Los haitianos son el cuco dominicano. La negritud
en oposición a la blancura, el vudú al cristianismo, el creole al
español, la pobreza al progreso.
En Haità hay una población empobrecida que habita en un territorio agreste y súper-poblado, y desea irse de su paÃs. El 55% de la población adulta haitiana expresó intención de emigrar en la encuesta del Barómetro de las Américas 2012, el porcentaje más alto registrado en la región. La República Dominicana es el lugar más cercano y accesible porque se pasa a pie.
Por décadas, el gobierno dominicano ha permitido el ingreso de haitianos sin documentación y muchos se han quedado. Procrean hijos que se crÃan como dominicanos y ahora quedarán sin papeles, obra y gracia del Tribunal Constitucional, que ha decidido considerarlos “en tránsito”, no importa cuánto tiempo hayan vivido en el paÃs, o si tenÃan o no acta de nacimiento.
Mientras los haitianos vivieron confinados en los bateyes en la Era de Trujillo y los 12 Años de Balaguer, la migración no era de alta preocupación. Los haitianos eran sujetos de explotación laboral y objetos de observación cultural. Ahora no. Se han insertado al trabajo agrÃcola, a la construcción, al turismo y al comercio informal. Están por doquier.
La caÃda de la dictadura de Duvalier en 1986, la inestabilidad polÃtica en HaitÃ, la pobreza, y el terremoto han contribuido a la avalancha migratoria de los últimos 30 años. En su desorganización y visión explotadora, el gobierno dominicano no ha proveÃdo de documentación adecuada a esos inmigrantes ni a sus descendientes. He aquà el problema.
Hasta el 2005, la entrega de actas de nacimiento se hacÃa de manera caprichosa, aunque la Constitución dominicana establecÃa el derecho a la ciudadanÃa por territorio de nacimiento. A fines de 2005, la Suprema Corte de Justicia falló que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano no eran dominicanos porque estaban en tránsito. Asà se justificó el despojo de actas que ha impulsado la Junta Central Electoral en años recientes. En 2010, la nueva Constitución dispuso explÃcitamente que los hijos de inmigrantes indocumentados no fueran dominicanos. El cuco fue constitucionalizado.
La no certificación de nacimiento con- lleva serias restricciones para realizar transacciones civiles y tener derechos polÃticos y sociales. Es un castigo injusto e inhumano a muchas personas que nacieron y siempre han vivido en República Dominicana. El resultado será un apartheid constitucional.
A la irresponsabilidad del gobierno central de haber permitido una migración desorganizada e ilegal, se une ahora la atroz sentencia del Tribunal Constitucional de revisar expedientes de nacionalidad hasta principios del siglo 20.
Cuando una Constitución es ajena a la realidad sociales es una mala Constitución, y peor es la situación si los jueces la aplican mal.
La República Dominicana tiene todo el derecho de ejercer su soberanÃa, pero eso pasa por tener una polÃtica migratoria organizada y legal, y una legislación que permita encontrar una salida aceptable para los miles de descendientes de inmigrantes haitianos que nacieron y han vivido toda su vida en este paÃs.
La decisión del Tribunal Constitucional prolonga la agonÃa y ahonda las heridas, aumenta la pobreza, la discriminación y los resentimientos.
El gobierno dominicano tiene que detener la migración ilegal ya, pero también tiene que legalizar a los hijos de quienes en el pasado emigraron ilegalmente por decisión o irresponsabilidad del propio gobierno.
Las disposiciones constitucionales excluyentes de segmentos poblacionales no conducen a la justicia ni a la paz. Crear una nación dominicana fuerte supone vencer el miedo al otro, ser organizados y responsables.
En Haità hay una población empobrecida que habita en un territorio agreste y súper-poblado, y desea irse de su paÃs. El 55% de la población adulta haitiana expresó intención de emigrar en la encuesta del Barómetro de las Américas 2012, el porcentaje más alto registrado en la región. La República Dominicana es el lugar más cercano y accesible porque se pasa a pie.
Por décadas, el gobierno dominicano ha permitido el ingreso de haitianos sin documentación y muchos se han quedado. Procrean hijos que se crÃan como dominicanos y ahora quedarán sin papeles, obra y gracia del Tribunal Constitucional, que ha decidido considerarlos “en tránsito”, no importa cuánto tiempo hayan vivido en el paÃs, o si tenÃan o no acta de nacimiento.
Mientras los haitianos vivieron confinados en los bateyes en la Era de Trujillo y los 12 Años de Balaguer, la migración no era de alta preocupación. Los haitianos eran sujetos de explotación laboral y objetos de observación cultural. Ahora no. Se han insertado al trabajo agrÃcola, a la construcción, al turismo y al comercio informal. Están por doquier.
La caÃda de la dictadura de Duvalier en 1986, la inestabilidad polÃtica en HaitÃ, la pobreza, y el terremoto han contribuido a la avalancha migratoria de los últimos 30 años. En su desorganización y visión explotadora, el gobierno dominicano no ha proveÃdo de documentación adecuada a esos inmigrantes ni a sus descendientes. He aquà el problema.
Hasta el 2005, la entrega de actas de nacimiento se hacÃa de manera caprichosa, aunque la Constitución dominicana establecÃa el derecho a la ciudadanÃa por territorio de nacimiento. A fines de 2005, la Suprema Corte de Justicia falló que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano no eran dominicanos porque estaban en tránsito. Asà se justificó el despojo de actas que ha impulsado la Junta Central Electoral en años recientes. En 2010, la nueva Constitución dispuso explÃcitamente que los hijos de inmigrantes indocumentados no fueran dominicanos. El cuco fue constitucionalizado.
La no certificación de nacimiento con- lleva serias restricciones para realizar transacciones civiles y tener derechos polÃticos y sociales. Es un castigo injusto e inhumano a muchas personas que nacieron y siempre han vivido en República Dominicana. El resultado será un apartheid constitucional.
A la irresponsabilidad del gobierno central de haber permitido una migración desorganizada e ilegal, se une ahora la atroz sentencia del Tribunal Constitucional de revisar expedientes de nacionalidad hasta principios del siglo 20.
Cuando una Constitución es ajena a la realidad sociales es una mala Constitución, y peor es la situación si los jueces la aplican mal.
La República Dominicana tiene todo el derecho de ejercer su soberanÃa, pero eso pasa por tener una polÃtica migratoria organizada y legal, y una legislación que permita encontrar una salida aceptable para los miles de descendientes de inmigrantes haitianos que nacieron y han vivido toda su vida en este paÃs.
La decisión del Tribunal Constitucional prolonga la agonÃa y ahonda las heridas, aumenta la pobreza, la discriminación y los resentimientos.
El gobierno dominicano tiene que detener la migración ilegal ya, pero también tiene que legalizar a los hijos de quienes en el pasado emigraron ilegalmente por decisión o irresponsabilidad del propio gobierno.
Las disposiciones constitucionales excluyentes de segmentos poblacionales no conducen a la justicia ni a la paz. Crear una nación dominicana fuerte supone vencer el miedo al otro, ser organizados y responsables.