El ex presidente de la Tesorería General de Entre Rios, Gustavo Gioria, no renunció tal como se hizo trascender, sino que fue despedido o echado o expulsado, no es un problema de semántica. Hay una denuncia penal ante la justicia, por el fraude millonario cometido contra la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), que involucra a un total de 65 empresas de la provincia y por más de $17 millones, monto que surge a partir del rastreo del sistema, desde el 01/01/2012, pero se estima que, si se investigan años anteriores, la cifra podría ser el doble o el triple, porque es muy probable que las maniobras se hubieran realizando desde hacía ya varios períodos.
Una frase de Gustavo Gioria: "Lo financiero no es ajeno a lo político. Las prioridades están, mi función es ver que esas decisiones sean posibles de ser llevadas a la práctica. Somos técnicos, ofrecemos un marco de desempeño". (¿?)
PARANÁ (Especial para Urgente24). Según la web Junio (de Concordia) y también la web de la revista Análisis, ha ocurrido un grave fraude en la contabilidad pública entrerriana, irregularidad detectada cuando se conoció que una empresa de insumos agropecuarios, con sede en la localidad Victoria (la semillera Insumos Entre Ríos S.A.), había acumulado una deuda impositiva por casi $1 millón, y cuando se la intimó, sus directivos respondieron: “Nosotros no adeudamos nada. Acordamos todo con nuestro contador, quien nos llevó adelante el expediente”.
¿Quién era el contador en quien confiaba la empresa de marras?
El tesorero público general de Entre Ríos, Gustavo Alejandro Gioria, quien presentó su renuncia el jueves 05/06, y se convirtió en el 1er. responsable, aunque por entonces se lo negaba, por la escandalosa estafa millonaria perpetrada en el ámbito de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), a partir de supuestas compensaciones tributarias.
El titular de la ATER, Marcelo Casaretto, le anunció a sus funcionarios el inicio de una investigación interna, y la presentación del caso en la Justicia, con una denuncia penal, aunque oficialmente el Gobierno guardó silencio.
El expediente judicial se encuentra en manos de la jueza de Instrucción Marina Barbagelatta.
"(...) Aunque Gioria tiene un bajísimo perfil, su nombre ha trascendido ahora, como lo ha hecho antes, por temas espinosos también.
En junio de 2007, la revista “Análisis” publicó un informe sobre las inversiones que desarrollaba por entonces en Entre Ríos, Víctor Hugo Dinamarca, un oficial penitenciario retirado, acusado de haber oficiado de nexo entre la ESMA y el Servicio Penitenciario Federal durante la última dictadura
Dinamarca había cobrado notoriedad por haber sido parte de la custodia del ya fallecido empresario Alfredo Yabrán.
“Desde hace unos años llega casi periódicamente a Paraná, donde está haciendo fuertes inversiones, asesorado por su amigo, el empresario Hugo Lifschitz y el contador Gustavo Gioria, actual Tesorero General del gobierno entrerriano. Su última inversión superaría el millón de dólares, en la construcción de un coqueto edificio en calle Santa Fe, casi Mitre”, contó entonces la revista “Análisis”. (...)".
Un dato que aportó la publicación: buena parte del dinero que administraba Dinamarca a través de Lifschitz lo hacía con el directo asesoramiento del contador Gustavo Gioria, Tesorero General del Gobierno de Entre Ríos, "quien surgiera del riñón del ex funcionario bustista, Oscar Horacio Pacha Mori, en tiempos en que ambos estuvieron, allá por fines de los años ‘90, en la Dirección General de Rentas (DGR), en la primera gestión de Jorge Busti. De hecho, Gioria es el contador personal de Lifschitz desde hace muchos años. Y Lifschitz con Mori siempre hicieron buenos negocios, además de ser amigos desde hace más de 25 años”.
Pero el tándem Dinamarca-Lifschitz-Gioria parecía tener otras inversiones.
Hacia el año 2000 se les adjudicaba un complejo de bungalows en Pueblo Brugo (Departamento Paraná), denominado Las cabañas de Hugo, hoy día a nombre del padre del contador Gioria: Domingo Alejandro Gioria.
Por eso se estima que la denuncia realizada por el director de la ATER (Administradora Tributaria de Entre Ríos) traerá problemas insospechados en el mundo político entrerriano. Los cruces y echadas en cara sobre la situación ya comienzan a vislumbrarse. El senador Cresto (Concordia) dijo al diario Río Uruguay: “Es evidente que hay mucha falsificación en el camino porque para cada compensación se realiza un expediente que debe ser firmado por el ministro de Económica (Diego Valiero), incluso el contador General de la provincia, antes de que llegue a un funcionario del ATER y se lo cargue en la computadora”.
