En los últimos tiempos, la otrora vigorosa
industria azucarera ha venido en decadencia, al grado que en algunos
años la producción ha sido deficitaria para cubrir simultáneamente la
demanda doméstica y la cuota del mercado preferencial norteamericano,
recurriéndose a las importaciones. De 866 mil toneladas de azúcar en
1986, alcanzamos 553 mil en la zafra 2011/12, un 36% menos.
En 1999 este nivel llegó a 383 mil, en clara señal de deterioro. A final de la década del 90, el Estado traspasó ruinosamente al sector privado el control de los doce ingenios que operaba, mediante contratos de arrendamiento sin una real garantÃa de capitalización y modernización. Todo ello redujo dramáticamente la demanda de braceros y empobreció aun más a las comunidades cañeras.
Resultado de estos cambios, el sector externo de la economÃa se sustenta hoy en el turismo, las zonas francas, las remesas y una amplia gama de bienes agrÃcolas e industriales de exportación (incluyendo renglones tradicionales como el tabaco y el cacao ahora con mayor valor agregado). Complementado por las actividades locales en agropecuaria, manufactura, servicios y construcción. Las obras públicas y la edificación de torres, centros comerciales, villas y hoteles turÃsticos, han atraÃdo a los jóvenes haitianos, asà como la agropecuaria en general y el servicio doméstico. Transformando este flujo, otrora estacional en forma de brazos para la zafra, en mercado de trabajo permanente.
Es lo que la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) denominaron "la nueva inmigración" en el estudio Encuesta sobre Inmigrantes Haitianos en República Dominicana (2004). En una estimación extremadamente conservadora, el estudio proyectó en 266 mil el número de inmigrantes haitianos, de los cuales el 25% residirÃa en bateyes y el 75% restante en zonas urbanas y zonas rurales no azucareras.
Un documento del Banco Mundial del 2002, Informe sobre la Pobreza en República Dominicana, estimó la presencia haitiana, estratificada como sigue: trabajadores indocumentados residiendo permanentemente, 250,000/300,000; braceros temporales, 15,000-20,000; hijos de inmigrantes nacidos en el paÃs, 250,000/300,000. Sumando una población entre 515,000 y 620 mil personas, o sea, entre 6% y 7% de una población total de 9 millones de habitantes.
Cifras distantes a las dadas con frecuencia, cuando se habla de un millón de haitianos residiendo en el paÃs o más. Mientras que los datos censales y los de la Dirección General de Migración reflejan un sub registro tan absoluto que no vale la pena su mención ni a guisa de ejemplo.
Recientemente la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2012, realizada por la Oficina Nacional de EstadÃstica en base a 20,500 entrevistas a inmigrantes y sus descendientes, proyectó la población extranjera en el paÃs en 524,632 (5.4% de la población total), de los cuales 458,233 habrÃan nacido en HaitÃ, el 87.3% del conjunto Mientras que 66,399, el 12.7%, serÃan originarios de otros paÃses. Los descendientes llegarÃan a 244,151, siendo 209,912 de inmigrantes haitianos. Totalizando, al agregarse el 2.5% de los descendientes, el 7.9% de la población total.
El interés de los actores internacionales y los grupos domésticos que bregan con esta problemática se ha estado moviendo en la dirección de los tiempos, sin abandonar los viejos cargos relacionados con los bateyes que todavÃa resurgen cÃclicamente en reportajes de prensa, como "Esclavos en el ParaÃso" del Miami Herald, o en las denuncias del padre Hartley que motivaron hace poco un informe del Departamento de Trabajo de EEUU.
Desde los 90, el foco se ha ido ampliando hacia el marco más general de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos indocumentados y su estatus legal, asà como los procedimientos de las repatriaciones. En adición, se ha reclamado la nacionalidad dominicana para los hijos de haitianos ilegales nacidos en el paÃs, al amparo de una controvertida interpretación de la norma constitucional sobre la materia.
Quienes han gestionado estas iniciativas comprenden grupos de la diáspora haitiana establecida en EEUU y Canadá, organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty, redes de ONG's que operan a nivel local, que han logrado sensibilizar a organismos de Naciones Unidas y del sistema interamericano, al Departamento de Estado, a la Unión Europea y a otros actores.
El documento de mayor impacto en la década del 90 fue el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de octubre del 1999 sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana. Divulgado en medio de un debate nacional en torno a la inmigración haitiana y al derecho a la nacionalidad de los hijos de haitianos indocumentados, evidenció la fragilidad de nuestra polÃtica exterior y de la imagen internacional del paÃs, vulnerables en grado sumo al despliegue del problema haitiano en los foros regionales y mundiales.
