OPINION: Triple nivel de repercusiones de una sentencia

Quienes promovieron la sentencia del Tribunal constitucional (TC), tan obnubilados por encontrar finalmente la buena fórmula judicial de desnacionalización creando virtualmente una nueva figura que sería el “dominicano nacido fuera de la ley”, pensaron que esta vez estarían dando un golpe mortal a los de ascendencia haitiana, sin prever, o lo peor, ignorar las graves repercusiones que dicha acción tendría, para la nación dominicana, a tres niveles: lo local, lo bilateral y en el plano internacional.
En lo local, en el campo político, coloca a la administración Medina en una situación sumamente difícil. Toda vez a ese nivel, se dice que fue calculado. Aunque cueste pensar que se busca crear problemas de gobernabilidad o un enfrentamiento entre dominicanos en el desarrollo de un proceso que determinara quiénes son puros o impuros patriotas o traidores desde 1929.
En el campo jurídico, la sentencia, por violar la propia constitución, provoca un profundo antagonismo en la sociedad dominicana.
Da lugar a legítimos cuestionamientos a la independencia de altas cortes haciendo tambalear la institucionalidad jurídica.
La minoría anti haitiana que la fabricó, con su influencia política y mediática reforzada por el respaldo de algunas figuras eclesiásticas, presiona para su aplicación. La mayoría que la rechaza esta dispuesta a “echar el pleito hasta las últimas consecuencias” en vista de su abrogación.
En lo bilateral, por considerarse un genocidio civil, tocó la cuerda sensible de los haitianos. Contrario a lo que plantea el presidente del senado dominicano, lo cual puede ser visto como una inteligente maniobra para tratar de neutralizar a la administración Martelly, nada tiene que ver la coyuntura haitiana con las manifestaciones diversas de repudio a la sentencia.
Tanto el ejecutivo como los más recios adversarios del régimen haitiano, por una obligación estatal, ciudadano o moral de proteger y defender a miembros de su diáspora, han expresado de manera enérgica su rechazo al anti haitianismo que motivó la sentencia. Se han comprometido, asimismo, a respaldar a la mayoría dominicana que lo rechaza.
Ciertamente, la cancillería haitiana tomó la iniciativa. Llamó a consultas a su representante en Santo Domingo, convocó al embajador dominicano, emitió una nota verbal en términos claros. Luego, líderes de la oposición, entre otros, la ex primera dama y candidata presidencial Myrlande Manigat, encabezaron una manifestación frente a la embajada dominicana en Petion Ville.
De igual manera, senadores y diputados, adversarios y simpatizantes del régimen haitiano, vinieron a Santo Domingo para reunirse con sus contrapartes.
No se había visto en los últimos 30 años la expresión de una unidad nacional tan clara en Haití. De hecho, por primera vez, el Primer Ministro personalmente, decidió lanzar una serie de consultas con expertos y responsables de ONG especializadas en el tema haitiano dominicano para definir el tipo de seguimiento gubernamental.
En ese sentido, para Haití, la sentencia es el nuevo “kita nago”. Una iniciativa de promoción de la solidaridad interhaitiana que en meses pasados reunió a millones de haitianos para llevar en sus hombros, turnándose, un tronco de árbol de 500 kilos con el cual recorrieron 700 km cruzando de punta a punta la media isla.
En esa dinámica, la diáspora haitiana global dividida sobre diversos temas de la agenda nacional incluso por razones políticas encontró su punto de convergencia. La manifestación del 17 de octubre en ocasión de la conmemoración del día de Dessalines, frente al consulado dominicano de Nueva York es una muestra. Entre los organizadores, el ex candidato a la presidencia y ex embajador de Haití en Washington, Raymond Joseph, quien nació en San Pedro de Macorís.
Por ende, en el plano internacional hay tres niveles de actuaciones. Las comunidades de la diáspora haitiana, incluyendo sus oficiales electos, en los países de grandes concentraciones como Estados Unidos, Francia, Canadá y hasta Cuba. Estas, están coordinando sus actividades con líderes dominicanos del exterior.
Por otro lado, la ofensiva diplomática llevada a cabo por el canciller haitiano con resultados tangibles en la región del Caribe y América latina. Por último, las organizaciones internacionales de derechos humanos y los organismos multilaterales.
En esa primera fase, hay unanimidad en la condena internacional del fallo del TC en base a las violaciones de convenios firmados por la Republica Dominicana y de la sentencia del 2005 de la Corte Interamericana de los derechos humanos (CIDH).
La segunda fase sería que el expediente sea apoderado por tribunales regionales o internacionales tal como lo prevén las dos juezas disidentes sobre la sentencia del TC y se comience a vislumbrar acciones que contribuyan a resolver el problema.
Soberana, desde luego lo es la Republica Dominicana. El ineludible compromiso está en aplicar los derechos soberanos sin violar los derechos humanos. Particularmente, sin la exclusión social o política ni la promoción del odio, desde esferas oficiales, contra algún grupo formando parte de la nación. Una realidad que tiene mayor peso, por el historial negativo de su gestión migratoria, arrastrado por el país desde 1937, en el escenario internacional.
En resumen, por el anti haitianismo de una minoría, en lo local la sentencia puede desembocar en problemas inter dominicanos muy complejos.
En lo bilateral, en profundizar la crisis surgida a raíz de la prohibición de los productos dominicanos por el gobierno haitiano, amenazando de igual manera, el trato, hasta ahora preferencial, acordado a varias empresas dominicanas en el marco de la reconstrucción.
En tanto que en el plano internacional, además de las serias complicaciones diplomáticas, el turismo dominicano puede ser fragilizado.
La sabiduría y la inteligencia políticas deben de imponerse.