Y presumió que “es una cadena, que seguramente hay muchas falsificaciones que involucra a funcionarios y otros que han falsificado la firma para generar un expediente”.
Esas declaraciones ponen en evidencia el nerviosismo que ha provocado la denuncia de Casaretto que en su afán de quedar bien, no ha hecho más que destapar una olla muy grande con mucho mal olor.
De las 65 empresas involucradas hay varias que tienen un fuerte vínculo con funcionarios políticos de la Administración Urribarri, y muchas de ellas han tenido un crecimiento muy sugestivo en la última década.
"El fraude contra la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) puede tener mayores derivaciones, tras la presentación escrita que se hizo ante la jueza de Instrucción, Marina Barbagelata. Hay dos empleados infieles denunciados, pero podría haber otros vinculados a estos, tanto en Paraná como en el resto del territorio entrerriano. De hecho, ayer renunció un ex director de Interior de ATER, relacionado históricamente a un ex legislador justicialista del departamento San Salvador, que tuviera un rol activo en la desaparecida Dirección General de Rentas (DGR), entre el 2003 y el 2011 y actualmente cumplía funciones de menor rango en la estructura oficial. Sucede que sorprendió que en San Salvador aparecieran un total de 13 empresas vinculadas al fraude millonario, las que desviaron 2.605.970 pesos. San Salvador es la segunda ciudad que más firmas quedaron involucradas, después de Paraná, donde aparecen 21 empresas, por 4.048.708 de pesos.
Este martes, los asesores legales de ATER tendrán que concurrir al despacho de la jueza Barbagelata para entregar la documentación faltante, con el detalle de las 65 firmas que formaron parte del plan de desvío de dinero, entre el 1 de enero de 2012 -es decir, desde que se constituyó el nuevo organismo recaudador-, por lo cual no ingresaron a las arcas públicas un total de 17.088.251 de pesos. (...)".
Hay empresas que serán citadas al tribunal ubicadas en toda la provincia: farmacias, estaciones de servicio, corralones, proveedores agrícolas... La web Junio había informado sólo algunos nombres de las empresas complicadas en Concordia: Centro Eléctrico, la tarjeta de crédito Consumax (aunque en la denuncia aparece como Dilfer SA cuyo domicilio legal aparece en Ciudad de Buenos Aires y el comercial en Concordia), Cierto Argentina (sería de la misma empresa), Salud Mental Entre Ríos, una firma arrocera y un supermercado (inexplicablemente no mencionado en la denuncia penal), etc. etc.
En verdad, la estafa se perpetró desde 2007 en adelante, amparado en un apartado del Código Fiscal que permite a las empresas deudoras de impuestos, pero que a la vez son proveedoras del Estado, compensar deudas con acreencias, y así liquidar todo en 0.
El trámite es así: el contribuyente se presenta en la ATER y solicita el trámite adjuntando la factura adeudada por el Estado. El expediente pasa desde el organismo recaudador a la Contaduría General del Ministerio de Economía, donde confirman que el contribuyente efectivamente es acreedor por ser proveedor del Estado.
Una vez confirmado esto, el trámite continúa en Tesorería General que refrenda la operación: se confirma que el deudor impositivo es a la vez acreedor por ser proveedor del Estado, y las deudas por impuestos quedan así compensadas mediante un asiento contable.
Pero la operatoria había quedado viciada mediante la intervención de al menos 3 empleados de Rentas, quienes hacían figurar a empresas que no tenían ninguna relación con el Estado como proveedoras, y más aún, como acreedoras del fisco, que, así, podían cancelar deudas impositivas de modo fraudulento.
“Las empresas ni siquiera son proveedoras, no había deudas del Estado a su favor, sólo eran deudores y la operación se volvió burda y evidente”, dijo, asegurando que no le interesaba saber cómo se producía la relación entre el empleado y las empresas y cómo era la forma en que éstas agradecían a los empleados la quita de la deuda.
En la Justicia, el escándalo ya tiene expediente. La causa está caratulada “Casaretto Marcelo Pablo, director ejecutivo de ATER, su denuncia”, que había sido presentada por el titular del organismo ante la Fiscalía Nº 8, a cargo de la Dra. Laura Cattáneo. Y la jueza de Instrucción Marina Barbagelatta.
Este mensaje y la lista de suscriptores a quienes es enviado cumple con lo establecido en la la Ley Nº 25.326 Art. 27 Inc. 3 (Ley de "Habeas Data") de la República Argentina.
Copyright 2013 Urgente 24 | Todos los derechos reservados.
Dele clic para ampliar esta noticia http://noticiard.com/ con nosotros siempre estará comunicado y te enviamos las noticias desde que se producen, registra tu Email y estara más informado.
