A fines de mayo pasado estalló en la provincia de Entre Ríos un escándalo por escuchas telefónicas ilegales a periodistas y jueces. La denuncia fue realizada por un grupo de abogados penalistas de Paraná. El procurador general del Poder Judicial, Jorge García, resolvió que no hay denuncia y en tal caso corresponde investigar a la Justicia Federal. Luego instó a los abogados a radicar una denuncia en la Fiscalía de Turno y les aseguró el "apoyo logístico" del Ministerio Público Fiscal. Las interceptaciones de las comunicaciones se realizarían desde una oficina situada en pleno centro cívico de Paraná.
Escándalo en la tierra del gobernador Urribarri, que pretende ser candidato a Presidente en 2015 por el kirchnerismo.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Gravísima denuncia presentaron un grupo de abogados en Entre Ríos, tierra gobernada por el oficialista Sergio Urribarri, cuya Justicia quiere desligarse del tema y trasladarlo a la federal. Los letrados afirman que periodista y jueces provinciales son objeto de escuchas telefónicas ilegales por parte de una oficina instalada en las inmediaciones del centro cívico.
Todo comenzó el 28/05 pasado cuando el portal Página Judicial dio cuenta de la acción de Integrantes del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos que manifestaron ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) su preocupación sobre las posibles pinchaduras de sus teléfonos.
El procurador general de la provincia, Jorge Amílcar Luciano García, analizó el caso pero se desligó del tema opinando que esas cuestiones le corresponden a la Justicia Federal.
Según Página Judicial, los abogados indicaron que las interceptaciones de las comunicaciones se realizarían desde una oficina situada en pleno centro cívico. Para las mismas, se utilizarían equipos Gatewate y Ubiquiti. El primero –conocido como “puerta de enlace”– es un dispositivo configurado para que desde una computadora conectada a una red local se pueda acceder desde una red exterior. El segundo es un aparato que, con un software, permitiría interceptar llamadas conectándolo a una computadora portátil. En apariencia se lo usaría para brindar Internet.
Es en la capital provincial donde la Policía tiene instalados los equipos con los que se pueden desencriptar mensajes de texto, inclusive aquellos que han sido borrados.
Según la Ley 25.760 el único organismo que puede hacer intervenciones telefónicas judicialmente es la Secretaría de Inteligencias (SI), ex SIDE, mientras que en el ámbito provincial es la Policía.
En tanto, AIMDigital reporta que el procurador general del Poder Judicial de Entre Ríos, Jorge García, dijo que la “sospecha” sobre las pinchaduras telefónicas “reviste una gravedad inusitada” pero “no alcanza a la mínima concreción como para dar andamiento a una acción penal pública”. Así las cosas, instó a los abogados a radicar una denuncia en la Fiscalía de Turno y les prometió el “apoyo logístico” del ministerio Público Fiscal.
García considera que la nota remitida por los letrados no expresa claramente si son los firmantes los perjudicados por tal acción, García afirma que se trata de una “interceptación ilícita” en tanto “no existen, al menos en el ámbito de conocimiento certero del ministerio Público que en alguna causa penal en trámite se halla peticionado a la Magistratura de Instrucción que intervenga judicialmente el teléfono de algún colega”.
Este lunes (09/06), uno de los firmantes de la nota de los abogados, Rubén Pagliotto, pidió en declaraciones radiales en el programa A quien Corresponda que se emite por radio De la Plaza, que “la Justicia debería lanzarse a una investigación con la misma fuerza que a veces investiga cuestiones menores”.
El duro documento -cita Analisis Digital- asegura que “los actos de escucha telefónica para controlar a los abogados agravian al ejercicio de la profesión, al derecho constitucional de defensa, al pueblo en general, a la privacidad de los abogados y constituye un desmérito para el Poder Judicial en un Estado Constitucional de Derecho, por ser los abogados integrantes necesarios del sistema penal”.
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