SANTO DOMINGO.- Hoy se inicia en
la ciudad de México el 48° Período Extraordinario de Sesiones de la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en cuya agenda figura como
punto principal conocer acusaciones a la República Dominicana de hacer
expulsiones arbitrarias de haitianos y discriminar a descendientes de
éstos.
Durante estas sesiones, las cuales se extenderán hasta el próximo viernes, se llevará a cabo además un Seminario Internacional sobre "Diálogo Jurisprudencial e Impacto de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Tendrán lugar en la Biblioteca México "José Vasconcelos", ubicada en Plaza de la Ciudadela núm. 4, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc.
Caso Tide Méndez y otros
El 12 de julio de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso “Tide Méndez y otros contra República Dominicana (No. 12.271)”.
De acuerdo a la Comisión, el caso se relaciona con detenciones y expulsiones sumarias del territorio nacional de 27 personas, las cuales se habrían producido “en un contexto de expulsiones colectivas y masivas que afectaban igualmente a nacionales y extranjeros, documentados e indocumentados, quienes tenían su residencia permanente y un vínculo estrecho de relaciones laborales y familiares con República Dominicana”.
Indica que “las características fenotípicas y el color de la piel habrían sido elementos determinantes en el momento de seleccionar a las personas que iban a ser detenidas y posteriormente expulsadas, lo que demuestra un patrón de discriminación respecto de otras personas”.
Alega que "presuntamente existían una serie de impedimentos para que los migrantes haitianos regularizaran su situación legal en el país y para que pudieran inscribir a sus hijos e hijas nacidos en territorio dominicano”.
Manifiesta la Comisión que los impedimentos para conceder la nacionalidad a las personas nacidas en territorio dominicano, a pesar de que el Estado respeta el principio de jus soli, constituyen una privación arbitraria de la nacionalidad, que promueve la detención y posible deportación de nacionales, y colocó a las presuntas víctimas en una situación de extremo riesgo y vulnerabilidad.
Niños migrantes
En cuanto a la situación de los niños y las niñas presuntas víctimas del caso, la Comisión alegó que era posible advertir “una secuencia de hechos que se inician con la negativa de inscripción del nacimiento y la consiguiente imposibilidad de obtener la nacionalidad y acceder a servicios básicos de salud y educación, continúa con la exposición a ser detenidos y expulsados arbitrariamente del país del que eran nacionales, sin tener en cuenta sus necesidades por su condición de niños y niñas y afectando el normal desenvolvimiento de su proyecto de vida personal y familiar, y finaliza con la imposibilidad de acceder a recursos judiciales para la protección de sus derechos”.
Señaló que durante su detención, las presuntas víctimas no recibieron agua, alimentos ni asistencia médica, y su expulsión conllevó "el desarraigo, el desmembramiento de los lazos y la estructura familiar, y afectó el normal desarrollo de las relaciones familiares, incluso para los nuevos miembros de la familia".
Concluyó que la alegada expulsión de las presuntas víctimas implicó la pérdida automática de facto de todos aquellos efectos que quedaron en territorio dominicano, lo que constituyó una privación ilegal de sus bienes, y no reciben ninguna indemnización al respecto.
En este sentido, solicita reparaciones que estima que deben otorgarse a las presuntas víctimas.
Cita “violaciones”
La Comisión solicitó a la Corte que declare la violación de los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos el Niño), 20 (Derecho a la Nacionalidad), 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 22 (Derecho de Circulación y de Residencia), 24 (Igualdad ante la Ley) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho tratado, en perjuicio, según sea el caso, de las presuntas víctimas del presente caso.
Las acusaciones fueron elaboradas en base a un informe incoado por Benito Tide Méndez y otros ciudadanos, quienes señalaron que fueron despojados de sus cédulas de identidad (que las autoridades del país describieron como cédulas falsas, por no estar sustentadas en actas de nacimiento ni estar asentadas en los libros de la Junta Central Electoral).