Para un presidente como Leonel Fernández, interesado durante su primer mandato (1996-2000) en la agenda de polÃtica exterior y en ejercer un rol protagónico en la diplomacia directa, este asunto representó su primera prueba de fuego. En efecto, en contraste con el estilo de un Balaguer volcado hacia la polÃtica doméstica, la diplomacia dominicana se dinamizó en todos los órdenes bajo este perÃodo, con el objetivo de jugar un papel de liderazgo en la Asociación de Estados del Caribe y en el grupo de paÃses ACP, cuyas cumbres de jefes de estado se celebraron en Santo Domingo durante el mismo. Y de promover una alianza estratégica entre CARICOM y Centroamérica, propuesta del presidente Fernández, en la cual RD fungirÃa como puente.
En todos estos escenarios el tema haitiano se presentaba como una incómoda tachuela en el zapato de la diplomacia dominicana. Algo que conocÃa el presidente René Preval, que buscaba con ello obtener ventajas en la mesa de negociación bilateral. Pero lo más importante para nuestra diplomacia y la nación como un todo, era el hecho de que este asunto habÃa pasado a adquirir una dimensión multilateral, al figurar en la agenda de varios organismos multilaterales mundiales y regionales, de agencias internacionales de derechos humanos y en el interés de dependencias del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea.
Coincidiendo con el informe de la CIDH, aparecieron los reportes anuales de Amnesty International y Human Rights Watch, pronunciándose contra las repatriaciones y sus procedimientos, censurando la actuación de los militares y alegadas prácticas racistas. En agosto de 1999, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación Racial adoptó sus conclusiones sobre la República Dominicana, "expresando su preocupación por la situación de los haitianos en el paÃs", señalando "que han sido objeto de varias formas de discriminación racial", e instando al gobierno a "reconocer la existencia de discriminación racial en el paÃs con relación a los haitianos". Ya en febrero, el Departamento de Estado de los Estados Unidos habÃa consignado en su informe sobre derechos humanos en la República Dominicana, que aunque el récord del gobierno habÃa mejorado ligeramente, "persistÃan serios abusos contra los migrantes haitianos y sus descendientes".
En noviembre de 1999, un Informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento Europeo sobre la misión realizada en Haità y la República Dominicana en octubre de ese año, ofreció una visión sobre los "problemas demográficos que afectan a estos dos Estados", y advirtió a sus gobiernos acerca del riesgo potencial de conflictos interétnicos:
"La historia de Haità y de la República Dominicana se caracteriza por una serie de conflictos, guerras y movimientos migratorios. En el subconsciente de los dos pueblos el resentimiento está fuertemente arraigado. Los dominicanos consideran que los habitantes de Haità son de color, mientras que ellos se consideran a sà mismos blancos. Haità ejerce una importante presión demográfica sobre la República Dominicana. La elevada cifra de trabajadores ilegales en la República Dominicana representa un potencial de problemas muy importante entre estos dos paÃses. La inestable situación jurÃdica en la que se encuentran estas personas, junto con el resentimiento histórico al que se ha hecho referencia anteriormente, pueden generar importantes problemas polÃticos. En parte, los dos gobiernos son conscientes de esta peligrosa situación, pero, no obstante, aún no han adoptado medidas adecuadas para prevenir un conflicto."
Bajo el primer mandato del presidente Leonel Fernández, la agenda bilateral con Haità se mantuvo siempre activa. Se constituyó la Comisión Mixta Bilateral, con sus respectivas subcomisiones, para tratar en la mesa de negociación los asuntos relativos a los nexos con Haità en una multiplicidad de campos, incluyéndose la materia migratoria, sobre la cual se convino un memorando de entendimiento para regular las contrataciones y un protocolo para regir los mecanismos de las repatriaciones. Lamentablemente, la inestabilidad reinante en Haità y la falta de continuidad de la polÃtica exterior dominicana han conspirado para dar seguimiento a estos trabajos. Antes de finalizar su gestión, el 27 de febrero del 2000, el presidente Fernández radicó en el Congreso un proyecto de Ley General de Migración preparado con asesorÃa de la OIM, siendo aprobado por el Congreso -tras su reformulación por una comisión consultiva de la CancillerÃa- al término de la administración del presidente Hipólito MejÃa (2000-2004).
