a prestar 20 millones de dólares, destinados a la cancelación de toda deuda pendientes, y 3 millones de dólares para la realización de obras públicas y otras inversiones. Sin embargo, una parte substancial fue utilizada a la discreción del Presidente Cáceres para consolidar su poder. Los técnicos del Bank of New York también recibieron una suntuosa comisión de 800 mil dólares.
LAS ADUANAS
El 3 de mayo de 1907 el Congreso aprobó la Convención Domínico-Americana, donde el gobierno dominicano entregaba la administración y control de sus aduanas al Gobierno de los Estados Unidos hasta completar el pago de ésta nueva deuda. El país también se comprometió a no modificar su tarifa aduanal ni aumentar su deuda pública, sin el consentimiento del Presidente de los Estados Unidos.
Los ingresos aduanales serían repartidos según lo establecido por el “Modus Vivendi”, y la Convención consignaba que el Receptor General de Aduanas gozaría de la protección del gobierno norteamericano, garantizando así el dominio de los Estados Unidos sobre el territorio dominicano.
En 1914, el gobierno provisional de José Bordas ratificó el nombramiento de un contralor para fiscalizar los gastos del gobierno dominicano y  la ejecución del presupuesto nacional, por lo que se le permitió utilizar 1.2 millones de dólares de los bonos restantes del empréstito del 1907.
En 1916, ante la resistencia del Presidente Juan Isidro Jiménes a  aceptar la imposición del contralor norteamericano, entre otras condiciones precarias en el país, las fuerzas norteamericanas ocuparon el territorio nacional. A los dos años de su llegada, se creó el Departamento de Rentas Internas con el propósito de regular la aplicación y cobro de  impuestos a la producción manufacturera nacional.
HORACIO
En  1924, debido a las paupérrimas condiciones económicas en el país, el gobierno de Horacio Vázquez  re-inició negociaciones con el gobierno norteamericano y se acordó la emisión de un préstamo de 25 millones de dólares para consolidar la deuda externa y continuar algunas obras públicas que, debido al alto nivel de corrupción, se realizaban en algunos casos por 30 veces el costo original.
 La firma de la Convención Dominico-Americano afianzó el control de los norteamericanos sobre nuestras aduanas y nuestro sistema económico, y estos mantuvieron su derecho de designar al Receptor General de Aduanas, funcionarios ayudantes y recaudadores, pagados todos con los fondos percibidos.
Después de 61 años de empréstitos, manipulaciones, alta corrupción, y un manejo absolutamente licencioso de nuestras finanzas, junto con las constantes imposiciones sobre nuestra soberanía, para el 1930, habíamos acumulado una deuda de 26 millones de dólares, igual a dos veces y medio el monto de nuestro presupuesto fiscal.
TRUJILLO
En el 1937 el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo dio inicio a una reforma monetaria, con el cometido de crear la moneda metálica nacional, adoptar el país a su propio patrón monetario, y restaurar la soberanía nacional.Se iniciaron una serie de negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para recuperar el derecho de administrar sus propias aduanas. Estas negociaciones culminaron en la firma del Tratado Trujillo-Hull en 1940, devolviendo la intendencia de las aduanas a los dominicanos por primera vez en más de 53 años. El tratado también estableció los mecanismos para el saneamiento de la deuda externa y el gobierno dominicano se comprometió a saldar la deuda en un plazo de 25 años.
Esta hazaña inició un proceso de reorganización monetaria, y se crearon las principales instituciones financieras dominicanas con el propósito de acrecentar y fortalecer la productividad nacional y para liberar a la nación de toda dependencia extranjera económica que interviniera en su soberanía. El Banco de Reservas se fundó el 24 de Octubre de 1941 mediante la Ley 58,para convertirse en el depositario de los fondos del gobierno. Desde entonces ha jugado un rol de primer orden en la canalización de créditos a los sectores productivos del país.
En el 1945, mediante la Ley No. 908, se creó el Banco Agrícola e Hipotecario con el objetivo de facilitar financiamientos al sector agropecuario, para garantizar el incremento de la producción, satisfacer la demanda alimenticia de la población, y modernizar la infraestructura productiva del país.
Los términos del Tratado Trujillo-Hull se cumplieron a cabalidad y los esfuerzos del gobierno superaron todas las expectativas; para el 18 de Julio de 1947, mediante la expedición del cheque número 236,706 por un monto de US$9,271,855.55, el país alcanzó una de sus principales proezas, el re-pago total de la deuda pública, garantizando así  su absoluta autonomía.
 A los pocos meses,se creó el Banco Central como entidad emisora del Estado y reguladora del crédito bancario, dejando consagrada nuestra soberanía monetaria y financiera. También se creó el peso oro dominicano que sustituyó al dólar norteamericano. Debido a las condiciones tan favorables y el extraordinario fortalecimiento de nuestra economía, el valor delpeso dominicano de ese momento, superó por diez centavos el importe del dólar.
Hoy hay quienes pretenden restarle crédito a esta extraordinaria hazaña -que representa un orgullo para todo dominicano- con una teoría descabellada que carece de toda lógica y veracidad. A los propulsores de esta infamia, les invitamos a escudriñar los mecanismos de los organismos internacionales que evalúan las economías correspondientes, para asignarle el valor adecuado a cada moneda. Esta valoración es en esencia una afirmación de las condiciones existentes en el sistema financiero de cada país. Es por ende incontrovertible que la República Dominicana pagó el saldo total de su deuda pública, y lo logró mediante el soberbio esfuerzo de todos los dominicanos.
INVOLUCION
Es lamentable que luego de haber enmendado por completo nuestra economía, en solo 52 años de ejercicio gubernamental, la involución a la que han sometido al país  conjuntamente con la ineptitud fiscal, la falta de voluntad política, y el atropello a nuestras arcas, han logrado acumular una deuda equivalente, proporcionalmente,  a lo que nos tomó 61 años para acopiar del 1869 al 1930.
Esta voluminosa deuda pública que hoy ostentamos de nuevo,  pesa gravemente sobre nuestra economía, nuestro desarrollo, nuestro bienestar, y afecta perentoriamente nuestra capacidad de consolidar nuestra soberanía.
Nuestra historia ya está escrita, apliquémosla con miras al futuro, pero de manera que favorezca los mejores intereses del país y del pueblo dominicano.