Declararon que fueron objeto de atropellos por parte de las autoridades, que sus bienes se perdieron de resultas de la deportación y que se les privó de derechos adquiridos.
El expediente fue cuidadosamente elaborado por el Movimiento de Mujeres Domínico Haitianas (MUDHA), la Clínica de derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR) y el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL).
Todas las personas demandantes ratificaron ante notarios que, al ser despojados de sus cédulas de identidad, les fueron vulnerados sus derechos.
No fue presentado a la justicia dominicana
El expediente no fue presentado a la Justicia dominicana ni fueron agotados aquí los procedimientos previstos en las normas de la Corte Interamericana.
Defensa de las “víctimas”
En representación de las víctimas declararán la antropóloga Tahira Vargas, el abogado Cristóbal Rodríguez y la psicóloga Rosa del Rosario, cuyas versiones serán acompañadas del peritaje de la señora Briget Wodding (que dirige una ONG pro haitiana en la República Dominicana y es miembro del Observatorio de Asuntos Haitianos dirigido por el sociólogo Wilfredo Lozano) y el abogado Carlos Quezada.
En representación del Estado dominicano actuarán como testigos Carmen Maribel Ferreras Mella, ex directora regional de Migración, acompañada del peritaje propuesto por el Estado del antropólogo Fernando Ferrán y del historiador y escritor Manuel Núñez Asencio.
Los abogados que representarán al Estado son Juan Bautista Tavares Gómez, especialista en registro civil de la Junta Central Electoral; Cecilio Gómez Pérez, abogado constitucionalista y Santo Miguel Román, experto en migración de la Dirección General de Migración.
Audiencia el martes
Aunque la inauguración del 48 período de sesiones fue programado para este lunes, la audiencia contra la República Dominicana será el martes desde las 08:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.
El miércoles la misma continuará de 08:30 a 11:30 de la mañana y el jueves de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.
ALMOMENTO.NET transmitirá en vivo
Las incidencias principales serán transmitidas en vivo por ALMOMENTO.NET para que los miles de lectores de este periódico digital puedan dar seguimiento a las mismas.
Durante estas sesiones, las cuales se extenderán hasta el próximo viernes, se llevará a cabo además un Seminario Internacional sobre "Diálogo Jurisprudencial e Impacto de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Tendrán lugar en la Biblioteca México "José Vasconcelos", ubicada en Plaza de la Ciudadela núm. 4, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc.
Caso Tide Méndez y otros
El 12 de julio de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso “Tide Méndez y otros contra República Dominicana (No. 12.271)”.
De acuerdo a la Comisión, el caso se relaciona con detenciones y expulsiones sumarias del territorio nacional de 27 personas, las cuales se habrían producido “en un contexto de expulsiones colectivas y masivas que afectaban igualmente a nacionales y extranjeros, documentados e indocumentados, quienes tenían su residencia permanente y un vínculo estrecho de relaciones laborales y familiares con República Dominicana”.
Indica que “las características fenotípicas y el color de la piel habrían sido elementos determinantes en el momento de seleccionar a las personas que iban a ser detenidas y posteriormente expulsadas, lo que demuestra un patrón de discriminación respecto de otras personas”.
Alega que "presuntamente existían una serie de impedimentos para que los migrantes haitianos regularizaran su situación legal en el país y para que pudieran inscribir a sus hijos e hijas nacidos en territorio dominicano”.
Manifiesta la Comisión que los impedimentos para conceder la nacionalidad a las personas nacidas en territorio dominicano, a pesar de que el Estado respeta el principio de jus soli, constituyen una privación arbitraria de la nacionalidad, que promueve la detención y posible deportación de nacionales, y colocó a las presuntas víctimas en una situación de extremo riesgo y vulnerabilidad.