Promulgada el 15 de agosto del 2004, esta Ley consagra la normativa que hoy, a nueve años de tardanza, estamos tratando de poner en movimiento con el Plan Nacional de Regularización, tras el empujón de la sentencia 168/13 del TC. Bajo fuertes presiones internacionales y en medio de un amplio debate nacional. Con la CIDH pisándonos los talones, en su visita in loco.
En 1999 este nivel llegó a 383 mil, en clara señal de deterioro. A final de la década del 90, el Estado traspasó ruinosamente al sector privado el control de los doce ingenios que operaba, mediante contratos de arrendamiento sin una real garantÃa de capitalización y modernización. Todo ello redujo dramáticamente la demanda de braceros y empobreció aun más a las comunidades cañeras.
Resultado de estos cambios, el sector externo de la economÃa se sustenta hoy en el turismo, las zonas francas, las remesas y una amplia gama de bienes agrÃcolas e industriales de exportación (incluyendo renglones tradicionales como el tabaco y el cacao ahora con mayor valor agregado). Complementado por las actividades locales en agropecuaria, manufactura, servicios y construcción. Las obras públicas y la edificación de torres, centros comerciales, villas y hoteles turÃsticos, han atraÃdo a los jóvenes haitianos, asà como la agropecuaria en general y el servicio doméstico. Transformando este flujo, otrora estacional en forma de brazos para la zafra, en mercado de trabajo permanente.
Es lo que la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) denominaron "la nueva inmigración" en el estudio Encuesta sobre Inmigrantes Haitianos en República Dominicana (2004). En una estimación extremadamente conservadora, el estudio proyectó en 266 mil el número de inmigrantes haitianos, de los cuales el 25% residirÃa en bateyes y el 75% restante en zonas urbanas y zonas rurales no azucareras.
Un documento del Banco Mundial del 2002, Informe sobre la Pobreza en República Dominicana, estimó la presencia haitiana, estratificada como sigue: trabajadores indocumentados residiendo permanentemente, 250,000/300,000; braceros temporales, 15,000-20,000; hijos de inmigrantes nacidos en el paÃs, 250,000/300,000. Sumando una población entre 515,000 y 620 mil personas, o sea, entre 6% y 7% de una población total de 9 millones de habitantes.
Cifras distantes a las dadas con frecuencia, cuando se habla de un millón de haitianos residiendo en el paÃs o más. Mientras que los datos censales y los de la Dirección General de Migración reflejan un sub registro tan absoluto que no vale la pena su mención ni a guisa de ejemplo.
Recientemente la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2012, realizada por la Oficina Nacional de EstadÃstica en base a 20,500 entrevistas a inmigrantes y sus descendientes, proyectó la población extranjera en el paÃs en 524,632 (5.4% de la población total), de los cuales 458,233 habrÃan nacido en HaitÃ, el 87.3% del conjunto Mientras que 66,399, el 12.7%, serÃan originarios de otros paÃses. Los descendientes llegarÃan a 244,151, siendo 209,912 de inmigrantes haitianos. Totalizando, al agregarse el 2.5% de los descendientes, el 7.9% de la población total.
El interés de los actores internacionales y los grupos domésticos que bregan con esta problemática se ha estado moviendo en la dirección de los tiempos, sin abandonar los viejos cargos relacionados con los bateyes que todavÃa resurgen cÃclicamente en reportajes de prensa, como "Esclavos en el ParaÃso" del Miami Herald, o en las denuncias del padre Hartley que motivaron hace poco un informe del Departamento de Trabajo de EEUU.
Desde los 90, el foco se ha ido ampliando hacia el marco más general de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos indocumentados y su estatus legal, asà como los procedimientos de las repatriaciones. En adición, se ha reclamado la nacionalidad dominicana para los hijos de haitianos ilegales nacidos en el paÃs, al amparo de una controvertida interpretación de la norma constitucional sobre la materia.
Quienes han gestionado estas iniciativas comprenden grupos de la diáspora haitiana establecida en EEUU y Canadá, organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty, redes de ONG's que operan a nivel local, que han logrado sensibilizar a organismos de Naciones Unidas y del sistema interamericano, al Departamento de Estado, a la Unión Europea y a otros actores.
El documento de mayor impacto en la década del 90 fue el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de octubre del 1999 sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana. Divulgado en medio de un debate nacional en torno a la inmigración haitiana y al derecho a la nacionalidad de los hijos de haitianos indocumentados, evidenció la fragilidad de nuestra polÃtica exterior y de la imagen internacional del paÃs, vulnerables en grado sumo al despliegue del problema haitiano en los foros regionales y mundiales.
