WASHINGTON.- Amnistía Internacional (AI) ha acusado a Estados Unidos
de llevar a cabo en Pakistán ataques ilegales con aviones no tripulados
(drones) que en algunos casos pueden suponer "crímenes de guerra".
En un exhaustivo informe titulado "¿Seré yo el próximo?. Ataques con drones de EEUU en Pakistán", la organización documenta decenas de matanzas en el área tribal de Waziristán, en el noroeste paquistaní, la más afectada por ese tipo de ofensivas.
AI revisó 45 ataques efectuados entre enero de 2012 y agosto de 2013 y, entre otras, constató "la falta de transparencia" del Gobierno estadounidense en torno a ese tipo de operaciones.
"Licencia para matar"
"El secretismo que rodea sus programas de drones [también llamados "zánganos" en español] da a la Administración de Estados Unidos licencia para matar fuera del alcance de los tribunales o de los estándares básicos de la legislación internacional", ha declarado el investigador de Amnistía Mustafa Qadri.
"Es hora de que EEUU sea transparente sobre su programa y lleve a los responsables de las violaciones ante la justicia", afirma en un comunicado.
Amnistía señala que las víctimas de estos ataques, a menudo civiles inocentes, no pueden aspirar a reclamar reparación si los Estados Unidos "ni siquiera reconocen su responsabilidad por cada uno de los ataques".
En su informe, AI revela que, en las ofensivas estudiadas, algunas de las víctimas fueron una abuela de 68 años, Mamana Bibi, que fue asesinada mientras recogía hortalizas rodeada de sus nietos, o 18 jornaleros, entre ellos uno de 14 años, que murieron cuando se reunían para comer tras un día de trabajo.
Aunque EEUU mantiene que los muertos eran "terroristas", AI asegura que las víctimas no eran combatientes ni suponían una amenaza.
"No hay justificación para estas matanzas", subraya Qadri, quien señala que, aunque "hay amenazas verdaderas para EEUU y sus aliados en la región y los ataques con drones podrían ser legales en algunas circunstancias", no lo fueron en estos casos.
Promesa incumplida de Obama
Amnistía critica que aún no se haya materializado la promesa hecha por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en mayo de 2013 de ser más transparente respecto al uso de aviones no tripulados.
"Este secretismo ha permitido a EEUU actuar con impunidad y evitar que las víctimas reciban justicia o compensación", afirma el investigador de AI, que recuerda que ningún cargo estadounidense ha sido jamás procesado por matanzas ilegales con este tipo de aviones.
Amnistía denuncia que los habitantes de esas áreas tribales viven con temor constante de los ataques aéreos y también de los ajustes de cuentas de los combatientes talibanes, que castigan a quienes perciben como sospechosos de colaborar con el enemigo.
Aunque el Gobierno de Pakistán se opone oficialmente al programa estadounidense de drones, AI denuncia que cargos o instituciones paquistaníes y de países como Australia, Alemania y el Reino Unido podrían colaborar con la Administración estadounidense.
Además pide a estos países que dejen de asistir en ataques "y otros abusos" que pueden constituir violaciones de los derechos humanos y a Pakistán que garantice a las víctimas el acceso a la justicia y otros remedios.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch -que el lunes presentó a su vez un informe sobre ataques en Yemen- piden al Congreso de EEUU que investiguen los casos denunciados y otras posibles matanzas ilegales.
En resumen, AI pide a Estados Unidos que precise la base legal de sus ataques en Pakistán, que investigue los casos en los que pueda haber habido matanzas ilegales, que procese a los responsables y garantice el acceso a la justicia de las víctimas.
En un exhaustivo informe titulado "¿Seré yo el próximo?. Ataques con drones de EEUU en Pakistán", la organización documenta decenas de matanzas en el área tribal de Waziristán, en el noroeste paquistaní, la más afectada por ese tipo de ofensivas.
AI revisó 45 ataques efectuados entre enero de 2012 y agosto de 2013 y, entre otras, constató "la falta de transparencia" del Gobierno estadounidense en torno a ese tipo de operaciones.
"Licencia para matar"
"El secretismo que rodea sus programas de drones [también llamados "zánganos" en español] da a la Administración de Estados Unidos licencia para matar fuera del alcance de los tribunales o de los estándares básicos de la legislación internacional", ha declarado el investigador de Amnistía Mustafa Qadri.
"Es hora de que EEUU sea transparente sobre su programa y lleve a los responsables de las violaciones ante la justicia", afirma en un comunicado.
Amnistía señala que las víctimas de estos ataques, a menudo civiles inocentes, no pueden aspirar a reclamar reparación si los Estados Unidos "ni siquiera reconocen su responsabilidad por cada uno de los ataques".
En su informe, AI revela que, en las ofensivas estudiadas, algunas de las víctimas fueron una abuela de 68 años, Mamana Bibi, que fue asesinada mientras recogía hortalizas rodeada de sus nietos, o 18 jornaleros, entre ellos uno de 14 años, que murieron cuando se reunían para comer tras un día de trabajo.
Aunque EEUU mantiene que los muertos eran "terroristas", AI asegura que las víctimas no eran combatientes ni suponían una amenaza.
"No hay justificación para estas matanzas", subraya Qadri, quien señala que, aunque "hay amenazas verdaderas para EEUU y sus aliados en la región y los ataques con drones podrían ser legales en algunas circunstancias", no lo fueron en estos casos.
Promesa incumplida de Obama
Amnistía critica que aún no se haya materializado la promesa hecha por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en mayo de 2013 de ser más transparente respecto al uso de aviones no tripulados.
"Este secretismo ha permitido a EEUU actuar con impunidad y evitar que las víctimas reciban justicia o compensación", afirma el investigador de AI, que recuerda que ningún cargo estadounidense ha sido jamás procesado por matanzas ilegales con este tipo de aviones.
Amnistía denuncia que los habitantes de esas áreas tribales viven con temor constante de los ataques aéreos y también de los ajustes de cuentas de los combatientes talibanes, que castigan a quienes perciben como sospechosos de colaborar con el enemigo.
Aunque el Gobierno de Pakistán se opone oficialmente al programa estadounidense de drones, AI denuncia que cargos o instituciones paquistaníes y de países como Australia, Alemania y el Reino Unido podrían colaborar con la Administración estadounidense.
Además pide a estos países que dejen de asistir en ataques "y otros abusos" que pueden constituir violaciones de los derechos humanos y a Pakistán que garantice a las víctimas el acceso a la justicia y otros remedios.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch -que el lunes presentó a su vez un informe sobre ataques en Yemen- piden al Congreso de EEUU que investiguen los casos denunciados y otras posibles matanzas ilegales.
En resumen, AI pide a Estados Unidos que precise la base legal de sus ataques en Pakistán, que investigue los casos en los que pueda haber habido matanzas ilegales, que procese a los responsables y garantice el acceso a la justicia de las víctimas.