¿Cuál corrupción?
El Departamento de Estado de EE. UU. tiró un
informe sobre el clima de inversión de R.D y otros 170 países. Ese clima no se refiere al calorazo, los ciclones o el polvo del Sahara, sino de cómo se sienten las empresas gringas que invierten aquí. Ya a esta altura no debería sorprenderte que quedamos mal parados.
¿Qué tan mal?
Muy mal. Los inversionistas tienen varias quejas. Algunas de ellas son: que les giran a la clara por el famoso «varón, sácame lo mío»; que el gobierno se retrasa con los pagos; que las leyes sobre tierras y expropiaciones son malas; y que todo toma demasiado tiempo, sobre todo la justicia, que, aunque es «independiente», no es confiable porque cualquier persona con mucho
power logra que algunos jueces decidan a su antojo. O sea, una corrupción generalizada.
¿Y no hubo algún cambio?
Sí, de Guatemala a Guatepeor. A pesar de que la economía no se fue a pique con todo y la primera temporada de la pandemia, dice el informe que nuestros indicadores de competitividad y transparencia empeoraron. El año que evaluaron fue el 2020, así que el nuevo gobierno tiene chance de
mejorar la percepción para los próximos años, si de verdad le mete caña a las reformas para mejorar esos indicadores, además de ponerle freno a la deuda pública y llevar los corruptos a la justicia.
Hablando de eso…
El informe menciona un
caso de corrupción pública en particular, que quizás recuerdes. Una pista: empezó en el 2017, y cogió otro sazón con un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de mediados del 2019 Otra pista: todavía no hay ni medio condenado.
¿Hablas de Odebrecht?
¡Bingo! Parece que el desenlace finalmente está llegando; al menos para los 6 acusados que quedan, de los 14 que la Procuraduría de Jean Alain metió en el expediente inicialmente. Después de un año de audiencias (y mucho baraje), el Ministerio Público empezó a presentar sus
conclusiones sobre el juicio de fondo. Seguirán
hoy y pasado mañana, y terminarán con sus solicitudes de condena antes de darle el chance a los imputados de hablar por última vez. Todo eso después será evaluado por los jueces antes de tomar una decisión. O sea, no esperes una sentencia antes de septiembre.
¿Algo nuevo ayer?
Lo mismo que ya se sabía, quizás con más detalles. A Ángel Rondón le sacaron todas las conexiones entre las empresas que supuestamente usaba para repartir los sobornos, con
video y todo. Y a Andrés Bautista le dijeron que no tiene cómo justificar una fortuna de más de
1000 millones, si lo que ganó en salarios entre el 2002 y el 2010 fue como 16 millones. Todavía queda pendiente Díaz Rúa.
Y ya que estamos…
El informe del ICIJ fue el que denunció que en las investigaciones y el expediente de la PGR faltaba gente, porque nunca se mencionó Punta Catalina y ellos encontraron sobornos por más de 39 millones de dólares, solo para esa obra.
En este momento eso no viene al caso, pero sí lo que dijo el ministro de Energía y Minas ayer sobre la planta: que en los próximos días, el gobierno tirará una licitación internacional para su
operación y mantenimiento. Es decir, seguirá siendo propiedad del Estado, pero la manejará una empresa privada (y extranjera) para que los cambios políticos no afecten su operación.
El mundo pos-COVID
Ya está aquí. El Senado francés aprobó la ley que regulará el uso de un «certificado
sanitario». Básicamente, eso será como una nueva cédula. Este pase o certificado sanitario surge para minimizar los riesgos de contaminación que implicaría la apertura económica del país y consiste en la presentación de una de las 3 pruebas sanitarias siguientes:
1) esquema de vacunación completo con una de las 4 vacunas reconocidas por la Agencia Europea de Medicamentos (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson). Y no, la Sinovac aún no es válida. 2) Prueba negativa de menos de 48 horas para entrar a grandes eventos y máximo 72 horas para el control sanitario en las fronteras. 3) El resultado de una PCR que certifique su recuperación del covid-19 mayor de 11 días y menor de 6 meses.
¿Para qué es que sirve el famoso certificado?
La diferencia entre este nuevo certificado y los que se venían usando en varios países es que será obligatorio para entrar a los lugares de ocio y culturales que reúnan más de 50 personas. Y a principios de agosto será obligatorio en los cafés, restaurantes, centros comerciales, hospitales, asilos, establecimientos médico-sociales, viajes en avión, trenes y autobuses de larga distancia.
¿Cómo se controlarán eso en la entrada?
Para esto se creó una aplicación llamada
TousAntiCovid verif o
TAC verif para escanear los códigos QR generados por los certificados sanitarios y verificar si es válido o lo falsificaron en un garage.
No se queda ahí
Macron anunció también que la vacuna será obligatoria para todas todos los que estén en contacto con personas frágiles (médicos, profesionales, voluntarios), habrá controles a partir del 15 de septiembre. Y se lo piensan coger bien en serio, porque las multas por hacerse el loco con eso van desde 135 euros hasta 6 meses de cárcel.
¿Quién es el próximo?
Ni idea, pero la realidad es que el mundo será cada vez más difícil para los no vacunados. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York y el estado de California obligarán a todos los profesores, policías y otros empleados públicos, a hacer
una de dos para poder trabajar: vacunarse, o hacerse dos pruebas a la semana. Esta es una de muchas medidas que tomarán los gringos para tratar de «retomar el control» de la pandemia. Otra es que decidieron no quitar las
restricciones de entrada a los viajeros de varios países, incluyendo a China, India, el Reino Unido y gran parte de Europa.
