SANTO DOMINGO.- El suspendido alcalde de La Romana, Juan Antonio
Adames Bautista (Tony), presentó un recurso de amparo ante el Tribunal
Superior Electoral (TSE) en contra de la decisión del Concejo de
Regidores de ese Ayuntamiento, que lo destituyó hasta que resuelva casos
pendientes con la justicia.
El recurso busca que el tribunal ordene su inmediata restitución. Fue presentado por ante la secretaria del TSE, a través de Francisco Rosario (Frank) Martínez), Fernando Arturo Ceballo Areché y Marcelino Guerrero Berroa, abogados del edil.
El Alcalde pide, además, que se declare nula y sin ningún valor jurídico las decisiones adoptadas en su contra el 23 de setiembre y la juramentación de Maritza Suero como alcalde.
Los abogados solicitaron, asimismo, al TSE ordenar al referido Concejo de Regidores el pago de una atrieinte de 20 mil pesos diarios por cada día de retardo en la ejecución de la decisión que intervenga.
Sostienen que el Consejo de Regidores solo tiene un carácter normativo y fiscalizador, por lo que no puede atribuirse funciones que son propias de los órganos jurisdiccionales de la nación.
Destacan que el referido consejo busca crear un clima de ingobernabilidad e incertidumbre en el Ayuntamiento, ya que pretende sustituir la firma del alcalde, lo que crearía un estancamiento en las operaciones de carácter económico, que daría al traste con la paralización del gobierno municipal y que afectaría a los empleados, suplidores y contratistas, entre otros.
Sostienen que el alcalde, a título personal, no ha cometido ningún acto que comprometa su responsabilidad penal, tras señalar que los regidores han hecho una errónea y anticipada interpretación del artículo 44 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los municipios, lo que resulta contraria al derecho fundamental de la presunción de inocencia y el debido proceso.
El recurso busca que el tribunal ordene su inmediata restitución. Fue presentado por ante la secretaria del TSE, a través de Francisco Rosario (Frank) Martínez), Fernando Arturo Ceballo Areché y Marcelino Guerrero Berroa, abogados del edil.
El Alcalde pide, además, que se declare nula y sin ningún valor jurídico las decisiones adoptadas en su contra el 23 de setiembre y la juramentación de Maritza Suero como alcalde.
Los abogados solicitaron, asimismo, al TSE ordenar al referido Concejo de Regidores el pago de una atrieinte de 20 mil pesos diarios por cada día de retardo en la ejecución de la decisión que intervenga.
Sostienen que el Consejo de Regidores solo tiene un carácter normativo y fiscalizador, por lo que no puede atribuirse funciones que son propias de los órganos jurisdiccionales de la nación.
Destacan que el referido consejo busca crear un clima de ingobernabilidad e incertidumbre en el Ayuntamiento, ya que pretende sustituir la firma del alcalde, lo que crearía un estancamiento en las operaciones de carácter económico, que daría al traste con la paralización del gobierno municipal y que afectaría a los empleados, suplidores y contratistas, entre otros.
Sostienen que el alcalde, a título personal, no ha cometido ningún acto que comprometa su responsabilidad penal, tras señalar que los regidores han hecho una errónea y anticipada interpretación del artículo 44 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los municipios, lo que resulta contraria al derecho fundamental de la presunción de inocencia y el debido proceso.