Niños migrantes
En cuanto a la situación de los niños y las niñas presuntas víctimas del caso, la Comisión alegó que era posible advertir “una secuencia de hechos que se inician con la negativa de inscripción del nacimiento y la consiguiente imposibilidad de obtener la nacionalidad y acceder a servicios básicos de salud y educación, continúa con la exposición a ser detenidos y expulsados arbitrariamente del país del que eran nacionales, sin tener en cuenta sus necesidades por su condición de niños y niñas y afectando el normal desenvolvimiento de su proyecto de vida personal y familiar, y finaliza con la imposibilidad de acceder a recursos judiciales para la protección de sus derechos”.
Señaló que durante su detención, las presuntas víctimas no recibieron agua, alimentos ni asistencia médica, y su expulsión conllevó "el desarraigo, el desmembramiento de los lazos y la estructura familiar, y afectó el normal desarrollo de las relaciones familiares, incluso para los nuevos miembros de la familia".
Concluyó que la alegada expulsión de las presuntas víctimas implicó la pérdida automática de facto de todos aquellos efectos que quedaron en territorio dominicano, lo que constituyó una privación ilegal de sus bienes, y no reciben ninguna indemnización al respecto.
En este sentido, solicita reparaciones que estima que deben otorgarse a las presuntas víctimas.
Cita “violaciones”
La Comisión solicitó a la Corte que declare la violación de los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos el Niño), 20 (Derecho a la Nacionalidad), 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 22 (Derecho de Circulación y de Residencia), 24 (Igualdad ante la Ley) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho tratado, en perjuicio, según sea el caso, de las presuntas víctimas del presente caso.
Las acusaciones fueron elaboradas en base a un informe incoado por Benito Tide Méndez y otros ciudadanos, quienes señalaron que fueron despojados de sus cédulas de identidad (que las autoridades del país describieron como cédulas falsas, por no estar sustentadas en actas de nacimiento ni estar asentadas en los libros de la Junta Central Electoral).
Declararon que fueron objeto de atropellos por parte de las autoridades, que sus bienes se perdieron de resultas de la deportación y que se les privó de derechos adquiridos.
El expediente fue cuidadosamente elaborado por el Movimiento de Mujeres Domínico Haitianas (MUDHA), la Clínica de derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR) y el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL).
Todas las personas demandantes ratificaron ante notarios que, al ser despojados de sus cédulas de identidad, les fueron vulnerados sus derechos.
No fue presentado a la justicia dominicana
El expediente no fue presentado a la Justicia dominicana ni fueron agotados aquí los procedimientos previstos en las normas de la Corte Interamericana.
Defensa de las “víctimas”
En representación de las víctimas declararán la antropóloga Tahira Vargas, el abogado Cristóbal Rodríguez y la psicóloga Rosa del Rosario, cuyas versiones serán acompañadas del peritaje de la señora Briget Wodding (que dirige una ONG pro haitiana en la República Dominicana y es miembro del Observatorio de Asuntos Haitianos dirigido por el sociólogo Wilfredo Lozano) y el abogado Carlos Quezada.
En representación del Estado dominicano actuarán como testigos Carmen Maribel Ferreras Mella, ex directora regional de Migración, acompañada del peritaje propuesto por el Estado del antropólogo Fernando Ferrán y del historiador y escritor Manuel Núñez Asencio.
Los abogados que representarán al Estado son Juan Bautista Tavares Gómez, especialista en registro civil de la Junta Central Electoral; Cecilio Gómez Pérez, abogado constitucionalista y Santo Miguel Román, experto en migración de la Dirección General de Migración.
Audiencia el martes
Aunque la inauguración del 48 período de sesiones fue programado para este lunes, la audiencia contra la República Dominicana será el martes desde las 08:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.
El miércoles la misma continuará de 08:30 a 11:30 de la mañana y el jueves de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.
ALMOMENTO.NET transmitirá en vivo
Las incidencias principales serán transmitidas en vivo por ALMOMENTO.NET para que los miles de lectores de este periódico digital puedan dar seguimiento a las mismas.