21 Marzo 2014
Por
MANUEL FELIX RUBIO
Eddy olivares, miembro de la Junta Central Electoral
|
SANTO DOMINGO.- Es a tĆtulo personal y no
institucional, la decisión del presidente de la Junta Central Electoral
(JCE), Roberto Rosario, de no asistir a la Audiencia TemƔtica ante la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), expresó Eddy
Olivares, miembro del organismo.
Indicó que ni la carta de la CIDH, ni la que Rosario remitió como respuesta a la CancillerĆa, han sido notificadas a los miembros titulares y mucho menos conocidas por el Pleno.
“La inusual recomendación al Canciller en el sentido de que el Estado dominicano no acuda a la mencionada cita y la pasión con que ha sido tratado el tema, en contra de personas cuyas vidas han sido afectadas sensiblemente, por el solo hecho de ser descendientes de padres haitianos y haber sido inscritos en el Registro Civil, en la mayorĆa de los casos, con el documento de identidad que les proporcionaba el CEA, tampoco reflejan la posición de un órgano colegiado como la JCE”, acotó.
Recalcó que la JCE debe cumplir Ćŗnica y exclusivamente con el mandato de la “desacertada y problemĆ”tica sentencia del Tribunal Constitucional, en lo que le ha sido ordenado y no ser parte de una intransigencia que no le conviene a la Nación”.
A juicio de Olivares, el manejo del problema le corresponde ahora al Poder Ejecutivo, representado por el presidente de la República, Danilo Medina, quien representa la legitimidad del voto del pueblo, a quien irrazonablemente algunos funcionarios y miembros de los órganos constitucionales han tratado de boicotear en la búsqueda de una solución.
Indicó que ni la carta de la CIDH, ni la que Rosario remitió como respuesta a la CancillerĆa, han sido notificadas a los miembros titulares y mucho menos conocidas por el Pleno.
“La inusual recomendación al Canciller en el sentido de que el Estado dominicano no acuda a la mencionada cita y la pasión con que ha sido tratado el tema, en contra de personas cuyas vidas han sido afectadas sensiblemente, por el solo hecho de ser descendientes de padres haitianos y haber sido inscritos en el Registro Civil, en la mayorĆa de los casos, con el documento de identidad que les proporcionaba el CEA, tampoco reflejan la posición de un órgano colegiado como la JCE”, acotó.
Recalcó que la JCE debe cumplir Ćŗnica y exclusivamente con el mandato de la “desacertada y problemĆ”tica sentencia del Tribunal Constitucional, en lo que le ha sido ordenado y no ser parte de una intransigencia que no le conviene a la Nación”.
A juicio de Olivares, el manejo del problema le corresponde ahora al Poder Ejecutivo, representado por el presidente de la República, Danilo Medina, quien representa la legitimidad del voto del pueblo, a quien irrazonablemente algunos funcionarios y miembros de los órganos constitucionales han tratado de boicotear en la búsqueda de una solución.




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