Para un presidente como Leonel Fernández, interesado durante su primer mandato (1996-2000) en la agenda de polÃtica exterior y en ejercer un rol protagónico en la diplomacia directa, este asunto representó su primera prueba de fuego. En efecto, en contraste con el estilo de un Balaguer volcado hacia la polÃtica doméstica, la diplomacia dominicana se dinamizó en todos los órdenes bajo este perÃodo, con el objetivo de jugar un papel de liderazgo en la Asociación de Estados del Caribe y en el grupo de paÃses ACP, cuyas cumbres de jefes de estado se celebraron en Santo Domingo durante el mismo. Y de promover una alianza estratégica entre CARICOM y Centroamérica, propuesta del presidente Fernández, en la cual RD fungirÃa como puente.
En todos estos escenarios el tema haitiano se presentaba como una incómoda tachuela en el zapato de la diplomacia dominicana. Algo que conocÃa el presidente René Preval, que buscaba con ello obtener ventajas en la mesa de negociación bilateral. Pero lo más importante para nuestra diplomacia y la nación como un todo, era el hecho de que este asunto habÃa pasado a adquirir una dimensión multilateral, al figurar en la agenda de varios organismos multilaterales mundiales y regionales, de agencias internacionales de derechos humanos y en el interés de dependencias del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea.
Coincidiendo con el informe de la CIDH, aparecieron los reportes anuales de Amnesty International y Human Rights Watch, pronunciándose contra las repatriaciones y sus procedimientos, censurando la actuación de los militares y alegadas prácticas racistas. En agosto de 1999, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación Racial adoptó sus conclusiones sobre la República Dominicana, "expresando su preocupación por la situación de los haitianos en el paÃs", señalando "que han sido objeto de varias formas de discriminación racial", e instando al gobierno a "reconocer la existencia de discriminación racial en el paÃs con relación a los haitianos". Ya en febrero, el Departamento de Estado de los Estados Unidos habÃa consignado en su informe sobre derechos humanos en la República Dominicana, que aunque el récord del gobierno habÃa mejorado ligeramente, "persistÃan serios abusos contra los migrantes haitianos y sus descendientes".
En noviembre de 1999, un Informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento Europeo sobre la misión realizada en Haità y la República Dominicana en octubre de ese año, ofreció una visión sobre los "problemas demográficos que afectan a estos dos Estados", y advirtió a sus gobiernos acerca del riesgo potencial de conflictos interétnicos:
"La historia de Haità y de la República Dominicana se caracteriza por una serie de conflictos, guerras y movimientos migratorios. En el subconsciente de los dos pueblos el resentimiento está fuertemente arraigado. Los dominicanos consideran que los habitantes de Haità son de color, mientras que ellos se consideran a sà mismos blancos. Haità ejerce una importante presión demográfica sobre la República Dominicana. La elevada cifra de trabajadores ilegales en la República Dominicana representa un potencial de problemas muy importante entre estos dos paÃses. La inestable situación jurÃdica en la que se encuentran estas personas, junto con el resentimiento histórico al que se ha hecho referencia anteriormente, pueden generar importantes problemas polÃticos. En parte, los dos gobiernos son conscientes de esta peligrosa situación, pero, no obstante, aún no han adoptado medidas adecuadas para prevenir un conflicto."
Bajo el primer mandato del presidente Leonel Fernández, la agenda bilateral con Haità se mantuvo siempre activa. Se constituyó la Comisión Mixta Bilateral, con sus respectivas subcomisiones, para tratar en la mesa de negociación los asuntos relativos a los nexos con Haità en una multiplicidad de campos, incluyéndose la materia migratoria, sobre la cual se convino un memorando de entendimiento para regular las contrataciones y un protocolo para regir los mecanismos de las repatriaciones. Lamentablemente, la inestabilidad reinante en Haità y la falta de continuidad de la polÃtica exterior dominicana han conspirado para dar seguimiento a estos trabajos. Antes de finalizar su gestión, el 27 de febrero del 2000, el presidente Fernández radicó en el Congreso un proyecto de Ley General de Migración preparado con asesorÃa de la OIM, siendo aprobado por el Congreso -tras su reformulación por una comisión consultiva de la CancillerÃa- al término de la administración del presidente Hipólito MejÃa (2000-2004).
Promulgada el 15 de agosto del 2004, esta Ley consagra la normativa que hoy, a nueve años de tardanza, estamos tratando de poner en movimiento con el Plan Nacional de Regularización, tras el empujón de la sentencia 168/13 del TC. Bajo fuertes presiones internacionales y en medio de un amplio debate nacional. Con la CIDH pisándonos los talones, en su visita in loco.