Todo es muy raro pero... es política, y en una provincia gobernada por un presidenciable K... Por lo tanto, el escándalo impositivo en Entre Ríos parece que castigará a los contadores y no a los empresarios ni a los funcionarios políticos. Así, todo se resuelve con menos costo ante la opinión pública porque, en definitiva, es menos escandaloso acusar a un contador de maniobras que a un ministro o a un gobernador o, peor aún, si hubiera una trama de corrupción.
Hasta ahora, el contador Gustavo Gioria es el renunciado funcionario más comprometido en la estafa al Fisco. Poco costo para una irregularidad tan grande.
Muy ilustrativa la crónica de Diario Junio, de Concordia, Entre Ríos, acerca de la derivación del escándalo por compensaciones ficticias que resulta una estafa al Fisco provincial, representado por su agencia de recaudación (Administración Tributaria de Entre Ríos, ATER):
En el Salón Auditorio de la ATER, se desarrolló una nueva reunión del Consejo Asesor del organismo de acuerdo a lo normado por el Art. 9º de la Ley 10091. Participaron los diputados Rosario Romero, Juan Reynaldo Navarro y Martín Uranga, en representación de la cámara baja; por el Senado concurrieron los senadores Enrique Cresto, Oscar Arlettaz y Hugo Willem; en representación del Ministerio de Economía, el secretario de Presupuesto y Finanzas, Luis Erbes; por parte del Tribunal de Cuentas los contadores Eduardo Rudi y Hugo Jensen, quienes fueron recibidos por el director ejecutivo de ATER, Marcelo Casaretto, junto al resto de directores del organismo; Damián Zof, César del Castillo, Carlos Federico Borrás, Manuel Valiero y Germán Gietz.
Detalles sobre cómo saltó la estafa
A un funcionario de ATER de la localidad de Victoria, le llamó la atención que llegara a sus manos una compensación que favorecía a la empresa Insumos Entre Ríos SA. Se trata de una conocida empresa dedicada a la venta de semillas, el empleado se preguntó qué le podía estar vendiendo esta empresa al Estado, así que llamó a ATER central que lo que hizo fue solicitar expedientes.
A partir de ese momento surge que no había de parte del Ministerio de Economía un expediente originado allí que diera autorización, según el relato que escuchó la diputada Romero en la reunión de ayer. Seguidamente, se descubre que el jefe de Mesa de entrada crea un número de expediente falso, luego la jefa de la Dirección de Despacho crea una Resolución, (Estela Martínez de Yankelevich; y Daniel Gaggión), como si el trámite hubiese atravesado todos los organismos competentes, en especial el Ministerio de Economía.
El punto es que se simplificó el procedimiento que es largo, ya que tiene que haber un trámite, un expediente, eso va a la Contaduría General y a la Tesorería del Ministerio de Economía. Luego sale una resolución y vuelve a la administradora para que la misma se cargue”. Los “infieles” obviaron esos pasos. En la reunión se aseguró que no había ninguna Resolución del Ministerio de Economía que avalara ese expediente.
Saltaba allí la respuesta a una vieja pregunta ¿porqué la jefa de despacho que ya tenía 65 años, no se jubilaba?, bueno ahí saltó la respuesta.
El hecho escandaloso en este caso es que cuando a la empresa que despertó sospechas se le reclamó la deuda impositiva por casi millón, sus directivos respondieron: “Nosotros no adeudamos nada. Acordamos todo con nuestro contador, quien nos llevó adelante el expediente”. ¿quien es el contador de esa empresa? Aquí el escándalo, el contador de esa empresa es EUREKA, el tesorero público general de Entre Ríos, Gustavo Alejandro Gioria (foto), quien dejó de ir a su trabajo y aún no se sabe si lo echaron o renunció o está de licencia.
Empresas, contadores y prescripción
Una de las cuestiones que comienza a aparecer como hipótesis, es que, muchos empresarios podrían no estar al tanto de la estafa y que solo podría tratarse de una maniobra fraudulenta llevada a cabo por los contadores. La impresión no es descabellada pues si el empresario tiene el recibo de pago, no tiene de que preocuparse.
En el encuentro se produjo un debate ya que el Tribunal de Cuentas dijo que hará un rastrillaje de los últimos 5 años. La explicación es que las deudas impositivas prescriben a los 5 años. La diputada Romero entre otros, planteó que la configuración de este delito, es además de civil, penal y que tiene las caracteristicas de haber continuado en el tiempo, por lo que, es posible investigar hacia atras, muchos años más. O sea, pensarlo en términos penales. De todos modos, es difícil que al fiscal se le pase esto por alto, dijo Romero.
Como conclusión del encuentro, según la información oficial, se coincidió en la continuidad de las acciones judiciales poniendo a disposición todos los elementos que requiera la justicia, la necesidad del esclarecimiento de las responsabilidades del personal de la administradora y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y controles internos en pos de un sistema tributario seguro y confiable. También la ratificación de las acciones administrativas que permitan la recuperación de los créditos apropiados por contribuyentes que utilizaron este mecanismo fraudulento.
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